Déficit de empleo y costo social
En su mensaje semanal, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo ayer que de 1995 a la fecha el país acumula un déficit de 7 millones de plazas laborales, debido a la incapacidad de la economía nacional para generar empleos suficientes –por lo menos 800 mil– año tras año.
Los señalamientos hechos por la Coparmex en voz de su dirigente transitan en sentido contrario al optimismo, rayan en autocomplacencia, con que el gobierno federal ha difundido las cifras sobre creación de puestos de trabajo formales en 2010. Lo cierto es que ni siquiera los cerca de un millón 36 mil empleos que según la autoridad se generaron entre enero de 2007 y diciembre del año pasado son suficientes para compensar el rezago que el país arrastró en ese rubro durante el periodo referido por la organización empresarial –e incluso desde antes–, a consecuencia de los ciclos de crisis económicas y del crecimiento de la población en edad de trabajar, el llamado bono demográfico. Así, lo que en principio debía suponer una ventaja comparativa para el país respecto de otros –pues se cuenta con un sector mayoritario de la población en edad productiva– corre ahora el riesgo de convertirse en un “pagaré” –como señaló ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro–, como resultado de la falta de empleo, de la insuficiencia en el apoyo estatal a la educación, de la aniquilación de la industria, del empeño por privilegiar las actividades especulativas sobre las productivas y de otros fenómenos relacionados con la aplicación del modelo neoliberal en México.
A la insuficiencia de puestos de trabajo se suma la proliferación de empleos precarios y mal remunerados: según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el tercer trimestre del año pasado los trabajadores que ganaron entre uno y tres salarios mínimos (de mil 724 a 5 mil 172 pesos) representaron 57.6 por ciento de la población económicamente activa, es decir, 25.2 millones de personas. En contraste, el conjunto de trabajadores cuyos ingresos se ubicaron entre tres y cinco salarios mínimos se redujo en más de cien mil respecto de 2009, año de recesión económica.
Por desgracia, los efectos de la circunstancia descrita no se limitan al ámbito económico. Como reconoció la Secretaría de Seguridad Pública federal en declaraciones publicadas ayer en estas páginas, los rezagos en materia de empleo y bienestar, por un lado, y la inseguridad y la ruptura del estado de derecho, por otro, no son fenómenos aislados e independientes entre sí: existe, en cambio, una relación causal entre la “falta de empleo bien remunerado” y de oportunidades educativas y el incremento de la delincuencia. No parece inadecuado suponer, ante este panorama, que incluso si la administración actual pudiera contener y desarticular a los estamentos más peligrosos de la delincuencia organizada, la violencia y la criminalidad seguirán encontrando un caldo de cultivo idóneo para reproducirse en la medida en que no se ataquen sus causas originarias: la pobreza, la desigualdad, la desintegración familiar y social y, por supuesto, el desempleo.
La nación padece, desde hace mucho, los efectos devastadores de un modelo económico improcedente, y el desgaste que ello ha supuesto en la calidad de vida de personas, familias y comunidades confluye ahora con un crecimiento exponencial de la violencia y con una política de seguridad errada y contraproducente. A estas alturas debería ser evidente para las autoridades la necesidad, e incluso la urgencia, de rectificar el rumbo en esos ejes del quehacer gubernamental.
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