Violencia imparable
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Aunque en meses recientes la atención nacional se ha
centrado en el proceso electoral aún en disputa, permanece inmutable –así sea
como telón de fondo– el panorama de violencia y muertes cotidianas asociadas a
laguerra contra la delincuencia que ha durado todo este sexenio. En estos
días decenas de personas fueron asesinadas, en episodios vinculados a la
criminalidad organizada, en Michoacán, San Luis Potosí, el estado de México,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Jalisco. La primera de esas
entidades –donde se inició la estrategia de seguridad vigente– hubo de recibir
refuerzos de centenares de policías federales ante el descontrol y la zozobra
en sus regiones. En la segunda, el domingo fueron asesinados un alcalde que
acababa de ser electo en julio pasado y un colaborador de su campaña.
Paradójicamente, el problema de la violencia y de la
inseguridad, con todo y ser de los más acuciantes que padece el país,
permaneció en segundo plano durante las campañas políticas de la primera mitad
de este año y no estuvo entre los asuntos prioritarios en los mensajes de los
candidatos en la elección. Sin embargo, en los meses de campaña y durante el
litigio poselectoral presente, los asesinatos, los secuestros y los
enfrentamientos no han disminuido ni se ha conseguido revertir el enorme
poderío acumulado por las organizaciones delictivas, pese a la campaña oficial
en su contra o, tal vez, gracias a ella. Por añadidura, en diversos puntos del
país se multiplican las expresiones de descomposición institucional generadas
por la guerra contra el narcotráfico.
Por más que la estrategia oficial contra la criminalidad
ha mostrado su inoperancia o incluso su carácter contraproducente, el mundo
institucional y la clase política no se muestran muy preocupados por formular
una política alternativa y ni siquiera por debatir el tema. Incluso, la
sociedad civil parece haber perdido interés en la solución de un fenómeno que
amenaza de manera directa su seguridad y su vida cotidiana.
La barbarie instaurada en el país debe ser parte
integrante del debate nacional. Es necesario exigir que, sean cuales fueren las
autoridades en turno, se emprenda la tarea de realizar un diagnóstico crítico e
integral de las acciones gubernamentales en materia de seguridad durante el
sexenio en curso; se esclarezcan los casos en que la autoridad, en lugar de
hacer respetar la legalidad, la ha violentado, y se formule una estrategia
integral –es decir, económica, política y social, además de policial– para
hacer frente a la pronunciada degradación del estado de derecho, al desastre de
seguridad pública y al control que el crimen organizado ha logrado en zonas del
territorio, en instituciones públicas y hasta en algunas actividades
económicas. A contrapelo de lo que han sostenido algunos representantes de la
actual administración, no debe permitirse que la violencia, la inseguridad y
las rupturas de la legalidad tengan una proyección transexenal, y el país no
tiene por qué resignarse a vivir en un estado de guerra permanente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario