Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
Tal como se ven las cosas alrededor de la calificación del proceso electoral, no hay mucho margen para un optimismo razonado. ¿Habrá de ocurrir lo mismo que hace seis años, con el Tribunal Electoral avalando los comicios ante anomalías que, asegurará, no podrían modificar el resultado? Dentro de tres años, en el mejor de los casos, se estaría dando un veredicto definitivo sobre las denuncias presentadas por el Movimiento Progresista, como así sucedió con respecto al caso de los Amigos de Fox, que concluyó con la aplicación de cómodas multas al PAN.
Si esto llegara a ocurrir, cabe augurar que éstas serían las últimas elecciones de la etapa contemporánea, no sólo porque la gente estaría convencida de que no tiene caso votar, sino por la descomposición social producto de una estrategia gubernamental orientada al reforzamiento de los intereses de una oligarquía absolutamente desvinculada de las prioridades nacionales. Es factible que dentro de seis años, de afianzarse el proyecto antidemocrático del priísmo salinista, la sociedad nacional estaría imbuida en una dinámica de lucha por la mera sobrevivencia. Como las protestas sociales serían reprimidas a sangre y fuego, se viviría en un Estado de sitio no reconocido oficialmente.
En el mejor de los casos, se organizarían elecciones al viejo estilo, cuando el PRI era partido hegemónico, sólo para cubrir el expediente ante el mundo. La lucha por la democracia se llevaría a cabo de manera clandestina, como en los tiempos en que organizaciones de tendencias socialistas y comunistas actuaban bajo las sombras. Lo subversivo, en un marco sociopolítico de tal catadura, sería organizarse para abrir cauces a la democracia, sin más proyección que hacer posibles las libertades más elementales. Entonces, estaríamos viviendo los mexicanos un retroceso histórico como ningún otro país latinoamericano, con el aplauso y apoyo de la Casa Blanca en Washington, pues sus designios estarían cumplidos.
Tan dantesco escenario podría evitarse ahora, si el Tribunal Electoral cumpliera a cabalidad su papel y no avalara unas elecciones fraudulentas, que lo son porque el PRI actuó sin un mínimo respeto a la norma constitucional, que en su artículo 41, inciso II indica que “la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”. En este proceso, como es del dominio público, fue absolutamente al revés. Es tiempo perdido de la dirigencia priísta tratar de “tapar el sol con un dedo”, al afirmar que se ajustaron a lo que dice la ley. ¿O será que la abundantísima propaganda con la que tapizaron el país y llenaron los espacios en los medios les fue regalada?
El Tribunal Electoral tiene aún la oportunidad irrepetible de poner los cimientos de una democracia moderna que nos coloque en posición de despegar como nación progresista. Basta que anule los comicios para Presidente de la República, porque así lo mandata el ordenamiento constitucional, no porque lo quiera Andrés Manuel López Obrador o los millones de ciudadanos que votaron por él. Querer forzar las cosas, a extremos de ilegalidad, con el reconocimiento del supuesto triunfo de Enrique Peña Nieto, será cancelar el futuro de un país democrático con posibilidades de superar sus muchas contradicciones.
Dice Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, que López Obrador “quiere tapar el sol con un dedo”, pues la elección presidencial “fue la más transparente y regulada por órganos autónomos”. Si el Instituto Federal Electoral (IFE) fuera realmente un órgano autónomo, habría exigido al PRI que se ajustara a la norma constitucional y no abusara de manera tan vil de la miseria del pueblo, como lo hizo durante la campaña electoral, repartiendo a diestra y siniestra limosnas para comprar su voto. Este es el fondo del problema, el cual nunca quiso ver el IFE, demostrando así una connivencia inmoral que será finalmente lo que dé al traste con la etapa de elecciones en México.
Sn embargo, aún queda un resquicio para rescatar algo de esta etapa, si el Tribunal Electoral cumple su papel con apego a la Carta Magna. A nivel mundial sería bien visto que México hiciera cumplir la ley en una materia tan alicaída en muchas naciones que se dicen democráticas. El nombramiento de un presidente interino sería el mejor recurso para serenar a la sociedad, el mismo PRI tendría la posibilidad de designar un candidato más comprometido con el país, y las autoridades electorales podrían “lavarse la cara”, al demostrar una necesaria autonomía con la cual poder ser útil a los mexicanos. De otro modo, la sociedad estará convencida de que no sirve de nada tener un aparato tan costoso e inútil en materia electoral.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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