Otros tsunamis
Mientras el mundo se estremece con la noticia de un poderoso terremoto, de 8.9 grados en la escala Richter, con epicentro en Japón, que causó un devastador tsunami y de cuyas desastrosas consecuencias aún no es posible conocer sus dimensiones, en México somos testigos de la tragedia nacional debido no a un fenómeno natural sino a las acciones del pequeño grupo del poder económico y político que determina, hasta ahora, el destino del país.
En la República mexicana las oleadas de violencia, que tienen su epicentro en Los Pinos, sitio desde el que su ilegítimo inquilino obedece los designios de sus amos del Norte y persiste en su estrategia de guerra contra el narcotráfico, han cobrado la vida a más de 40 mil personas, dañado física y psicológicamente a muchos más así como al tejido social mismo, al tiempo que erosionan las instituciones estatales y socavan la soberanía nacional.
Al lado de este fenómeno social, una especie de tsunami de violencia cuyos efectos nocivos amenazan extenderse más allá del 2012, padecemos los mexicanos otras situaciones de serias consecuencias que suelen pasar inadvertidas ante nuestros ojos pero que son parte del mismo proceso de dominación neoliberal que somete al país desde hace tres décadas.
Más allá de cuestionar la metodología y criterios de Forbes para establecer su lista de multimillonarios que se adueñan de la mayor tajada de la riqueza mundial, es de llamar la atención que en México al lado de más de 60 millones de pobres destaca el hombre más rico del mundo –Carlos Slim, con 74 mil millones de dólares- y que once individuos concentran 125 mil millones de dólares, el 12 por ciento del Producto Interno Bruto.
Cabe señalar que los multimillonarios mexicanos, con Slim a la cabeza pero que también incluye, aunque muy atrás, a sus ahora rivales Azcárraga y Salinas, no heredaron la mayor parte de esas enormes fortunas sino que las acumularon en pocos años a partir de beneficios obtenidos a la sombra del poder estatal y su política económica privatizadora, que traslada riqueza social a manos de particulares. Como todos saben a mayores recursos económicos más influencia política, sobre todo si los funcionarios gubernamentales les son afines y no cumplen con su deber ante quienes los eligieron.
Al tiempo que legisladores se desgarran la investidura y protestan por la operación “Rápido y Furioso”, mediante la cual organismos de seguridad de Estados Unidos introdujeron cientos de armas de fuego a México, y la administración calderonista queda una vez más en evidencia al permitir estas intromisiones extranjeras que vulneran la soberanía nacional, el PRI se apresura y presenta reformas de orden fiscal y laboral.
Mientras los dirigentes del PRD se alían al PAN para contender en las elecciones del Estado de México el próximo mes de julio (con la mira puesta en repetir la fórmula en las federales del 2012, según advierte Andrés Manuel López Obrador), en otros terrenos se demuestra que las afinidades de fondo se presentan entre blanquiazules y tricolores.
El PRI presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el que se busca modernizar esa legislación, vigente desde 1970. Aunque en la exposición de motivos se asienta que el propósito de la reforma es generar más empleos sin alterar las conquistas y derechos de los trabajadores y sin vulnerar los principios plasmados en el artículo 123 de la Constitución, la propuesta priísta reviste aspectos sumamente ventajosos para los patrones y lesivos para los asalariados: entre otras cosas, abarata la mano de obra mediante la instauración de los contratos de prueba y la regulación de la subcontratación o outsourcing; facilita los despidos y prevé la notificación de éstos a las juntas de conciliación antes que a los propios empleados, restringe el derecho de huelga y mantiene intactos los mecanismos en que sustentan el control verticalista, opaco y mafioso del charrismo sindical.
Si se toma en cuenta que la iniciativa priísta tiene el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial es inevitable suponer que este proyecto de “reforma estructural” es producto de una negociación entre las corporaciones sindicales priístas y el organismo cúpula de los empresarios. Por lo pronto la iniciativa recibió los parabienes de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, quien destaca por sus posiciones en contra del sindicalismo, sobre todo del independiente, quien destacó que coincide en muchos puntos con la presentada por su partido. Así, se integran los aspectos más nocivos del neoliberalismo económico y del autoritarismo político.
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