Jorge Carrillo Olea
Un país democrático hace explícitos los costos de una guerra. No como un boletín más o menos amañado, sino como un examen cauteloso de las comisiones conjuntas de Defensa de su Congreso que producen el dictamen correspondiente al pleno.
También es cierto, como en el caso de Estados Unidos, que ciertos gastos confidenciales, que siempre los hay y siempre los habrá, se diluyen en los enormes presupuestos del Pentágono, pero que conocen de manera confidencial las mencionadas comisiones o se pierden transitoriamente en operaciones francamente reprobables, políticamente hablando. El caso Irán-contras tan fue así que puso a Ronald Reagan en el asador por meses y con riesgo de perder la presidencia.
Los excedentes de la compra/venta de armas a Irán produjeron una gran suma de dinero que fue negociada por el teniente coronel Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y destinada a la subversión nica llamada contra. North finalmente fue dejado colgado de la brocha por Reagan y después de pasar las de Caín, terminó de comentarista de la cadena Fox News.
Pero todo eso es muy sofisticado. En México, de nuestra guerra pocos saben poco. Al Congreso sencillamente ni le informan ni le interesa. Obviamente saben de esos costos el Presidente, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, y en sus partes los secretarios de Defensa (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública federal (SSP) y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Son miles de millones.
Según reveló Cordero en Washington, son más de 200 mil millones de pesos, suma mayor al gasto en educación preparatoria y universitaria públicas de todo el país. Eso es todo lo que se supo, y eso por ser desde Washington. El pueblo, que es el tributante, no merece saber más.
El gasto proporcionalmente más alto corresponde a Marina por la evidente necesidad de convertir sus elementos humanos y materiales destinados a otras misiones a combatir en tierra como infantes de Marina. Básicamente fueron el formar y readiestrar efectivos humanos, adquisición en grandes proporciones de vehículos terrestres y obviamente armamento, comunicaciones, vestuario y equipo individual, y la expansión en tierra de servicios logísticos de apoyo. Eso es gasto de inversión. Súmese el gasto corriente para quizá más de 5 mil hombres: alimentos, servicios sanitarios, municiones, armamento de reposición, combustibles y lubricantes, vestuario, mantenimiento aéreo y automotriz, etcétera.
Por parte del Ejército y la Policía Federal los números son terriblemente mayores, en proporción a los efectivos comprometidos, pero los rubros son semejantes. Destacarán en las tres fuerzas comprometidas, más PGR, la masiva compra de vehículos tipo pick-up de doble cabina, decenas de cientos de ellos, a costos generales de 450 mil pesos por unidad. Agregar a esto la compra por el momento de 10 helicópteros Eurocopter Cougar al discreto precio de 60 millones de dólares por unidad.
La guerra contra el narcotráfico está consumiendo recursos muy importantes. Esta guerra, como toda guerra, está costando mucho. El Ejecutivo está dedicando cada vez más recursos a ella, a la que, según los especialistas nacionales y extranjeros, no se ve el fin.
De cuatro dependencias que están concentradas exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico –Sedena, Semar, SSP y la PGR– su presupuesto en conjunto se ha visto incrementado en casi 60 por ciento en la presente administración. Destaca de manera significativa el presupuesto de la SSP, que se ha incrementado 140 por ciento. El presupuesto de la Sedena pasó de 32 mil 200 millones de pesos en 2007, a 34 mil 861 millones en 2008 y a 43 mil 623 millones en 2009.
La Semar pasó de 10 mil 951 millones de pesos en 2007, a 13 mil 382 millones en 2008 y a 16 mil 59 millones en 2009. La SSP pasó de 13 mil 664 millones de pesos en 2007, a 19 mil 711 millones en 2008 y a 32 mil 916 millones en 2009. Y el presupuesto de la PGR, pasó de 9 mil 216 millones en 2007, a 9 mil 307 millones en 2008 y a 12 mil 309 millones en 2009. Es muy válido hacer notar que esos números son sólo hasta hace prácticamente dos años.
Mientras no haya un informe oficial, todas las anteriores cifras tienen como origen el examen de los presupuestos, declaraciones de funcionarios, otras publicaciones y demás. Dadas esas enormes sumas, eran de esperarse, por el bien del gobierno, anuncios sobre reasignaciones presupuestales con sus debidas explicaciones. Con sonrisas que le son características, el secretario Cordero explicó a manera de justificación: “Ha aumentado la recaudación tributaria en 1.4 por ciento del PIB, que equivale a 190 mil millones de pesos”. Pues como no hay nada de importancia adicional en qué gastar, entonces ¡que viva la Pepa!
Urge transparentar el gasto, pues subsiste la duda, fundada en antecedentes, sobre la constante falta de escrúpulo en el manejo de esos caudales. Desde la antigüedad tras los ejércitos marchaban los mercaderes, aprovisionadores, contrabandistas, intermediarios de casi todo. Hoy es igual. Es el caso del Pentágono, donde sus grandes proveedores son terriblemente manipuladores de las decisiones oficiales hacia sus propios intereses. Es la poderosa industria militar estadunidense y son los senadores y congresistas quienes allá operan con toda naturalidad coyoteando (lobbying) en favor de las firmas de su conveniencia.
Aquí somos más elementales. Seguimos pasando la charola. Quienes conocen la realidad son los proveedores y contratistas mexicanos y extranjeros, principalmente estadunidenses, franceses y españoles. El Presidente convive socialmente con ellos de manera casi cotidiana, sabe qué representan, también sabe que ellos nunca hablarán y sabe también que él nada insinuará.
Ya la plaga de la guerra presidencial es suficiente para agobiar en lo moral y material al pueblo. No encima de la guerra habremos de afrontar con mucha vergüenza y ya mínima capacidad de admitir nada, el saber que la tal guerra pudo costar la mitad.
¿Habrá que esperar a que surja el escándalo al develarse la corrupción para ver cómo se afronta esa tempestad? ¿No sería mínimamente sensato corregir y sancionar lo necesario antes de que todo caiga encima de Calderón? Hay tal hartazgo que surgen las imputaciones por doquier. La forma más tonta de querer verle la cara al pueblo sería tratar de explicar que dicha información es de seguridad nacional. ¿Se atreverían?
hienca@prodigy.net.mx
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