Jorge Carrasco Araizaga
Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:
Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la ley electoral en 2009.
El y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.
El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.
En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.
Tanto en sus acciones como en sus omisiones, el gobierno funciona sin control alguno.
El país vive una época de dilución institucional como nunca antes desde el siglo XIX.
Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.
A Felipe Calderón le aguarda un proceso judicial para cuando abandone la presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución Política durante el proceso electoral del año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Publica, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente, podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Extracto de la entrevista que se publica en la edición 1803 de la revista Proceso, ya en circulación.
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