María Teresa Jardí
Es cierto que, dado como están las cosas en el país, tiene importancia el que se cree la jurisprudencia en torno al tema de que cuando hayan civiles involucrados las autoridades a conocer del caso deben ser las civiles aunque los responsables a juzgar sean militares. Pero este asunto en realidad ya está fundamentado por el derecho internacional de los Derechos Humanos aplicable en México por la firma de los Tratados Internacionales al respecto.
Un tema que evidencia que el mandato constitucional de servir al pueblo se ha convertido en un modus vivendi personal incluso de ministros que ya solo actúan en beneficio propio.
El desarme ético de las instituciones pasa por el desarme ético también de las personas y es claro que es un mal que también se ha contagiado a la sociedad. El llenado del vacío dejado por la ausencia de principios, con los desvalores, ocupando también el lugar que dejaron vacío los valores, que tendrían que ser protegidos por toda sociedad que no aspirara a llegar a lo que hemos llegado los mexicanos en solo unos cuantos años de retrocesos mayúsculos que han logrado incluso cambiar la cultura que nos definía como pueblo, nos afecta a todos. Pero en el caso de unos es más grave que en el de los otros.
Un tema importante que no puede quedar en el tintero es el de la resolución de la Corte, tan festejada por estos días, a pesar de que es una resolución mediocre. Una resolución haciendo malabarismos los ministros que sabían que tenían en sus manos la oportunidad de alzarse como poder controlador de los otros poderes.
Una resolución de una pobreza extrema la tomada en el caso del coronel que habiendo llegado al lugar de los hechos, dio la orden a sus subalternos de exhumar clandestinamente el cadáver del civil asesinado por ellos. La discusión a lo largo de tres días de sesiones televisadas versando sobre si por el hecho de ir vestido de civil se podía considerar o no como militar en funciones. Una discusión eterna sobre la periferia plagada de “sesudas” disertaciones jurídicas como encubrimiento para no entrar al fondo del asunto, que es el de si el ejército debe o no seguir en la calle.
Asunto apenas esbozado por el ministro Cosío apoyado por una bien documentada lectura de los artículos demostrativos de las violaciones cometidas por Calderón al sacar al Ejército nacional a la calle sin respetar las reglas constitucionales.
Una resolución sin tocar el fondo que a estás alturas tiene que ver con el hecho de que los militares a sus cuarteles tendrían que ser regresados de inmediato. Incluso para no verse en la disyuntiva de tener que aceptar como jefe a un militar colombiano. Pero el fondo fue dejado de lado.
Nada que festejar tiene la decisión de que sea juzgado el coronel responsable del encubrimiento y la exhumación clandestina del cadáver por un juez civil. No tenían otra opción los ministros sin transgredir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Radilla. Paja destilada por los que hasta se creen que por los cuatro televidentes que los seguimos, se ven como “sesudos juristas”. Desperdiciaron de nuevo los ministros de la Corte incluso su propia trascendencia. Un caso menor que daba para entrar al caso mayor que se encuentra detrás del mismo.
Convertida está la Corte mexicana en el poder que ya se esboza para justificar la represión de la dictadura que el 6 de septiembre, por decreto, se avalará por el TRIFE para que empiece a funcionar de manera pública el 1 de diciembre si se empeñan en poner, a pesar de todas las evidencias en contra, a Peña como Presidente de un país que merece mejor suerte.
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