Casa de citas
Por: Redacción de
www.sinembargo.mx
Las instituciones electorales en México están hoy más que nunca en la mira ciudadana. La pasividad con que tomaron los constantes reportes y denuncias de delitos electorales por parte de la sociedad civil y las denuncias de los partidos políticos por el rebase de los topes electorales durante la campaña presidencial de 90 días, es una bola de nieve que se está convirtiendo en avalancha debido a su postura de dejar hacer y dejar pasar. Los propios observadores nacionales e internacionales, que se registraron legalmente en el IFE, han denunciado en sus reportes sobre la elección presidencial del 1 de julio el uso y abuso del acarreo, la compra de votos por diversas vías, las amenazas y hasta la utilización de niños [los llamados “halconcitos”] por parte de la coalición PRI-PVEM para obligar a los ciudadanos a votar por su candidato. Además, las denuncias de ciudadanos de todo el país y movimientos de la sociedad civil, como es el caso de las que ayer entregó el #YoSoy132, también están debidamente documentadas. Todo está registrado y a estas alturas hay miles y miles de pruebas sobre la mesa.
La pregunta es: ¿Por qué la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuya titular es Imelda Calvillo Tello, no ha dicho nada? ¿Por qué no intervino durante la campaña? ¿Por qué no investigó en su momento sobre la comisión de delitos y los detuvo a tiempo? En teoría, la Fepade es una de las autoridades encargadas de “garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia”. Pero, por ejemplo, mientras que el escándalo de las tarjetas para comprar en Soriana que, se presume, el PRI entregó a ciudadanos de diversas ciudades del país a cambio de su voto para Enrique Peña Nieto, ya tomó una relevancia internacional, la señora no ha dicho pío. Tampoco se ha pronunciado, pese a las decenas de pruebas presentadas, sobre las acusaciones que vinculan a la empresa Monex en el depósito de 163 millones de pesos en tarjetas bancarias de representantes del PRI. Menos aún sobre el caso denunciado por ZETA en Baja California, donde un periodista infiltró una reunión del PRI e informó sobre la entrega de dinero a cambio del compromiso del voto por Peña Nieto. En una nota publicada el 2 de julio, el semanario reportó: “Ese día en que el reportero de ZETA atestiguó la entrega de billetes, se repartieron por persona de mil 500 hasta 2 mil 500 pesos. La mecánica era que la gente esperaba a escuchar su nombre de acuerdo a la sección electoral que le corresponde, acudía a la mesa, entregaba las copias de las credenciales de elector y recibía el pago en relucientes billetes de 500 pesos. Había tanto priistas como verde ecologistas. “Acudió un aproximado de dos mil personas. Si consideramos que en promedio a cada una se le entregaron 2 mil pesos, lo erogado por los hombres de la Ciudad de México, fueron 4 millones de pesos en efectivo. Enmaletados y en billetes de 500. “‘Escóndaselo, guárdeselo muy bien y diga que vino a una reunión’, fue la indicción a cada beneficiada. Y la obediencia se hizo realidad. Cada una de las señoras recogía celosamente sus billetitos. ‘No diga nada de dinero’, insistió el hombre que por cada beneficiado, sacaba las pacas de las maletas negras. “Algunos de los favorecidos informaron al reportero que eran jefes de manzana, y jefes de secciones distritales del PRI en el Distrito 6, y se les pagaba por el apoyo para llevar votos a los candidatos de ese partido, así como su participación en marchas, mítines y reuniones. Acarrear a los suyos y además conminarlos a votar el 1 de julio”. ¿Qué pasa entonces con la Fepade? ¿Por qué no reacciona ante nada? ¿Está esperando a que se legitime a Peña Nieto y en muchos meses más informará sobre lo sucio de la elección? En febrero pasado, cuando se informó que Calvillo Tello era la nueva titular de la Fepade y quien encabezaría la fiscalización de las quejas electorales, surgieron las primeras dudas, particularmente por lo que lo que el PRI, PRD y PT consideraron su “falta de experiencia en materia electoral”. Además se rumoró en la prensa que la remoción de José Luis Vargas Valdez, quien presidió esa fiscalía hasta el 13 de febrero pasado, se debió a que en varias entrevistas Vargas Valdez emitió posturas contrarias a las del gobierno federal en caso de la presunta intromisión del narco en las elecciones de Michoacán, lo cual molestó a la Procuraduría General de la República y, de acuerdo con diversas columnas periodísticas, también al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero. Calvillo, maestra en Derecho Procesal Penal, ocupó diversos cargos en la PGR durante los últimos 24 años; su responsabilidad previa fue como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. Antes fue delegada Estatal de la PGR en Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, y subdelegada de Procedimientos Penales y de Control de Procesos Penales y Amparo, así como agente del Ministerio Público de la Federación en diferentes delegaciones estatales. Por su currículum, no queda duda de su capacidad, aunque también se han publicado sobre ella irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que pueden encontrarse en diversos medios. Sin embargo, lo que nos ocupa ahora es su trabajo de los últimos cinco meses en la Fepade, y ese no la distingue. A estas alturas y luego de un proceso que ya es considerado por los observadores como el de las mayores irregularidades electorales en la historia de México, lo mínimo es que esa fiscalía ofreciera explicaciones a la sociedad mexicana y, además, se fajara los pantalones para entrar en acción.
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