domingo, febrero 12, 2012
Tentaciones golpistas : Julio Pimentel Ramírez
Tentaciones golpistas
Julio Pimentel Ramírez
Entre creciente número de ciudadanos, políticos, analistas, medios de comunicación, desde hace tiempo se denuncia que la estrategia de guerra contra algunos cárteles del narcotráfico instrumentada por el gobierno calderonista es un desastre sangriento, pues en 62 meses ha derivado en más de 60 mil ejecutados, 10 mil desaparecidos -sin olvidar innumerables víctimas de otros delitos del llamado crimen organizado-, además de dañar severamente el tejido social y debilitar a las instituciones del Estado.
Lo novedoso no es señalar que la estrategia de seguridad del ilegítimo Felipe Calderón no ha propiciado que los mexicanos vivan en paz, con tranquilidad y sin miedo, sino lo destacado radica en que el general Guillermo Galván, titular de la SEDENA, subraye que después de cinco años la seguridad interna está bajo grave amenaza y que en algunas regiones del país el Estado ha sido rebasado por las actividades del narcotráfico, lo que significa reconocer tácitamente el fracaso gubernamental en la lucha contra la delincuencia organizada.
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, advirtió que en las actuales circunstancias que vive el país es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada, ya que la interferencia de la delincuencia organizada en la seguridad y desarrollo de todos nos está generando intrincados momentos. El militar reconoció que el crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional.
El divisionario señaló que en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, despojando a la población de sus bienes y tranquilidad y generando un clima de violencia inusitado. Ante esas circunstancias, dijo, es evidente que en aquéllas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado.
El general reconoció algunos errores cometidos por el Ejército y dijo que los militares actúan con respeto a los derechos humanos, al tiempo que demandó reformas legales que les den garantías en su lucha contra el narcotráfico.
Hay que acotar que es creciente la denuncia de organizaciones sociales y de derechos humanos en el sentido de que militares violan sistemáticamente derechos constitucionales y humanos, al tiempo que exigen se haga efectiva la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fuero militar. No se trata de que se confíe en la justicia civil, que ha dado múltiples pruebas de corrupción y de utilizar criterios jurídicos que favorecen la impunidad, sino de que se sienten las bases de un sistema jurídico moderno y democrático en el que no valgan los fueros cómplices y protectores.
Lo verdaderamente preocupante es que las palabras del militar pueden tener varias lecturas, pues no se olvide que la disciplina castrense los condiciona a respetar y seguir las órdenes de quien en su momento se ostente como su “comandante en jefe”, así sea un personaje de escasos merecimientos y enormes frustraciones y complejos.
El estremecedor diagnóstico de Galván no modifica en lo mínimo la decisión de Calderón de continuar por el mismo sendero de muerte, poniendo como eje de su estrategia no atacar las causas del fenómeno criminal, de matriz múltiple como admite el titular de Sedena, sino reafirma la decisión de recurrir a la confrontación armada en contra de ciertos carteles de la droga.
El inquilino de Los Pinos deduce de los señalamientos castrenses que hay que endurecer la estrategia y militarizar –con más soldados y policías federales- los estados y regiones con mayores riesgos. La lista es extensa: Chihuahua, Sinaloa; Tamaulipas, Nuevo León; La Laguna, Durango y Coahuila; Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán, etc. Extenderlo a todo el país es solamente cuestión de tiempo y de crear ciertas condiciones de inestabilidad, social y política.
Los tiempos electorales avanzan, se acerca el momento de campañas abiertas. En ellas jugará un papel destacado el tema de la seguridad. Cada día adquiere más fuerza la opinión, vertida hace tiempo en POR ESTO!, de que en un esfuerzo desesperado por levantar a su candidata, que es la que mejor asegura continuidad e impunidad, el gobierno federal panista dará un fuerte golpe publicitario al capturar, o abatir, da lo mismo, a Joaquín “El Chapo” Guzmán. El capo favorito de las administraciones blanquiazules es prescindible, siempre habrá otro que ocupe su lugar.
Es más, una vertiente sombría, tal vez poco probable, consiste en que con base al diagnóstico de los generales, el ilegítimo Felipe Calderón y las fuerzas oscuras que lo dirigen y acompañen, alegando que amplias regiones de la República son inseguras y no son controladas por las autoridades, opten por cancelar las elecciones e impongan un régimen golpista. Solución extrema que a pocos conviene, pero que no debe de ser ignorada. El mejor antídoto contra ella es la participación activa y consciente de amplios sectores sociales con vocación democrática y de transformación social.
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