Sexenio luctuoso, no de
progreso
Guillermo Fabela
Quiñones
Apuntes
Si algo ha quedado bien claro en el actual sexenio es que la violencia no se
combate con más violencia. Las cifras dadas a conocer ayer por el Inegi, son
por demás ilustrativas de tal afirmación, ya que después de cinco años de
mantener a las fuerzas armadas en las calles, desempeñando labores policiacas,
el fenómeno sigue al alza. Según dicho instituto, en los últimos cinco años se
registraron más de 95 mil asesinatos en el país, y tan sólo en el 2011 se
documentaron 27 mil 199 homicidios, datos que demuestran el rotundo fracaso de
la principal política diseñada por el “gobierno” de Felipe Calderón.
Sin embargo, para la cúpula empresarial lo que hace falta es la promulgación de
una ley de seguridad nacional que otorgue certidumbre jurídica a la actuación
de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, como lo
señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo
Gutiérrez Candiani. Afirmó que “la crisis está vigente, muy lejos de ser prueba
superada. No es el momento de bajar la guardia, sería irresponsable”.
Puntualizó la necesidad de “perfeccionar la actual estrategia por medio de una
mayor coordinación de los distintos poderes”.
Ni una sola palabra sobre la responsabilidad que les compete a los miembros de
la clase empresarial, en la conformación de condiciones sociales que favorezcan
un Estado donde la violencia sea la excepción y no la regla. Es oportuno
recordar a uno de los empresarios mexicanos que más contribuyó al progreso no
sólo de Monterrey, sino del país, gracias a su visión humanista y democrática
de las relaciones laborales, don Eugenio Garza Sada. En la actualidad sería
considerado un “comunista” por su visión social, pues en vez de favorecer
métodos y sistemas para explotar inmisericordemente a sus miles de
trabajadores, ponía en práctica políticas que contribuyeran a su bienestar,
tales como viviendas subsidiadas, salarios justos, prestaciones superiores a
las del propio Estado.
Paradójicamente, la única violencia que hubo en esa época en la capital
regiomontana fue la que le costó la vida, pero por motivos políticos, no de la
profunda descomposición del tejido social que ahora vive la sociedad en su
conjunto. Paradoja que ahora se observa en la actualidad, tal como lo hizo
notar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: “Es paradójico
que es precisamente en las ciudades donde hay mayor presencia militar o
policíaca donde se mantienen los elevados niveles de violencia”.
Por su parte, la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
se refirió a que el actual “es un sexenio luctuoso que pasará a la historia por
generar la más grave crisis humanitaria que haya tenido el país después de la
Revolución”. Sin embargo, para la oligarquía lo primordial es que se promulgue
una ley de seguridad nacional que ponga a salvo sus negocios, no que corrija
las condiciones objetivas que propician la descomposición imperante, como lo
demuestran las declaraciones del dirigente del CCE.
Así lo patentiza el denodado interés en que se pongan en marcha las reformas
estructurales, sobre todo la laboral, la energética y la hacendaria, con las
cuales se agudizaría aún más la dramática realidad de violencia y
descomposición social que estamos viviendo. Podría asegurarse que el primero en
oponerse a éstas, si viviera, sería el empresario Garza Sada, pues se
contraponen al objetivo fundamental de favorecer un crecimiento económico
generalizado que a su vez propicie un desarrollo social sustentable y duradero,
la mejor solución a los dramáticos problemas de inseguridad y violencia que
estamos viviendo en el país.
Mientras la oligarquía no se solidarice con la sociedad nacional, y viva sólo
para acumular más ganancias y privilegios, la crisis tan grave que estamos
viviendo seguirá agravándose. Esto no lo entienden sus principales dirigentes,
motivo por el cual siguen empeñados en cerrar el paso a la democracia real en
el país, como se demostró en los comicios del primero de julio. Quieren seguir
por la misma ruta trazada por Calderón, de querer acabar con la violencia
mediante la violencia “legítima” del Estado, no con políticas públicas
orientadas a superar las causas estructurales de la crisis social que estamos
padeciendo desde hace tres décadas, mismas que se agudizaron en los últimos
seis años.
En vez de reformas estructurales de corte neoliberal, lo que urge implantar es
un modelo que combata a fondo las causas profundas de la crisis brutal que nos
está aniquilando como sociedad organizada. Pero desgraciadamente, tal objetivo
no parece estar en la agenda de la oligarquía, de ahí su decidido rechazo a la
democratización de la vida nacional, como lo patentiza su firme apoyo a Enrique
Peña Nieto. Luego se van a andar quejando de la terrible realidad nacional,
cuando son ellos los principales causantes de los graves problemas cuya única
salida es más violencia y más firme descomposición social.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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