Impunidad y genocidio contra migrantes : Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero
Impunidad y genocidio contra migrantes

La verdadera guerra que se está librando en México tiene como víctimas fundamentales a los miembros de la población civil tanto nacional como extranjera que a diario es ofendida, masacrada y burlada, y que hasta ahora está empezando a encontrar su defensa y representación en la voz y en la conducta inquebrantable de verdaderos líderes sociales de todo el país, que han decidido apoyar a su comunidad y a los migrantes mexicanos y centroamericanos, enfrentándose a sus auténticos verdugos, principalmente los criminales de todas denominaciones que se han apoderado de muchos territorios nacionales, y a las autoridades, que magnifican la violencia y que nada resuelven a fondo, ya que sólo saben maquillar su ineptitud y su corrupción, pues no pueden ni quieren controlar a sus propias fuerzas, como acaba de ocurrir en Ciudad Juárez, donde violentaron brutalmente un centro de defensa de derechos humanos.
Esos verdaderos enemigos de los mexicanos ven a la sociedad indefensa y a las corrientes migratorias como una masa de borregos que debe “callar y obedecer”, y consideran también a cualquier disidencia u oposición a esa rendición incondicional como una rebeldía intolerable que debe ser aplastada, criminalizada o apabullada por la violencia o por la maquinaria mediática pagada y coludida con el poder.

Un caso paradigmático que ilustra esta confrontación entre la sociedad y el poder criminal y el político es el de la masacre y la victimización que se han venido dando en contra de decenas de miles de migrantes, tanto nacionales como centroamericanos, que han sido extorsionados, secuestrados y sacrificados a ciencia, conciencia y contubernio de los inspectores de migración, de los policías federales y locales y de todas las autoridades que saben y toleran esta conducta genocida, que sólo se ha empezado a tratar de contener, aunque sea de palabra, gracias a la conducta ejemplar del padre Alejandro Solalinde y otros sacerdotes y ciudadanos que desde hace años han venido defendiendo a diario a los migrantes, les han dado un techo y una protección, elevando su voz y enfrentándose al poder, increpando inclusive al secretario de Seguridad Pública federal, a las autoridades de la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales, que han permitido estos crímenes y que han solapado a sus subordinados, que a diario victiman a los migrantes, y en muchas ocasiones los entregan a sus cómplices del crimen organizado para que los masacren en la forma más brutal y despiadada.
Las pruebas más apabullantes de estos crímenes se han encontrado en las fosas colectivas en San Fernando, Tamaulipas, y en Durango, donde se han hallado los cadáveres de cientos de hombres y mujeres mexicanos y de países hermanos de Centroamérica, lo cual muestra el horror y la colusión en contra de seres humanos desprotegidos y abandonados, que en su afán de buscar un trabajo y un territorio donde sobrevivir son aniquilados, en una conducta que evidentemente puede encuadrarse en el genocidio, ya que son persecuciones y aniquilamientos de grupos humanos que por su nacionalidad, características raciales y ubicación social se convierten en víctimas masivas del delito de genocidio, tipificado en el artículo 149 Bis del Código Penal Federal mexicano, y en innumerables instrumentos normativos del derecho internacional.
Es inconcebible que frente a estos delitos federales, que son conocidos por todo mundo, desde la frontera del Suchiate hasta el Bravo, y que se cometen a la luz pública y frente a toda la comunidad, los “servicios de inteligencia del gobierno federal”, que son tan eficientes para el espionaje político, no hayan podido detectar en los últimos cuatro años estos crímenes que el padre Solalinde y otros luchadores sociales han venido denunciando, sobreponiéndose a los intentos gubernamentales de perseguirlos o de ignorarlos, y que gracias a esa perseverancia y a esa valentía encomiables han logrado exhibir la profundidad de este horror que la Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con sus decenas de miles de millones de pesos de inversiones, gastos y despilfarros, tan cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación, y del gran número de empleados especializados, no ha podido detectar, o no ha querido hacerlo, quizá porque el Instituto Nacional de Migración ha sido un botín político del partido en el poder.
En esta guerra en que la sociedad es la verdadera víctima, y en que muchos de sus verdugos siguen impunes e intocables, apenas se ha podido empezar a destapar la cloaca gracias a la defensa heroica que algunos miembros de la comunidad están llevando a cabo a través del movimiento cívico nacional en el que participa el padre Solalinde y el grupo de defensores de migrantes que están dando todas las batallas posibles para impedir que México se convierta en una dictadura violenta, militarizada e intolerante, que a su vez esté sometida a intereses que son absolutamente ajenos a las necesidades de nuestro pueblo.
Si esta insurgencia ciudadana logra prender en el ánimo y en el corazón de muchos mexicanos, ese será el único camino por el cual nuestro país pueda transitar hacia la justicia y hacia la defensa de cada uno de nosotros.
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Doctor en Derecho