Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
En la ceremonia conmemorativa del centenario de la fundación de la Escuela Libre de Derecho, Felipe Calderón afirmó que “cumplir y hacer cumplir la ley es un imperativo ético y constitucional. Esa ha sido y será siempre la guía de mi gobierno, hasta el último día de mi mandato”. Sin embargo, los hechos lo desmienten porque si algo caracterizó a la actual administración fue la violación sistemática de los preceptos constitucionales, a partir de que tomó posesión del cargo de jefe del Ejecutivo sin haber ganado limpiamente las elecciones.
Haber sacado de sus cuarteles a las fuerzas armadas para cumplir tareas policíacas, fue el inicio de una cadena de violaciones que tienen al Estado mexicano al borde de una crisis inmanejable, que lo será sin duda si el PRI se empeña en llegar a Los Pinos en contra de la voluntad popular. Que así fue, lo sabe la mayoría de la población que votó por Andrés Manuel López Obrador, misma que no se explica cómo fue posible revertir mágicamente una realidad que demostraba un triunfo inobjetable de la opción de izquierda, y que horas después se convertía en derrota.
Lo fue gracias a la complicidad entre Calderón y la dirigencia del PRI, que se demostró cuando éste reconoció de manera anticipada el “triunfo” de Enrique Peña Nieto, casi con las mismas palabras que usó Leonardo Valdés Zurita para festinar también la “victoria” del priísta. Se violentó la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, con lo que culminaba una larga cadena de violaciones al Estado de derecho, que podrían ser borradas una vez que Peña Nieto se cruzara en el pecho la banda presidencial. Hacerlo posible es una tarea que se han impuesto las autoridades electorales, con el firme apoyo de Calderón.
Con este intercambio de favores sería factible que se olvide, cuando menos en los anales del gobierno federal, la existencia de miles de muertos que no serán reconocidos y quedarán en el anonimato, debido a que Calderón vetó finalmente la Ley General de Víctimas, la última posibilidad que tenían los familiares de que se les hiciera justicia. Sin embargo, por otro lado quedarían testimonios evidentes del monstruoso número de víctimas de una violencia absurda que pudo haberse evitado, si en realidad Calderón hubiera aceptado adecuarse al marco constitucional. Si acaso hubiera puesto fin a la violencia, tendría sentido su “guerra”. Pero ya vimos que sucedió lo contrario, y así será seguramente hasta el final de su mandato.
Con todo, lo vivido hasta la fecha será una “luna de miel” comparado con lo que podría suceder en el país como consecuencia del arribo de Peña Nieto a Los Pinos. Si Calderón pretendió legitimarse poniendo al Ejército a ejercer tareas policíacas, el mexiquense haría lo propio, pero con otras modalidades. En vez de tropas de las fuerzas armadas, pondría a paramilitares extranjeros a dominar con el terror a la población mayoritaria que osara protestar por las medidas draconianas que pondría en marcha, con el fin de cumplir sus compromisos con la elite que lo patrocinó.
No podría ser de otra manera porque no se ganó limpiamente la elección. Los costos para el país por esta razón serían enormes, porque se actúa abiertamente contra los ordenamientos constitucionales, en razón del imperativo de imponerse a la sociedad sin importar los medios. Así fue en 1988, lo mismo en el 2006, como lo corroboran los hechos. No tendría porqué ser de otro modo a partir de diciembre de este año. Si no, para qué contrató Peña Nieto los servicios del general colombiano Óscar Naranjo, experto en reprimir a la población que lucha por cambios democráticos, con el pretexto de combatir a los narcotraficantes.
Si Calderón, como dice, se guiara por el imperativo de cumplir y hacer cumplir la ley, no hubiera intervenido en el proceso electoral para favorecer a Peña Nieto. ¿Cuándo se le vio combatir en serio la corrupción, flagelo que durante este sexenio se magnificó como nunca antes? ¿A qué horas, como afirma, “su santo y seña” fue la búsqueda de la seguridad, la justicia y el bien común? Si tal fue el principal objetivo durante su mandato, podemos asegurar que fracasó rotundamente, pues no se logró ninguna de las tres metas.
Pero eso no importaría si finalmente se sienta Peña Nieto en la silla presidencial. Así aseguraría Calderón la impunidad necesaria para disfrutar de privilegios jamás soñados. Pero se afianzaría una cadena de complicidades absolutamente nocivas para la nación, que obligarían a continuar violando las leyes para mantenerla vigente. De ahí la urgencia de que la sociedad se organice para evitar una imposición contraria a la ley. Por eso también es vital que AMLO siga con su firmeza para liderar un movimiento reivindicador impostergable.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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