MVS: parcialidad y extorsión
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Ayer, en conferencia de prensa, el presidente
de MVS, Joaquín Vargas, explicó los entretelones del rescate –es
decir, la negativa a refrendar la concesión– de la banda de 2.5 Ghz realizado
por el gobierno federal en perjuicio de la referida empresa de
telecomunicaciones. La narración de Vargas tiene visos de credibilidad, habida
cuenta de la abierta parcialidad con que la presente administración ha manejado
las concesiones para favorecer principalmente a Televisa, con lo cual no sólo
ha fortalecido las tendencias monopólicas en la economía, sino ha causado un
severo estancamiento en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
Como se recordará, el año pasado sometió a la
consideración de diversas instancias del gobierno federal un proyecto para
utilizar parte de la banda en disputa para aplicar una nueva tecnología de
banda ancha móvil que permitiría atender a más usuarios y a menor precio. Por
más que el proyecto recibió la aprobación de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco),
la administración calderonista lo rechazó sin ofrecer explicaciones. En
contraste, el gobierno federal ha conseguido durante casi seis años mantener
cerrado el mercado de la televisión, lo que ha favorecido al duopolio
imperante, y si ha abierto en alguna medida el de las telecomunicaciones ha
sido para para perjudicar a sus competidores. Un caso concreto es el de la
sistemática negativa para permitir a Telmex la realización de actividades
televisivas y las autorizaciones a Televisa y Tv Azteca para que operen
–incluso de manera conjunta, como ocurre con Iusacell– empresas de telefonía
móvil.
Las revelaciones del empresario se refieren
también a que las autoridades federales utilizaron sus atribuciones en materia
de telecomunicaciones para chantajear a MVS y forzarla a que tomara una
posición determinada en el diferendo que se suscitó entre ese corporativo y la
comunicadora Carmen Aristegui, quien había formulado al aire cuestionamientos
sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Vargas relató que fue
amenazado por Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo, en estos
términos: Hemos encontrado que tu proyecto de la (banda de) 2.5 Ghz tiene
méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu
proyecto se lo lleva la chingada.
Se exhibiría, de ser cierta esta versión, una
confluencia perversa de intereses políticos autoritarios e inconfesables con un
conjunto de complicidades entre el poder público y las corporaciones
empresariales que dominan el mercado de las telecomunicaciones.
Por lo demás, la narración de Vargas obliga a
recordar el testimonio del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado a
principios de este sexenio de poseer sustancias precursoras para fabricar
narcóticos y de cientos de millones de dólares en efectivo. Antes de escapar a
Estados Unidos, el imputado dijo que Lozano Alarcón lo había obligado a guardar
el dinero, que supuestamente correspondía a la campaña presidencial de Felipe
Calderón, y que lo había extorsionado con la expresión cooperas o cuello.
El asunto evoca también, de manera inevitable, el caso del empresario que dijo
haber entregado un vehículo de doble tracción al ex presidente Vicente Fox a
cambio del buen destino de un trámite, transacción que habría sido exigida por
la consorte del entonces mandatario. Ni en su momento ni hasta ahora se ha
desmentido tal señalamiento.
Desde otro punto de vista, las revelaciones
de Vargas llevan a preguntarse por los entretelones de la liquidación de Luz y
Fuerza del Centro (LFC), en la que también participó de manera central el ahora
senador electo por Puebla, así como la interminable agonía legal en que el
gobierno ha mantenido a la Compañía Mexicana de Aviación, proceso en el cual
también ha participado Lozano Alarcón.
En la recta final de esta administración, en
suma, empieza a verse un andamiaje de arbitrariedad, discrecionalidad y posible
ilegalidad que podría explicar decisiones en materia de telecomunicaciones que
hasta ahora habrían podido parecer simplemente absurdas e incongruentes. Tal
vez no lo sean tanto. El gobierno federal está en la obligación de ofrecer una
explicación puntual y exhaustiva a este respecto.
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