Alejandro Encinas Rodríguez
El derecho a la resistencia
Este fin de semana miles de ciudadanos en el país se sumaron al llamado del poeta Javier Sicilia y a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, manifestando su solidaridad y exigencia para que el Estado cumpla con su responsabilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, asumiendo que la solución a la violencia no puede darse desde la militarización y la conformación de un Estado policiaco, sino a partir de la reconstrucción del deteriorado tejido social en nuestro país.
La marcha y las acciones que la han precedido representan un cuestionamiento contundente a la errática política oficial instrumentada hasta ahora y es una clara expresión de la vigencia del derecho de los ciudadanos a la resistencia, ante la indiferencia y la incompetencia de políticos y autoridades, que pretenden eludir su responsabilidad, cuestionando el llamado de los ciudadanos, muchos de ellos víctimas de la inseguridad, al acusarlos de que al cuestionar las acciones del Estado se distrae el daño social y la responsabilidad de quienes delinquen.
De ahí la relevancia de estas manifestaciones cívicas, que mantienen la exigencia de un Estado democrático frente al intento de establecer un Estado de excepción, al cobijo del clima de zozobra y el derramamiento inútil de sangre.
El derecho a la resistencia ante la autoridad es una forma legítima de defensa de los ciudadanos frente a las omisiones o el abuso de poder. Este derecho se consagra en el artículo 39 de nuestra Constitución que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Este precepto constitucional se refiere además —más allá de la interpretación del derecho a la rebelión—, a un sentimiento de libertad que forma el espíritu de los hombres y que sirve de herramienta de los débiles frente a los poderosos y que recuerda a los políticos que el pueblo es el origen del poder público y fuente de su legitimidad.
Sin duda, Javier Sicilia encarna la voz de millones de ciudadanos hartos de “la clase política, de los poderes fácticos y de los siniestros monopolios y jerarquías” de un gobierno que desoye y se olvida de su función principal: generar condiciones económicas, políticas y sociales para el progreso y el pleno desarrollo.
No es sólo la muerte de cerca de 40 mil personas, muchos de ellas mujeres, jóvenes y niños inocentes, y alrededor de 230 mil personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia. Es el incremento de la pobreza que lacera a cerca de la mitad de los mexicanos, cuyo incremento en el gobierno de Calderón se ocultó en las cifras oficiales y que en el 2009 fue clasificada, como lo revelaron los cables de WikiLeaks, como información “políticamente delicada”, durante ese año electoral. Es también la indiferencia, la impunidad y corrupción de un Estado que juega a hacer la guerra y ve estadísticamente a las víctimas como daños colaterales y no como los ciudadanos a los que debe proteger.
Los ciudadanos que se han manifestado, afirman que no aceptarán más elecciones, mientras los partidos y los políticos no asumamos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ayude a “restaurar el amor, la paz la justicia y la dignidad” en México. Hacer oídos sordos y no atender oportunamente este llamado, conducirá a un mayor deterioro de las instituciones del Estado, de los partidos y de la profundamente cuestionada clase política. Pero también a la tentación de los omisos por mantener una estrategia que pretende conservar el poder, en vez de atender el legítimo reclamo de una sociedad cada día más hundida en la frustración social y la desesperanza.
Aspirante del PRD a la gubernatura del Estado de México
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