Porfirio Muñoz Ledo
El despliegue olímpico apenas fue un distractor para el ánimo indignado y oscilante de los ciudadanos que ansían la restauración de la legalidad republicana pero que sospechan el avasallamiento de sus derechos por una justicia electoral prejuiciada y tardía. ¿Cuál será finalmente el significado del sufragio público y el destino de una transición naufragada? He ahí el núcleo de la incertidumbre social.
Como resultado final de un sexenio que zozobra, se promulga un conjunto de reformas constitucionales que distan mucho del cambio político anunciado. Cuestiones esenciales como la reelección legislativa o la revocación del mandato fueron descartadas o aplazadas por la sorda aplanadora de los partidos. La consulta popular que se adoptó resulta contradictoria y amañada. Exige un millón de firmas a los ciudadanos mientras deja a la autoridad plena libertad para ejercerla.
Ninguno de los grandes problemas que padecemos ha sido enfrentado: ni la supremacía de los poderes fácticos ni la pérdida de jurisdicción del Estado ni la debilidad del régimen fiscal ni la ausencia de gobiernos de mayoría ni la escasa participación ciudadana en las decisiones públicas. El diseño de la reforma, en sus distintas versiones, es apenas la reparación de un sistema presidencial moribundo.
En increíble paradoja, esta será la administración que haya promulgado mayor número de decretos de reforma constitucional –35 en total, con la modificación de 64 artículos- de acuerdo a la práctica cada más extendida de legislar por retacería. Como no sean los artículos que favorecen la estrategia de seguridad del gobierno y a contrario sensu los que fortalecen derechos humanos, no se percibe una arquitectura coherente de cambios que modifique el funcionamiento del sistema político.
A mayor abundamiento: de no repararse los agravios cometidos en los recientes comicios, ¿quién podría creer en la limpieza de los procesos electorales como fuente de legitimidad de la autoridad pública, o confiar en la autonomía del Estado y de los procesos políticos frente al poder imbatible de los medios de comunicación electrónicos? ¿Cuál será en fin la suerte del movimiento social contestatario si es que, como parece lógico, los partidos aceptan las parcelas gubernamentales que les correspondan?
La cuestión es que, por hoy, la protesta domina el ámbito público en el llano y el acomodo de fuerzas la actividad política en las alturas. Hemos llegado al caso de un Presidente de la República que abandona ostensiblemente los deberes de su cargo para irrumpir en los asuntos internos de su partido. Al punto que un agudo articulista sugiere elegir un Ejecutivo interino, pero del primero de septiembre al final del mandato.
Mientras tanto las fuerzas externas incrementan su gravitación sobre la vida nacional y se ahonda la distancia entre la sociedad y el aparato estatal. Todo lo que hagamos por mantener y acrecentar los vínculos de la ciudadanía con el proceso político será saludable para la nación. La ruptura podrá conducir a la más lamentable de las frustraciones o de las represiones.
En las innumerables reuniones de los partidos, de sus grupos y facciones se encuentra extraviada la agenda de la reforma del Estado. Se habla poco de proyectos ideológicos y demasiado de negociaciones pragmáticas. Se insiste que en que no hay mayoría política, pero sí un “grupo mayor”, se invita al diálogo, a la concertación, a la “civilidad”. Vale responder: a qué precio para la democracia y en torno a qué proyecto de nación.
Hasta donde llega mi información y mi lectura, la agenda del futuro está emergiendo de las catacumbas -que ahora cuentan con el concurso multiplicador de la tecnología. Los jóvenes están en busca de una identidad perdurable y de un programa de transformaciones de largo plazo. No pretenden su inserción en el sistema, sino el cambio en la raíz. Encontraremos mejor el gran proyecto de futuro en sus pesquisas intelectuales que en los desvaríos de una clase política irredimible.
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