La cola
Jorge Lara Rivera
Parece que al escándalo desatado por el sinuoso origen del arma empleada para el asesinato del agente de Aduanas estadounidense Julián Zapata, que lleva a la fallida Operación “Rápido y Furioso” (o “Dejen pasar las armas”), le ha salido cola. Las complicaciones están más allá de las sonrisas, los apretones de manos, el intercambio de elogios y las bromas forzadas que cruzaron los mandatarios de ambos países en la reunión del 3 de marzo en la Casa Blanca.
Y es que, al carecer de la autorización del régimen mexicano, al que ni siquiera informó de su realización –a decir de los más altos funcionarios responsables de la conducción del país-, aquélla constituye una flagrante violación a la soberanía nacional y un acto de desestabilización deliberado. Esto a pesar de que el titular del Ejecutivo federal, con más pena que gloria, prefiera sin decoro comportarse como un lamesuelas al declarar, en medio de la negativa de su gobierno de haber autorizado o estar informado de ésa, que “México y Estados Unidos mantienen una relación constructiva e intensa”. Sobre todo cuando hasta el procurador general, legisladores y la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos califican de inaceptable su realización. Diputados del PRI, el PRD y el PT así lo consideran y demandan una investigación acuciosa y profunda del caso. De tal suerte, la Cámara de Diputados ha exigido explicaciones a los personeros del Ejecutivo, desde su Secretario de Gobernación, el artero Francisco Blake Mora, hasta el elusivo Director de Aduanas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y el imaginativo comodín de oficinas del Ejecutivo improvisado como vocerito de Seguridad Nacional Alejandro Poiré Romero.
Por su parte el inepto y faccioso Arturo Núñez Núñez, Procurador General de la República, presto a atender sólo las cosas partidistas dijo “no tener conocimiento del operativo” gringo en nuestro país ¡Lo puede creer! La cosa se pone tan seria que el Senado ha llamado a la opaca Canciller del régimen, Patricia Espinosa, e incluso al embajador mexicano Arturo Sarukhan para que rindan informes en torno al escándalo, sus alcances y consecuencias. Mientras tanto, coincidente, Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, examina la posibilidad de que el gobierno norteamericano haya incurrido con los actos de la Operación Rápido y Furioso en la configuración de un delito susceptible de una demanda mexicana en su contra ante Cortes Internacionales.
Jorge Lara Rivera
Parece que al escándalo desatado por el sinuoso origen del arma empleada para el asesinato del agente de Aduanas estadounidense Julián Zapata, que lleva a la fallida Operación “Rápido y Furioso” (o “Dejen pasar las armas”), le ha salido cola. Las complicaciones están más allá de las sonrisas, los apretones de manos, el intercambio de elogios y las bromas forzadas que cruzaron los mandatarios de ambos países en la reunión del 3 de marzo en la Casa Blanca.
Y es que, al carecer de la autorización del régimen mexicano, al que ni siquiera informó de su realización –a decir de los más altos funcionarios responsables de la conducción del país-, aquélla constituye una flagrante violación a la soberanía nacional y un acto de desestabilización deliberado. Esto a pesar de que el titular del Ejecutivo federal, con más pena que gloria, prefiera sin decoro comportarse como un lamesuelas al declarar, en medio de la negativa de su gobierno de haber autorizado o estar informado de ésa, que “México y Estados Unidos mantienen una relación constructiva e intensa”. Sobre todo cuando hasta el procurador general, legisladores y la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos califican de inaceptable su realización. Diputados del PRI, el PRD y el PT así lo consideran y demandan una investigación acuciosa y profunda del caso. De tal suerte, la Cámara de Diputados ha exigido explicaciones a los personeros del Ejecutivo, desde su Secretario de Gobernación, el artero Francisco Blake Mora, hasta el elusivo Director de Aduanas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y el imaginativo comodín de oficinas del Ejecutivo improvisado como vocerito de Seguridad Nacional Alejandro Poiré Romero.
Por su parte el inepto y faccioso Arturo Núñez Núñez, Procurador General de la República, presto a atender sólo las cosas partidistas dijo “no tener conocimiento del operativo” gringo en nuestro país ¡Lo puede creer! La cosa se pone tan seria que el Senado ha llamado a la opaca Canciller del régimen, Patricia Espinosa, e incluso al embajador mexicano Arturo Sarukhan para que rindan informes en torno al escándalo, sus alcances y consecuencias. Mientras tanto, coincidente, Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, examina la posibilidad de que el gobierno norteamericano haya incurrido con los actos de la Operación Rápido y Furioso en la configuración de un delito susceptible de una demanda mexicana en su contra ante Cortes Internacionales.
El régimen panista ha quedado descobijado en su entreguismo servil, no obstante lo que realmente lo tiene furioso es el tenor de las declaraciones del embajador gringo Carlos Pascual, quien al dar su parecer se refirió a la “caballada” de aspirantes presidenciales del PAN como “grises” y “débiles”, algo que ya evidencian sus “alianzas” con la izquierda mercenaria y que el propio jefe del Ejecutivo dejó entrever al solicitar a su partido “estar abierto y escoger al mejor candidato aunque no fuera panista”, que ha puesto intranquilos a especímenes de la calaña del cínico Santiago Creel Miranda, del sinvergüenza Alonso Lujambio Irazábal, el esquirol Javier Lozano Alarcón, y obligado a rebatirlo al impuesto dirigente panista Gustavo Madero Muñoz y al coordinador de la bancada de ese partido en el Senado, José González Morfín.
En contraste, sin necesidad de citaciones ni provocaciones, como mastines mansos ante sus amos, Paco Blake Mora (SEGOB), el impresentable Genaro García Luna (Srio. de Seguridad Pública Federal) y Arturito Núñez N. (PGR) comparecieron ante empresarios para explicar los ¿avances? de la guerra anti crimen, que la verdad no hace falta más que oír noticiarios para saber que va de mal en peor, pues mientras se exhumaban 9 cadáveres de una fosa clandestina en Cerro del Veladero, situado cerca de Acapulco, Gro., trascendió que la cabeza humana dejada frente a un colegio particular, ubicado a unas calles del boulevard Manuel Ávila Camacho, estaba en una manta que contenía amenazas contra Marisela Ortiz, la fundadora de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”. En Monterrey, NL, tras un enfrentamiento de pistoleros con policías donde 2 murieron y otros 2 fueron capturados, se reportó el secuestro de 6 agentes quienes fueron bajados de sus patrullas; en Jalisco 3 agentes de la Policía Federal Preventiva fueron emboscados, 1 murió. 6 vehículos fueron incendiados en distintos puntos del Estado de Nayarit. Y por ahí va el reguero sangriento. El IFE dice que “es necesario blindar los procesos electorales ante la actividad delicuencial” y tiene razón: hay que empezar pidiendo que renuncien a sus puestos los autodestapados Creel (pluri en el Senado), Emilio González Márquez (góber de Jal.), Lujambio (SEP) y Lozano (en Trabajo) y dejen de hacer campaña con cargo al erario; y evitar que Hacienda siga bolseando a los mexicanos (los aumentos de precio en cascada no sólo afectan a dueños de autos y transportistas) con gasolinazos como el de este sábado.
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