Sabina Berman
MÉXICO, D.F., 2 de mayo.- Por fin el presidente se ha dado por enterado. Reconoció recién esta semana que hay un consenso en el país: El Ejército no debe estar en las calles. “Hay una presión enorme, enorme para que no esté en las calles”, declaró Felipe Calderón.
Lo que preocupa de la admisión del presidente es que pudiera conducir a la conclusión directamente antípoda: Luego de que nada se ha ganado en esta guerra, el Ejército debe retirarse admitiendo la derrota del Estado mexicano ante el crimen.
Tal vez es más productivo enunciar el llamado de la sociedad civil de forma más compleja: El Ejército debiera ser retirado de las calles, pero no para declararse vencido, sino para adquirir funciones de Ejército.
Porque por lo pronto el Ejército ha sido sacado a las calles con una mano amarrada a la espalda: a cumplir funciones de policías, con restricciones de policías que se mueven entre la población civil, pero el Ejército pudiera y debiera emprender la guerra contra el crimen como lo que es, una fuerza militar entrenada y equipada para la confrontación directa y extraordinariamente violenta.
Si se cuadricula al territorio nacional. Si se delimita claramente qué zonas han dejado de estar regidas por el Estado legal y son regidas por el crimen. Si esas regiones se aíslan y se sellan. Si se evacúa a la población desarmada. Si en esas regiones selladas se declara el estado de excepción, ni más ni menos que la suspensión de garantías individuales, que permite el artículo 29 de la Constitución, para zonas donde se ha alterado gravemente el orden. “Entonces el Ejército podría entrar a ellas con todo su poder. Por aire, por tierra y por mar”. Con aviones y helicópteros, tanques y buques. “Para no dejar sin voltear una sola roca”.
Los entrecomillados son palabras del general de División Luis Garfias, las otras mi síntesis de su planteamiento.
Sigue el general Garfias: “Hablamos de un 40% del territorio nacional” donde el Estado ya no gobierna. Un 40% que se está desbordando.
Si esta es una guerra, implica el general Garfias, que lo sea. Que el presidente y el Congreso se atrevan a tomar las medidas para que lo sea. Una guerra territorialmente limitada y con condiciones para que logre su cometido con rapidez. “Según los órganos militares duraría semanas o meses”, aclara el general Garfias. No años.
Otra función crucial que el Ejército debiera tener, depende de que por fin el presidente focalice el objetivo de esta guerra. Que renuncie a la guerra amplia contra el crimen y el tráfico de drogas de todo México, y decida restringir el objetivo al de la seguridad de la población civil.
La seguridad de la población civil no se define por el exterminio de los maleantes, ni siquiera por la disminución drástica de personas que se dedican a actividades ilícitas. Se define por el abatimiento dramático de los crímenes que directamente destruyen las vidas de los civiles. El robo, la extorsión, el secuestro y el homicidio.
Me lo confía otro general de División que me pide no revelar su nombre, dado el tamaño de lo que expresa: “Por mí que construyan los narcos un ducto que lleve directo la coca de Sinaloa a California. Si Estados Unidos no hace la guerra contra los distribuidores de droga, ¿por qué nosotros la hacemos contra los que les transportan la droga a esos distribuidores felices? Lo que debe importarnos es librar del crimen y del miedo a los mexicanos”.
Este segundo planteamiento no excluye al anterior del general Garfias, adecuado únicamente para reconquistar las zonas de donde el Estado ha sido expulsado. Este segundo planteamiento sería adecuado para el resto del territorio y prevé un cuerpo armado de élite, con una movilidad y capacidad de ataque extraordinarios. Un cuerpo de élite que no puede surgir a corto plazo más que del Ejército o la Marina.
Si los miembros de un cártel roban, extorsionan, secuestran o matan a un civil, este grupo reacciona atacando al cártel en una zona focalizada y con una intensidad feroz.
Definir el objetivo de la guerra como la seguridad de los civiles tiene beneficios puntuales. Permite a los civiles aceptar esta guerra como su guerra. Alienta a los capos a replegar las actividades de sus tropas, a contenerlas, a controlarlas, como lo hacen desde hace tiempo del otro lado de nuestra frontera norte. Permite al Ejército elegir los territorios del enfrentamiento, para su ventaja y el de los civiles. Y por último, da un criterio objetivo para algún día dar por ganada la guerra.
¿Quién decidió esta guerra y cómo librarla, el presidente o los generales del Ejército Mexicano?
“El presidente”, responde lacónico el general Garfias.
Algunos militares piensan que es tiempo de que los militares decidan cómo hacer la guerra
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