¿Hacia una presidencia pignorada?
RICARDO MONREAL ÁVILA
El IFE se niega a elaborar un informe
preliminar sobre las investigaciones que emprendió su Unidad de Fiscalización
en torno a las tarjetas prepagadas de Monex y los monederos de Soriana
distribuidos por el PRI en la pasada elección presidencial, cuyos montos
rebasan notablemente el tope de campaña de acuerdo con la documentación
entregada de manera separada por el PAN, por la Coalición Movimiento
Progresista y por las indagaciones independientes de algunos medios de
comunicación.
A pesar de que la elaboración de este tipo de
informes preliminares sí está en el ámbito de sus facultades (cuenta con
dientes y colmillos para contener los abusos del dinero ilícito), el IFE se ha
allanado a la argumentación del PRI en el sentido de que no puede adelantarse a
los plazos fijados por la ley, por lo que será hasta enero de 2013 cuando se
conozcan los resultados de las indagaciones. Es decir, cuando el relevo de
gobierno sea ya un hecho consumado.
El objetivo del informe preliminar es que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación disponga antes del 6 de
septiembre (plazo límite para la calificación de la elección) de un referente
objetivo para determinar si hubo o no un doble financiamiento, de carácter
ilícito y expresamente prohibido, en la campaña del PRI.
La maniobra no es nueva. Tiene un antecedente
en la pasada elección de gobernador del Estado de México, cuando el IEEM
descartó cualquier posibilidad de adelantar los informes financieros de gastos
de campaña, ante la evidencia de que el candidato del PRI, el actual gobernador
Eruviel Ávila, habría rebasado ostensiblemente el tope fijado por ley y se habría
configurado una de las causales de anulación de la elección, prevista
expresamente en la legislación local.
En esa ocasión, las pruebas, testimonios y
documentos probatorios de la existencia de un doble financiamiento, una doble
contabilidad y el rebase de los topes legales se tradujeron en una multa
ridícula de 26 mil 900 pesos (por actos anticipados de campaña), la cual
pagaron con gusto y muertos de la risa.
El IFE sigue los pasos del IEEM al negarse a
elaborar un simple reporte preliminar y, en todo caso, el próximo año, cuando
se haya determinado que sí hubo doble financiamiento, doble contabilidad y un
rebase ilegal de los topes de campaña, el PRI volverá a pagar la multa que se
le imponga, con un gran cinismo (que no civismo) y muerto de la risa.
La otra maniobra que se instrumenta en estos
días es presionar al TEPJF para que no dilate más la calificación de la
elección presidencial y dictamine a la brevedad posible, entre el 20 y el 31 de
agosto, antes del último informe de gobierno de Felipe Calderón y de la
instalación de la 62 Legislatura. La razón es sencilla: si en el mes de julio
70% de la población consideraba que la elección había sido ganada limpiamente
por el PRI, hoy solo la mitad de los ciudadanos considera que fue legal y
legítima. Urge detener el veneno de la duda.
Que el PRI corra dopado en las elecciones con
dinero ilícito (público o privado) tal vez no extrañe a muchos. Está en su ADN
político. Lo verdaderamente inaceptable es que los jueces dejen pasar esta
flagrante violación a la Constitución, a la legislación electoral y al sentido
común. Sancionar con una multa económica esta conducta reincidente del PRI (Pemexgate,Monex-gate,Scotiagate y
todos los gates por venir) es simplemente ponerle precio y subastar
desde ahora la silla presidencial en 2018. Al fin que esas multas se pagan con
el mismo placer íntimo que experimentaba el Marqués de Sade y muertos de la
risa.
En la campaña, el candidato del PRI ofreció
impulsar desde el gobierno una comisión nacional anticorrupción y adoptar la transparencia
como política pública federal, estatal y municipal. El buen juez por su causa
empieza y antes de huir al futuro, el PRI debería empezar por transparentar los
casos emblemáticos de corrupción de la pasada campaña presidencial y no nada
más deslindarse de ellos.
La historia nos demuestra que quien compra la
Presidencia, termina vendiendo al país. Una Presidencia comprada es una
Presidencia entregada a pactos económicos inconfesables. Una Presidencia
subastada es una presidencia escriturada a intereses particulares o de grupo.
Una Presidencia pignorada o dada en prenda nunca podrá ser una Presidencia al
servicio de los intereses superiores de la Nación.
Precisamente porque el país no soportaría más
una Presidencia obtenida a la mala, con dinero ilícito, de procedencia
desconocida, es que la elección debe invalidarse y dar lugar a unos comicios
libres y auténticos, tal como la mandata la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De eso y no de otra cosa se trata la lucha que
estamos librando para que se limpie la elección presidencial. Y si por ello hay
que enfrentar denuncias penales, demandas civiles y acoso político, bienvenidos
sean.
Twiter: @ricardomonreala
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