EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Proselitismo e ilegalidad en las escuelasEl reparto de material proselitista por parte del Partido Nueva Alianza (Panal) en centros de enseñanza básica –de lo cual se da cuenta en esta edición– constituye una práctica que viola distintos ordenamientos en materia electoral y penal, y tendría, en consecuencia, que ser investigada, explicada y sancionada por las autoridades competentes.
Ciertamente no resulta sorprendente –aunque sí escandaloso y exasperante– que un liderazgo opaco y antidemocrático como el que ejerce Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y de su apéndice partidista (Panal), se vea envuelto en flagrantes violaciones a las reglas básicas de la transparencia y la democracia, como el reparto de la propaganda mencionada. En cambio, con la distribución de la misma en los centros de estudio, las autoridades educativas de los distintos niveles –empezando por el federal– quedan exhibidas en su responsabilidad por acciones u omisiones de diversa gravedad, que podrían ir desde la claudicación en funciones elementales de vigilancia y observancia de la legalidad en las escuelas, hasta la complicidad con quienes violan la ley, y es que resulta difícil imaginar que acciones como las comentadas puedan llevarse a cabo sin el conocimiento y la aceptación, cuando menos tácita, de las secretarías de Educación estatales y de la propia dependencia federal.
Por añadidura, si bien es cierto que prácticas como las referidas son inaceptables, con independencia del instituto político que las lleve a cabo –y deben, en cualquier caso, ser sancionadas conforme a derecho–, en el caso del Panal el episodio tiene un telón de fondo ineludible: el intercambio de favores entre la candidatura, primero, y después la presidencia de Felipe Calderón y el liderazgo magisterial. Durante los pasados cuatro años, los buenos oficios políticos prestados por la cúpula sindical al oficialismo han sido pagados con cargos públicos, con dádivas extraordinarias a cargo del erario, con la virtual entrega a la camarilla gordillista del manejo del sistema de enseñanza pública y con medidas que, lejos de erradicar la corrupción, consolidan el control del actual liderazgo del SNTE sobre sus agremiados.
En la actualidad, este maridaje de intereses genera distorsiones graves, como la intromisión gubernamental indebida en la vida sindical y la operación de planes, programas de estudio y planteles educativos no en función de la calidad de la enseñanza, sino de intereses políticos mediatos e inmediatos, como queda de manifiesto con acciones de proselitismo electoral como las referidas.
Así pues, y en la medida en que no se esclarezcan y castiguen estas prácticas ilegales, la opinión pública tiene motivos suficientes para ver en ellas una continuidad del pago de facturas por los invaluables favores prestados por el gordillismo al régimen actual. De tal forma, a la implicación propiamente electoral del episodio –cuya atención es necesaria para evitar distorsiones mayúsculas en los procesos comiciales venideros, y que constituye una responsabilidad ineludible de las autoridades electorales de los distintos niveles–, se suma una dimensión de carácter político, y en la medida en que la administración federal no condene y persiga estas acciones, quedarán en entredicho su pretendido afán legalista y su supuesto compromiso con el estado de derecho.
Ciertamente no resulta sorprendente –aunque sí escandaloso y exasperante– que un liderazgo opaco y antidemocrático como el que ejerce Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y de su apéndice partidista (Panal), se vea envuelto en flagrantes violaciones a las reglas básicas de la transparencia y la democracia, como el reparto de la propaganda mencionada. En cambio, con la distribución de la misma en los centros de estudio, las autoridades educativas de los distintos niveles –empezando por el federal– quedan exhibidas en su responsabilidad por acciones u omisiones de diversa gravedad, que podrían ir desde la claudicación en funciones elementales de vigilancia y observancia de la legalidad en las escuelas, hasta la complicidad con quienes violan la ley, y es que resulta difícil imaginar que acciones como las comentadas puedan llevarse a cabo sin el conocimiento y la aceptación, cuando menos tácita, de las secretarías de Educación estatales y de la propia dependencia federal.
Por añadidura, si bien es cierto que prácticas como las referidas son inaceptables, con independencia del instituto político que las lleve a cabo –y deben, en cualquier caso, ser sancionadas conforme a derecho–, en el caso del Panal el episodio tiene un telón de fondo ineludible: el intercambio de favores entre la candidatura, primero, y después la presidencia de Felipe Calderón y el liderazgo magisterial. Durante los pasados cuatro años, los buenos oficios políticos prestados por la cúpula sindical al oficialismo han sido pagados con cargos públicos, con dádivas extraordinarias a cargo del erario, con la virtual entrega a la camarilla gordillista del manejo del sistema de enseñanza pública y con medidas que, lejos de erradicar la corrupción, consolidan el control del actual liderazgo del SNTE sobre sus agremiados.
En la actualidad, este maridaje de intereses genera distorsiones graves, como la intromisión gubernamental indebida en la vida sindical y la operación de planes, programas de estudio y planteles educativos no en función de la calidad de la enseñanza, sino de intereses políticos mediatos e inmediatos, como queda de manifiesto con acciones de proselitismo electoral como las referidas.
Así pues, y en la medida en que no se esclarezcan y castiguen estas prácticas ilegales, la opinión pública tiene motivos suficientes para ver en ellas una continuidad del pago de facturas por los invaluables favores prestados por el gordillismo al régimen actual. De tal forma, a la implicación propiamente electoral del episodio –cuya atención es necesaria para evitar distorsiones mayúsculas en los procesos comiciales venideros, y que constituye una responsabilidad ineludible de las autoridades electorales de los distintos niveles–, se suma una dimensión de carácter político, y en la medida en que la administración federal no condene y persiga estas acciones, quedarán en entredicho su pretendido afán legalista y su supuesto compromiso con el estado de derecho.
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