Julio Hernández López
Astillero
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Historias narkafkianas
Policías: Coahuila, DF
El proceso de transferencia del Poder Ejecutivo federal
ha pretendido ser de terciopelo a pesar de que los dos concurrentes llevan
prendas muy ajadas y ríspidas. Para dar prueba formal de esa peculiar
concordancia operativa, el saliente y el entrante han participado en reuniones
con sus equipos para atender segmentos específicos de la función gubernamental.
La sesión de ayer, sin embargo, tuvo un desenlace público
desafortunado y preocupante. Luego de cuatro horas de reunión, el actual
ocupante de Los Pinos dio por cancelada una conferencia de prensa a la que
había convocado, supuestamente para informar de lo que en sesión privada se
hubiera tratado.
Una primera suposición razonable hace pensar en
desacuerdos en las alturas. Tal vez Calderón llamó a esa rueda de prensa como
si el poder le siguiera siendo absoluto, sin consultar al priísta que, en todo
caso, creyó conveniente no realizar tal sesión, en una prueba de que ya se
siente en pleno control del mando que formalmente aún no le pertenece.
Pero también podría estarse en presencia de diferendos
mayores. Más allá de la coincidencia electoral pactada para sacar adelante al
mexiquense, hoy están en el escenario nacional graves hechos relacionados con
la inseguridad pública frente a los cuales las posturas e intereses de EPN y de
Calderón parecen contraponerse con fuerza. También están en cartera los grandes
negocios del sexenio por venir, en especial el relacionado con los energéticos.
Haiga sido lo que haiga sido, en momentos de tanta
oscuridad y confusión es imprescindible un máximo cuidado de quienes ejercen a
cualquier título el poder, para no fomentar especulaciones ni dar pie a
lecturas equivocadas.
El priísta que gobierna Chihuahua es César Duarte Jáquez.
Y el motivo de su máximo orgullo político es que, según reporta con
insistencia, ha disminuido notablemente el índice delictivo en aquella norteña
entidad. Las estadísticas alegres suelen toparse con impugnaciones provenientes
de organizaciones no gubernamentales y de defensores de derechos humanos. Por ejemplo,
en el caso de los asesinatos de mujeres, aseguran que han crecido un mil por
ciento en los cinco años recientes (dos de los cuales han correspondido al
mando de Duarte) y que, según denuncia presentada ante las Naciones Unidas,
forman parte del paquete habitual de escamoteo de información real que practica
esa administración chihuahuense.
El déficit de credibilidad de Duarte Jáquez ha sido
exhibido de nueva cuenta en el caso de la detención de un tercer presunto
responsable del homicidio cometido en contra de Marisela Escobedo, quien fue
ultimada afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde estaba en demanda
de justicia porque su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, a su vez había sido
asesinada sin que luego hubiera justicia alguna. Luz Estela Castro, quien forma
parte del Centro de Derechos de las Mujeres, y se encarga jurídicamente del
caso de Marisela, aseguró ayer que luego del ataque contra ésta “el fiscal
Salas declaró públicamente que el asesino era Sergio Rafael Barraza;
posteriormente, el 15 de diciembre de 2011, Carlos González, que es el vocero
de la Fiscalía, declaró que Héctor Manuel Flores Morán era el autor material
delfeminicidio”. Ahora el gobernador Duarte en persona asegura que el verdadero
asesino es José Enrique Jiménez Zavala.
Las historias narkafkianas de México impiden
creer en las alocuciones oficiales. El primer acusado de asesinar a Marisela
Escobedo fue Sergio Rafael Barraza, quien era pareja sentimental de Rubí
Marisol. Luego de denunciar en 2009 la desaparición de su hija, Marisela
localizó en Zacatecas a Barraza y logró que lo aprehendieran. Sujeto al nuevo
sistema de juicios orales, y luego de un año en prisión durante el proceso
judicial, el presunto asesino (quien había confesado el crimen aunque esas
palabras no fueron incorporadas al procedimiento recién estrenado, según
denuncia de Escobedo y otros familiares) fue declarado inocente en 2010 por
tres jueces. En junio de 2011, sin embargo, la Procuraduría General de la
República ofrecía cinco millones de pesos a quien ayudara a capturar al mismo
Barraza, por el caso de la menor Rubí Marisol, y de tres millones por quien
hubiera sido el asesino de la madre, Marisela Escobedo (aunque, según la
versión del gobierno de Chihuahua, el primer sospechoso del crimen contra Marisela
era el mismo Barraza).
Tan carcomida está la plataforma de sustento de las
operaciones policiacas en estados y municipios que los presidentes municipales
y gobernadores suelen ser rehenes de esas fuerzas desbordadas (fenómeno similar
a lo que se vive en el plano federal: Genaro García Luna y los jefes marinos y
militares construyen los escenarios sobre los que luego se monta sólo
declarativamente el presunto comandante supremo). En Coahuila, por ejemplo, el
drama de la familia Moreira tuvo como ejecutores directos, según las primeras
versiones oficiales, a miembros y jefes de la policía de Ciudad Acuña,
entregada como casi todas en casi todos los lugares del país a los arreglos
económicos con jefes de cárteles que compran protección o insertan
balas, según la elección del jefe o el agente involucrados.
En la capital del país, mientras tanto, Miguel Ángel
Mancera dice que ha ganado con todas las de la ley la gubernatura del Distrito
Federal de la que ayer le entregaron constancia de electo. Es inevitable pensar
en dos planos de esa legalidad a plenitud: la electoral, en la que no hubo
alegatos importantes contra la manera como la izquierda preservó el poder en la
ciudad de México, y la específicamente operativa, la discrecional y corruptible
legalidad administrativa en materia de procuración de justicia que se vive en
esa capital y por encima de la cual Mancera logró tejer una insólita
posibilidad electoral ahora triunfante.
Y, mientras Barack Obama rinde en Los Ángeles un homenaje
(con evidentes visos electorales) a la tenacidad de César Chávez, el difunto
líder sindical al que México no ha dado el reconocimiento que merece, ¡hasta
mañana!
Twitter: @julioastillero
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Astillero
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