Antonio Gershenson : Un caso de mayor privatización eléctrica

Un caso de mayor privatización eléctrica
Antonio Gershenson

En el artículo 27 de la Constitución se dice que Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.”

Al modificar la ley reglamentaria, en tiempos de Salinas, se violó este párrafo constitucional. Se dijo, en el artículo tercero, que “no se considera servicio público:

“I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;

“II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;

“III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción;

“IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios.”


Empezamos por el párrafo II, de los “productores independientes”. Como le venden electricidad a la CFE, y ésta la vende como servicio público, pues ya contradicen la Constitución, en vez de reglamentarla. Con esto se viola el primer “exclusivo”, la generación.

Pero ahora se viola otro. La empresa trasnacional Sempra Energy les vende electricidad que generó en México a empresas privadas, en Mexicali, como Bimbo y Jumex. Traslada su electricidad a Estados Unidos para su venta allá, pero también regresa, importa, una parte, para vendérsela a empresas como Bimbo y Jumex.

Se encubren estas operaciones diciendo que uno sólo exportó (párrafo tercero del artículo tercero de la ley) y el otro sólo importaría (párrafo cuarto). Pero esto es poner la ley reglamentaria por encima de la Constitución, pues en realidad es una sola operación, con la misma electricidad. Y se viola el tercer “exclusivo”, distribuir. Y claro, se sigue violando la exclusividad de la generación para prestar el servicio público.

Sempra ha cometido, además, numerosas violaciones a las leyes, lo mismo que los funcionarios que la han apoyado en todo. En este diario se han publicado varios de estos hechos.

Sempra empezó a instalar en la playa Costa Azul, en Ensenada, una planta para regasificar gas licuado, comprado al extranjero. Leyes y normas obligaban a Sempra a tener una zona de exclusión de mil hectáreas, y una de amortiguamiento de otras 3 mil. Se trataba de reducir daños a los vecinos y a la naturaleza.

Pero el dueño de un terreno importante en el área, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, no llegó a acuerdo económico con Sempra y no quiso vender. Autoridades y Sempra hicieron una verdadera estafa. Falsificaron la firma de una señora, ya muerta, que fue dueña del terreno antes, la cual supuestamente cedía el terreno. Hubo dólares para las mordidas necesarias a funcionarios. La policía desalojó al dueño y el proceso de Sempra siguió como si nada.

Sin embargo, cuando el juicio recorrió todo su camino, reconoció la propiedad al dueño real. Este dueño tuvo que irse a vivir a San Diego, ante las amenazas. Sin embargo, en el año 2010 Sempra tuvo que devolver el terreno al dueño, y el juicio también levantó los cargos que le habían hecho.

Sempra ya no cumplía los requisitos legales, pero, como siempre, el dinero lubricó a los funcionarios involucrados, y Sempra sigue como si nada. Cometiendo faltas como la mencionada al principio y otras.

Hace unos días se puso al descubierto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, entre otras cosas, que el gasoducto que tendió de su planta regasificadora a su planta generadora de electricidad en Mexicali fue con el recubrimiento del asfalto recién tendido para eso, del Boulevard 2000, en Ensenada. Esta obra se construyó con fondos federales.

Total que Sempra tiene todo un sistema eléctrico, que incluye violaciones a la Constitución por varios lados. Sin cumplir las normas, tiene una planta para regasificar gas licuado importado; tiene generación de electricidad en su planta; tiene transmisión del gas y de electricidad y vende electricidad a por lo menos dos empresas mexicanas.

Viola casi todo el texto de la Constitución que habíamos citado: “generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”.

Es correcto, como se acordó en el Congreso, que la Auditoría Superior de la Federación investigue violaciones a las leyes como estas.

antonio.gershenson@gmail.com