Paraísos fiscales, evasión y lavado
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
De acuerdo con un informe de la Red para la
Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés), mencionado en estas páginas el
fin de semana pasado, existen unos 417 mil millones de dólares propiedad de
mexicanos depositados en los llamados paraísos fiscales del Caribe. Se trata,
apunta la investigación, de números conservadores que reflejan
únicamente la riqueza financiera y excluyen las propiedades inmobiliarias,
yates y otros activos no financieros poseídos a través de estructuras
financieras radicadas en los mismos paraísos fiscales.
Según el documento, quienes acuden a tales
depósitos buscan el anonimato para ellos, sus familias, negocios y
conexiones políticas; evitar pagos al fisco; la posibilidad de acceder y
administrar su fortuna desde cualquier parte del mundo, así como proteger sus
activos “de las continuas amenazas no sólo de los recaudadores de impuestos y
fiscales, sino también de secuestradores, chantajistas, espías, paparazzi,oponentes
políticos, parientes descontentos, ex esposas y ex amantes”.
La situación referida no atañe exclusivamente
a México. A escala planetaria se calcula que entre 21 y 31 billones de dólares
están depositados en esos sitios, lo que equivale a entre dos y tres veces el
valor de la economía de Estados Unidos en su conjunto. En cuanto a México, los
recursos privados enviados a paraísos fiscales equivalen a 2.6 veces el saldo
de la deuda externa pública del país.
Es imposible no ver los vínculos entre el
fenómeno mencionado y asuntos como la crisis financiera mundial y la escasez de
recursos que enfrentan los países del sur de Europa; el incremento desmesurado
de la desigualdad en el mundo, y en México en particular; la evasión fiscal en
gran escala y la falta de recursos públicos para enfrentar la miseria, el
desempleo y la marginación, así como el auge de la delincuencia organizada como
proceso local e internacional.
En efecto, la masiva migración de recursos
hacia paraísos fiscales, hecha posible por la opacidad y la complacencia de
reglas y autoridades nacionales e internacionales que debieran regular las
transacciones financieras, es expresión del saqueo económico perpetrado por un
puñado de individuos –menos de cien mil personas en el mundo, a decir del
documento referido– y retrata de manera inequívoca el saqueo de las economías
perpetrado al amparo de privatizaciones dudosas, contratos amañados de obra y
adquisiciones públicas, procesos tramposos de quiebra de empresas, evasión
fiscal y otras prácticas corruptas y delictivas, por no hablar de las
utilidades que genera la delincuencia organizada propiamente dicha, es decir,
la que se practica fuera de oficinas públicas y conglomerados empresariales honorables.
En la turbiedad que impera en los paraísos fiscales conviven toda suerte de
agentes económicos y actores sociales, a condición de que sean inmensamente
ricos.
La creación de mecanismos eficaces de
fiscalización de los flujos financieros internacionales es, pues, indispensable
para enderezar el rumbo de la economía mundial, pero también para poder
instaurar políticas fiscales eficientes en los ámbitos nacionales, así como
para generar condiciones que permitan enfrentar, en forma creíble y eficiente,
a la criminalidad organizada.
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