EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Luego de que salieron a la luz pública las denuncias interpuestas en contra de agentes por su presunta complicidad en el secuestro de migrantes nacionales y extranjeros –quienes posteriormente fueron entregados a bandas del crimen organizado–, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció ayer, en un comunicado, la destitución de sus delegados regionales en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo. De acuerdo con el boletín citado, la medida forma parte de un proceso de depuración” del organismo y se complementará con el reforzamiento de los controles de confianza aplicados al personal del instituto. Cabe recordar que un día antes el comisionado del INM, Salvador Beltrán, había informado que mil 200 de los 5 mil 400 funcionarios de esa institución han sido sometidos a nuevos exámenes de confianza; que 200 agentes migratorios fueron separados de sus cargos y que unos 40 de éstos serán procesados por la vía penal.
Estas remociones deben ser cotejadas con los secuestros masivos de migrantes, un fenómeno tan extendido que tan sólo entre abril y septiembre de 2010 han sido documentados cerca de 178 episodios por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales, según ese organismo, han derivado en la privación ilegal de la libertad de 11 mil 333 personas. Por añadidura, han de considerarse las palabras del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el sentido de que este cálculo podría ser conservador, habida cuenta de que “la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro”.
Aun sin proyectar las cifras mencionadas a los cuatro años transcurridos de la administración calderonista –con lo cual el número de secuestrados ascendería a más de 90 mil– resulta por demás improbable que la cifra referida por la CNDH haya podido ocurrir sin el conocimiento y la participación de un universo mucho mayor de funcionarios públicos que los ahora procesados: antes bien, resulta inevitable sospechar que los agentes denunciados recientemente son sólo la punta del iceberg de una descomposición institucional mucho más amplia y la expresión de un patrón de complicidad entre bandas delictivas y funcionarios del organismo.
Por lo demás, es obligado preguntarse, ante el reconocimiento oficial de la necesidad de una “depuración” en el INM, si medidas semejantes no tendrían que ser adoptadas en corporaciones policiales también señaladas por su participación en la cadena de atropellos y vejaciones en contra de migrantes.
En este contexto es relevante lo expresado en reiteradas ocasiones por el sacerdote Alejandro Solalinde y por las propias víctimas en el sentido de que varios agentes de la Policía Federal y de fuerzas estatales y municipales han estado involucrados en el secuestro de ciudadanos extranjeros e incluso de nacionales.
En suma, si es verdad que el gobierno comienza a demostrar –así sea en forma tardía– voluntad política para moralizar las corporaciones gubernamentales involucradas en el maltrato a migrantes, es necesario que las pesquisas y sanciones contra malos funcionarios del INM lleguen a sus últimas consecuencias y a todos los niveles, y que se amplíen a otras dependencias gubernamentales. De lo contrario, la sociedad no tendrá razones para ver en las destituciones ayer anunciadas algo más que una medida de control de daños del gobierno federal o, peor aún, un nuevo ardid publicitario de la actual administración.
INM: depuración e interrogantes
Luego de que salieron a la luz pública las denuncias interpuestas en contra de agentes por su presunta complicidad en el secuestro de migrantes nacionales y extranjeros –quienes posteriormente fueron entregados a bandas del crimen organizado–, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció ayer, en un comunicado, la destitución de sus delegados regionales en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo. De acuerdo con el boletín citado, la medida forma parte de un proceso de depuración” del organismo y se complementará con el reforzamiento de los controles de confianza aplicados al personal del instituto. Cabe recordar que un día antes el comisionado del INM, Salvador Beltrán, había informado que mil 200 de los 5 mil 400 funcionarios de esa institución han sido sometidos a nuevos exámenes de confianza; que 200 agentes migratorios fueron separados de sus cargos y que unos 40 de éstos serán procesados por la vía penal.
Estas remociones deben ser cotejadas con los secuestros masivos de migrantes, un fenómeno tan extendido que tan sólo entre abril y septiembre de 2010 han sido documentados cerca de 178 episodios por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales, según ese organismo, han derivado en la privación ilegal de la libertad de 11 mil 333 personas. Por añadidura, han de considerarse las palabras del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el sentido de que este cálculo podría ser conservador, habida cuenta de que “la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro”.
Aun sin proyectar las cifras mencionadas a los cuatro años transcurridos de la administración calderonista –con lo cual el número de secuestrados ascendería a más de 90 mil– resulta por demás improbable que la cifra referida por la CNDH haya podido ocurrir sin el conocimiento y la participación de un universo mucho mayor de funcionarios públicos que los ahora procesados: antes bien, resulta inevitable sospechar que los agentes denunciados recientemente son sólo la punta del iceberg de una descomposición institucional mucho más amplia y la expresión de un patrón de complicidad entre bandas delictivas y funcionarios del organismo.
Por lo demás, es obligado preguntarse, ante el reconocimiento oficial de la necesidad de una “depuración” en el INM, si medidas semejantes no tendrían que ser adoptadas en corporaciones policiales también señaladas por su participación en la cadena de atropellos y vejaciones en contra de migrantes.
En este contexto es relevante lo expresado en reiteradas ocasiones por el sacerdote Alejandro Solalinde y por las propias víctimas en el sentido de que varios agentes de la Policía Federal y de fuerzas estatales y municipales han estado involucrados en el secuestro de ciudadanos extranjeros e incluso de nacionales.
En suma, si es verdad que el gobierno comienza a demostrar –así sea en forma tardía– voluntad política para moralizar las corporaciones gubernamentales involucradas en el maltrato a migrantes, es necesario que las pesquisas y sanciones contra malos funcionarios del INM lleguen a sus últimas consecuencias y a todos los niveles, y que se amplíen a otras dependencias gubernamentales. De lo contrario, la sociedad no tendrá razones para ver en las destituciones ayer anunciadas algo más que una medida de control de daños del gobierno federal o, peor aún, un nuevo ardid publicitario de la actual administración.
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