Laura Bolaños Cadena
Sin esperar a que vencieran las concesiones de banda ancha en televisión, lo que ocurriría en 2015 y 2020, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “rescata” la banda de 2.5 gigahercios llamada banda ancha, de manos de varias empresas. De éstas, 26 pertenecían a diez concesionarios y las otras 46 eran manejadas por MVS (Multivisión). Expertos en la materia calculan en 700 mil millones de pesos, 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el valor de la banda ancha.
¿Quién será el principal beneficiado del “rescate exprés”? En el contexto en que nos movemos, hasta la pregunta es necia. Está claro que quien se quedará con lo fundamental del negociote de la banda ancha, será Televisa. De paso, el gobierno prianista le propina un golpe al único medio de comunicación que le da voz a la periodista Carmen Aristegui, informadora bastante incómoda para el régimen. Aparte, y como un pequeñísimo regalito extra, ái pa’ los chescos, le cancelan a Salinas Pliego una multita de 305 mil 550 pesos por un negocito fraudulento cometido en 2003, que le generó al magnate una ganancia de 109 millones de dólares.
¿A qué viene la prisa de la SCT por “rescatar” la banda ancha antes de tiempo? Pues como todo el asunto, a favorecer al duopolio televisivo. El gobierno se adelanta a pagar favores. Con mayor razón en este caso, lo que prueba, por si hiciera falta, que Televisa y TV Azteca no están al servicio del gobierno de México; son parte de este gobierno.
Bastante trabajaron desde 2005 preparando el terreno a Enrique Peña Nieto, a quien con justicia, se considera hechura de la televisión. El fraude estaba en marcha desde esas fechas y el gobierno (PRIAN) debe pagar a las televisoras el gran favor que le brindaron con su apoyo.
Una de cal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marca los límites del fuero militar que, de acuerdo con el artículo 13 constitucional dice a la letra: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Por tanto determina que son de competencia de la autoridad civil los casos en que la víctima del atropello sea un ciudadano común.
Viene al caso por el asesinato del joven Jethro Ramsés Sánchez cometido por soldados del ejército mexicano en Cuernavaca, Morelos, en 2011, y cuyo juicio la autoridad castrense insistía en enviar al tribunal militar. Es una decisión histórica que pone fin al abusivo uso del fuero militar reservado para tiempos de guerra, y bajo el que se estaba protegiendo a los militares de los abusos que cometen contra civiles.
Por tradición cualquier soldado, por el simple hecho de portar uniforme, se ha sentido superior a los civiles. Utilizado –y no de ahora– como fuerza represiva, el ejército está habituado a cometer desmanes y abusos impunes contra civiles, en especial en el campo, donde es menos visible su actuación. Sobran testimonios y pruebas al respecto desde los años de la llamada “guerra sucia”, pero es una situación que viene de muy atrás.
La SCJN da un paso adelante con esta decisión, aunque dicen los expertos en leyes que aún debe repetirse en cuatro ocasiones más para que siente un precedente que volverá automática la interpretación de la ley sin necesidad de acudir a controversias.
Sustitutos para la arbitrariedad
En vista de que resultaba demasiado escandalosa la utilización del ejército para reprimir campesinos, y redunda en grave desprestigio para la institución, los gobiernos decidieron dejar las tareas represivas a grupos con disciplina y entrenamiento militar, pero sin uniforme. Me refiero a los paramilitares, que no son invento del gobierno mexicano, pero que se utilizan en México como fuerza organizada desde 1971. Entonces se llamaron Halcones.
Hoy, con nombres rimbombantes y fachada de organización campesina, como Paz y Justicia o Movimiento para la Unificación y Lucha Triqui, y cosas así, los paramilitares actúan con total prepotencia y libertad. La complicidad pasiva de los gobiernos es la constante, como ocurrió en Acteal y otros sitios, y hace poco en Oaxaca, donde mantuvieron sitiada una población por más de un mes y cometieron asesinatos hasta con miembros de una caravana humanitaria que pretendía hacer llegar víveres a los sitiados. Como sucede desde el año 2000 con el hostigamiento permanente a las comunidades del EZLN. Los gobernadores niegan la existencia de estos grupos, y cuando ya no pueden seguir haciéndose tontos, mandan policías a proteger a las víctimas en su huida del terreno en disputa dándoles el gane a los delincuentes, y además no emprenden investigación o persecución de los victimarios. En el campo estas fuerzas, ¿pagadas y entrenadas por quién?, obran con absoluta libertad. Hasta ahora no hay un solo detenido bajo la acusación de ser paramilitar, vamos, pero ni siquiera por equivocación.
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