Capturas en Madrid: esclarecimiento necesario
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Uno de los cuatro presuntos narcotraficantes
mexicanos detenidos en días pasados en la capital española, Rafael Humberto
Celaya Valenzuela, resultó ser un funcionario y político priísta que operaba en
Sonora. Ocupó diversos cargos en el gobierno municipal de Hermosillo y en el de
la entidad, fue precandidato a una diputación federal y, de acuerdo con algunos
informes, coordinó las actividades proselitistas de su partido en San Luis Río
Colorado. Por añadidura, el ahora detenido ostentaba en su página de Facebook
dos fotografías al lado del aspirante presidencial priísta, Enrique Peña Nieto,
en diversos actos de campaña. Según la información proporcionada por la policía
española, la captura de los connacionales, a quienes se presentó como
integrantes de una célula del cártel de Sinaloa que pretendía operar
en España, y entre quienes se encuentra, al parecer, un primo de Joaquín Guzmán
Loera, El Chapo, fue resultado de una investigación coordinada entre las
autoridades peninsulares y la FBI estadunidense.
El hecho agrega un severísimo cuestionamiento
a las afirmaciones de las autoridades electorales y federales en el sentido de
que no hubo, en el proceso electoral aún por calificar, intervención alguna de
la criminalidad organizada en las campañas ni en los partidos. Tales
aseveraciones han sido puestas en duda por los abundantes indicios de
operaciones con recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de la
candidatura presidencial priísta, así como por reportes de la intromisión de
grupos armados antes y durante los comicios en algunas zonas del norte del
país, particularmente en la región fronteriza entre Chihuahua, Sinaloa y
Durango. A ello se agrega ahora la presencia de Celaya Valenzuela en el entorno
del propio Peña Nieto.
Estos y otros hechos refuerzan las dudas
sobre la limpieza de las pasadas elecciones y ensanchan la zona oscura en la
que se gestaron y consolidaron las campañas priístas. Es tan lamentable como
inadmisible que hasta ahora tanto el propio Instituto Federal Electoral (IFE)
como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)
hayan actuado en forma omisa y hayan sido renuentes a prevenir las
irregularidades e investigar los datos sospechosos al respecto que surgieron
desde antes de la jornada electoral y que apuntan no sólo a una masiva y
escandalosa superación de los topes de gastos de campaña previstos por la ley,
sino también a la inversión de sumas multimillonarias de procedencia dudosa
para la compra de votos en favor de Enrique Peña Nieto.
Con los elementos de juicio disponibles, a
los que se suma ahora la detención de un operador priísta sujeto a una
investigación internacional por narcotráfico, es claro que tanto las
autoridades federales como los organismos electorales están ante la obligación
impostergable de investigar a fondo las maniobras financieras del partido que
oficialmente obtuvo el mayor número de sufragios. Por su parte, el Tribunal
Electoral de Poder Judicial de la federación (TEPJF) no tiene ya margen para
abstenerse de ordenar una pesquisa profunda y verosímil en torno a la manera en
la que el PRI logró obtener el resultado oficial favorable el día de la
elección. Resulta ética, política y legalmente improcedente la emisión de un
fallo que ignore los hechos mencionados, especialmente si se trata de una
determinación favorable a Peña Nieto. De proceder en ese sentido, el organismo
judicial constitucionalmente encargado de juzgar la validez legal de los
procedimientos electorales provocaría un deterioro institucional sin precedente
–empezando por el suyo propio–, daría margen a la conformación de un gobierno
severamente deslegitimado de origen, mucho más incluso que el actual, y sería
responsable, por ello, de una crisis nacional trágica y funesta.
Por la salud del país, por la estabilidad de
la vida republicana, y hasta por el bien del PRI y de su candidato
presidencial, el IFE, el TEPJF y la Fepade deben despejar de manera inequívoca
y apegada a derecho las crecientes dudas en torno a la legalidad de las
campañas y de la elección de julio pasado, incluso si el esclarecimiento
conduce a la invalidación de los comicios. Sería preferible ese curso
institucional que una presidencia sin credibilidad social y marcada de origen
por la sospecha.
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