Sequía en EU: ¿hambre en México?
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
La semana pasada se dio a conocer, en un documento de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que la sequía que
afecta a 75 por ciento del territorio estadunidense con cultivos de maíz y soya
causó, en junio y julio pasados, alzas hasta de 30 por ciento en los precios
internacionales de esos productos. El incremento, según el Boletín Trimestral
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, podría ser parcialmente contrarrestado
con el aumento de la producción cerealera sudamericana. Sin embargo, Raúl
Benítez, representante regional del organismo internacional, advirtió que “este
nuevo nivel de precios representa –en el corto plazo– un desafío adicional para
aquellos países importadores netos de estos granos y de soya, en especial
aquellos cuyas importaciones dependen de Estados Unidos, como México, los
países centroamericanos y caribeños”.
A lo anterior debe agregarse el dato de que la FAO redujo
hace unos días su proyección para la producción mundial de arroz, debido,
principalmente, a la relativa escasez de lluvias en Asia y los países insulares
del Pacífico.
En el panorama interno la sequía se ha traducido también
en una caída de la producción nacional, por lo que el país se verá obligado a
incrementar sus importaciones de alimentos, según lo reconoció en mayo pasado
el subsecretario de Agricultura Mariano Ruiz.
Los fenómenos referidos podrían traducirse, si las
autoridades correspondientes no toman medidas ágiles y adecuadas, en un
encarecimiento brusco y severo, una perspectiva preocupante si se considera la
pronunciada inflación alimentaria por la que atraviesa el país: de acuerdo con
la misma fuente, ya en junio pasado la tasa respectiva superó 8 por ciento,
algo que no había ocurrido desde 2009.
En aquel año, ante la carestía de los alimentos, el
gobierno federal, en vez de emprender acciones para reactivar la menguada
producción agrícola,, optó por subsidiar a productores extranjeros y a
intermediarios a fin de abastecer el mercado interno.
Pero, incluso si volviera a ponerse en práctica una
decisión semejante, el acceso a alimentos básicos para el grueso de la
población dista mucho de estar garantizado. Si de por sí, más de 20 millones de
habitantes se encuentran en situación de pobreza alimentaria, una espiral de
aumentos en los precios llevaría a un agravamiento de esa intolerable
circunstancia, generada no sólo por la concentración de la riqueza
característica del modelo económico vigente sino también por el abandono del
campo por parte de las sucesivas administraciones desde 1982 a la fecha y por
la apertura comercial devastadora que ha venido teniendo lugar desde 1994. En
suma, el país se encuentra ante el riesgo de una hambruna.
Es claro que la política económica imperante debe ser
radicalmente modificada, y uno de los ámbitos en los que más urge el cambio de
paradigma es en las actividades agropecuarias, superando el extremado
pragmatismo cortoplacista que las ha caracterizado. Hay cultivos estratégicos
–como el maíz– que deben ser protegidos, como ocurre en Japón, la Unión Europea
y en la propia nación vecina, a fin de recuperar la independencia alimentaria,
perdida hace ya cosa de tres décadas. Asimismo, resulta fundamental emprender
la redignificación del campo y de la condición política, social y económica de
los campesinos.
Ésta es una de las reformas que realmente urgen en el
país y que deberá emprender a la brevedad la administración que inicie el
próximo 1 de diciembre. De otra manera no sólo habrá que convivir con la
amenaza de la hambruna sino, por consiguiente, de estallidos sociales de
consecuencias imprevisibles.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario