Luis Hernández Navarro
Este 8 de mayo tomará las calles un vigoroso y naciente movimiento ciudadano contra la violencia y la militarización del país. Convocadas por el poeta Javier Sicilia, miles de personas darán vida a un movimiento inédito, genuino y vigoroso de rechazo explícito a la inseguridad pública, la impunidad y la fracasada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
La marcha de este 8 de mayo no tiene nada que ver con realizada en junio de 2004. La movilización de 2004 fue promovida por los grandes medios de comunicación electrónicos y por algunos periódicos. En nombre de la seguridad se convirtió, en los hechos, en una iniciativa para construir un polo social contra Andrés Manuel López Obrador. A las protestas le siguió el desafuero del jefe de Gobierno de la ciudad de México.
Las figuras visibles de la jornada de lucha de aquel entonces fueron personajes de la iniciativa privada víctimas de la inseguridad. Más allá de su legítimo dolor, muy pronto se convirtieron en interlocutores del gobierno federal en asuntos relacionados con la inseguridad pública. Con rapidez, su visión del mundo y su red de intereses terminaron convirtiéndolos en piezas funcionales de la estrategia gubernamental de turno.
El “¡Estamos hasta la madre!” de Javier Sicilia camina en otra dirección. Sin ambigüedad, cuestiona simultáneamente a los criminales y al gobierno. Apela a la indignación, no para cabildear con el poder, sino para movilizar a la sociedad. No cuenta con el padrinazgo de los grandes medios de comunicación electrónicos. Es la expresión más acabada del hartazgo ciudadano ante la violencia criminal y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
Como un río que a su paso se nutre de diversos afluentes, su ¡ya basta! confluye y retoma la trayectoria seguida en los últimos años por las kaminatas contra la muerte en Ciudad Juárez y Chihuahua; las protestas de los padres de familia de las víctimas de la guardería ABC en Sonora; la campaña “No más sangre”; la acción de los seguidores de Benjamín Le Baron –la figura carismática de la comunidad mormona, asesinado en Chihuahua– y las movilizaciones del sacerdote Alejandro Solalinde en favor de inmigrantes indocumentados.
Las kaminatas contra la muerte son acciones simultáneas que se realizan en Ciudad Juárez y en Chihuahua cada viernes por la tarde. Llaman a la organización y protestan contra la militarización. No están ni con los grupos de narcotraficantes ni con el Estado. Tan sólo hasta el pasado 12 de febrero se habían efectuado 30 de ellas. Apenas el 29 de octubre, la Policía Federal reprimió en Juárez una de esas manifestaciones y le disparó por la espalda al estudiante Darío Álvarez Orrantes.
Uno de los asistentes, el profesor Willivaldo Delgadillo, contó lo sucedido: “Yo estuve en esa marcha con mi hijo de 12 años. Lo llevé porque la Kaminata es un ejercicio ciudadano pacífico y necesario ante la debacle humanitaria que se vive aquí. No quiero que mi hijo se acostumbre a la violencia ni a la impunidad. Sin embargo, al final de la marcha llegaron los federales en tres pick-ups; eran aproximadamente 24 elementos. Dispararon por lo menos en cinco ocasiones, en dos tandas; el ataque fue deliberado. Unos minutos más tarde un helicóptero empezó a sobrevolar el campus universitario. Es evidente que se trata de una embestida contra la protesta social. El mundo debe saber que en Juárez la única guerra que hay es contra los jóvenes y contra los más vulnerables. La supuesta guerra contra el narcotráfico es tan sólo un buen negocio más del régimen. Aun así, hoy saldremos a marchar de nuevo”.
A raíz de esa agresión, grupos de estudiantes de educación superior de UNAM, UACM e IPN han efectuado movilizaciones en la ciudad de México para denunciar los sistemáticos crímenes contra estudiantes. Una de esas protestas, realizada en la UNAM, reunió a 7 mil estudiantes. Con veladoras encendidas dibujaron un mapa de México. De allí surgió la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia (Comecom).
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra es coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en Zona sur-Pacífico. Ha enfrentado un permanente acoso y agresiones directas tanto de autoridades locales como de grupos ligados al crimen organizado. Su “delito” es mantener abierto un albergue que ofrece techo y comida de manera temporal a los migrantes que viajan en ferrocarril rumbo al norte. En 2008, el alcalde de Ixtepec, 14 policías y tres decenas de personas amenazaron a Solalinde con prender fuego al albergue si no lo cerraba en 48 horas. En varias ocasiones ha estado preso.
En 2009, la comunidad mormona disidente de Le Baron, en Galeana, Chihuahua, se movilizó para exigir la libertad del joven Erick Le Baron, secuestrado por una banda criminal. Poco después, un comando fuertemente armado, con capuchas, cascos y chalecos, asesinó a Benjamín Le Baron y a su cuñado Luis Widmar. Bejamín era empresario, activista de su comunidad, organizador de una policía comunitaria, líder de su iglesia local y, en estos días de lucha, dirigente de la comunidad en lucha contra el crimen organizado. El gobierno nunca le dio protección.
Un parteaguas en este proceso de organización del descontento fue la campaña “No más sangre”, convocada el pasado 10 de enero por un grupo de caricaturistas encabezados por Eduardo del Río, Rius. Sumándose a su convocatoria, miles de personas han tomado las calles para protestar. El objetivo de la iniciativa, según el monero, es “hacerle ver al gobierno que estamos hasta la madre de vivir está situación de angustia y temor generalizado. Esperamos que la gente se una a esta campaña y deje de estar cruzada de brazos viendo a ver cuándo se le ocurre al gobierno parar esta absurda guerra que no está sirviendo para nada”.
Muchos de quienes marcharán este 8 de mayo piensan que multitud de homicidios perpetrados en los últimos años de “guerra contra el narcotráfico” fueron cometidos contra personas desarmadas, sin que se hubieran provocado riñas o enfrentamientos. No fueron asesinatos acaecidos por la lucha abierta entre cárteles de las drogas, ni provocados por el enfrentamiento del Ejército y las policías contra bandas del crimen organizado. Fueron crímenes cometidos en un país que vive en muchas regiones un estado de sitio no decretado, patrulladas día y noche por miles de efectivos policiacos y militares. Por eso exigen que se detenga ya la acción de las bandas criminales y la militarización del país.
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