VIRGINIA GONZÁLEZ MELGAREJO : ¿Estado de Derecho?

¿Estado de Derecho?

VIRGINIA GONZÁLEZ MELGAREJO 

La separación de poderes es algo que se remonta a los tiempos de la Roma y Grecia antiguas, cuando se concibe la república; la idea es que habiendo poderes coexistentes se logre un armonía entre los mismos y se logre mesura y equilibrio en el uso del poder; así, quien ejerce el poder contará con un contrapeso que evite el abuso. En nuestro país desde la primera Constitución del 4 de octubre de 1824 en su artículo sexto dice: “se divide el supremo poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, todo esto a fin de proteger al ciudadano del poder arbitrario por parte de los gobernantes.
Pero qué sucede cuando de forma sistemática uno de esos poderes somete a otro a sus intereses facciosos y lo convierte en un golpeador constante de las fuerzas políticas que contrarias a las minorías que ejercen el poder en nuestro país. Tal es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), transformado en un instrumento que se usa indistintamente, ya sea para entrometerse en la vida interna de un partido político, como recientemente lo hizo con el Partido del Trabajo, al desconocer a su dirigencia nacional. En este caso, el propósito es muy claro: destruir, pareciera por consigna, a las fuerzas políticas que han apoyado el Proyecto Alternativo de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y los antecedentes valen. Recordemos la decisión histórica de este Tribunal al reconocer válida, a pesar de todas las irregularidades perfectamente documentadas, la elección de 2006, dejando al país divido y confrontado bajo un gobierno de facto que aún no ha logrado legitimarse; posteriormente se da la intromisión en el PRD, imponiendo también una dirigencia que ahora vemos caminar de la mano en algunos estados con Acción Nacional o todo lo sucedido en Iztapalapa y Juanito, que no fue sino consecuencia de una resolución, precisamente de ese Tribunal.
Y qué decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas resoluciones en casos cono la represión estudiantil de 1968 o en Acteal, Atenco, Oaxaca, Lidya Cacho, por citar algunos, sólo intentan garantizar la continuidad del régimen, criminalizan la protesta, validan el estado policiaco y le abren las puertas a la peligrosa ultraderecha que pareciera querer perpetuarse en el poder.
Por supuesto, la vocación injerencista del gobierno federal culmina recientemente, cuando en forma arbitraria desaparece LFC con el fin de destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas, primero desconociendo a su dirigencia legal y legítima y luego emprendiendo el proceso de privatización de la fibra óptica que era propiedad de la empresa.
Ante estos hechos, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de los máximos tribunales, cuyas decisiones son inatacables? Ahora que se pretende llevar a cabo una reforma del Estado valdría la pena que se revisará y corrigiera este vicio en el que han caído las instituciones que por ningún motivo deberían estar al servicio de poderes fácticos.