¡No a la imposición! Un reclamo social
Por: Virginia González Melgarejo
La división de poderes fue creada con el propósito de
mantener el equilibrio entre los poderes integrantes del gobierno republicano y
en respuesta a los sistemas autoritarios, absolutistas y
monárquicos defendidos por la derecha.
En el México independiente, será José María Morelos y
Pavón, quien en 1813 habla por primera vez de la necesidad de que
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos.
Una parte importante para que funcionen estos
contrapesos, es la real y autentica autonomía que debe tener cada uno de ellos
para que sus acciones y decisiones beneficien a la población o en su defecto
impidan arbitrariedades contra los ciudadanos gobernados.
¿Pero qué sucede cuando esa independencia y autonomía se
pierde? Se cae en la simulación democrática, que es la realidad que se vive
lamentablemente en este país, donde podemos ver al Poder Judicial simulando
impartir justicia en asuntos podríamos llamar “cotidianos”, pero cuando son
asuntos que implican a los otros poderes en donde se debería demostrar el
contrapeso que representan, los vemos claramente adoptando decisiones que los
convierten en “Cortes de Injusticia” y en algunos caso se dicen “Supremas”.
Esa simulación ha alcanzado a todas las Instituciones con
denominación “autónoma” que existen en el país, ejemplo claro de ello es el
Instituto Federal Electoral, que ha perdido su característica original de
ciudadano para convertirse en una extensión de los partidos políticos o del
gobierno federal, según sea su actuación en el proceso electoral, lo nos hace
ver claramente su vocación a todas luces sesgada y antidemocrática.
De igual manera se conduce el máximo árbitro de los
comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a
priori ha dado ya esbozos de lo que será su decisión en el conflicto
poselectoral que está viviendo el país, convirtiéndose ambos en legitimadores
de los votos que obtuvo Enrique Peña Nieto y el PRI, aunque estos hayan
provenido de la descarada y burda maniobra de la compra y/o la coacción a los
ciudadanos. Las pruebas abundan, pero en el colmo del descaro y el cinismo son
consideradas insuficientes.
Así las cosas, se pretende instaurar en el país la
cultura de la ilegalidad, en donde el circo político sigue dando espectáculo
pues cuando asuntos tan graves como los que estamos viendo referentes a la
triangulación de recursos provenientes de no se sabe donde hacia empresas
fantasmas y al PRI y que reúnen todos los requisitos de lavado de dinero, que
son a todas luces inmorales e ilegales, se pretenden legitimar con el simple
hecho de recontar unos votos fraudulentos de origen.
¿Estamos, pues, los ciudadanos en completa indefensión?
¿Qué hacer? ¿Cómo se exige a quiénes en los hechos no cumplen su función? Como
sociedad es nuestro deber manifestarnos, no claudicar, sumarnos al
movimiento social que hoy exige la invalidez de la elección presidencial, la
fuerza del descontento ciudadano debe ser tal que impida que la
cultura del “billetazo, los vales y las tarjetas” se convierta en la “normalidad
democrática” que hoy nos quieren imponer.
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