Una línea regresiva para el derecho a la
salud
Asa Cristina Laurell
Las normas de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) para dar cumplimiento a los derechos humanos y sociales determinan
los siguientes criterios: los gobiernos deben garantizar estos derechos, lograr
progresividad en su goce, movilizar el máximo posible de recursos y buscar los
umbrales más altos de satisfacción de necesidades y bienestar objetivo.
Uno de los derechos sociales principales es
la salud. La progresividad significa que la equidad debe lograrse incrementando
los beneficios para que sean los mismos para todos, no eliminando parte de los
beneficios de los que gozan de derechos plenos.
Este tema adquiere gran vigencia en México
por la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN) de crear un sistema de seguridad social universal.
Hay signos ominosos de que se pretende avanzar por el camino de la reducción de
los beneficios de salud a los derechohabientes de los institutos de seguridad
social en vez de generalizarlos a toda la población.
Una expresión de ello es la iniciativa de
reforma de la Ley General de Salud (LGS) y las leyes de seguridad social para
crear un Sistema Único de Salud por medio del Aseguramiento Universal de la
Salud, presentada por el diputado priísta Antonio Benítez Lucho en abril de
2012. Su propuesta se conceptualiza con base en el modelo de protección social
al igual que el Seguro Popular. La exposición de motivos plantea una reforma
financiera para legislar una contribución social generalizada para la salud;
separar el financiamiento de la prestación de los servicios; constituir el
Fondo Universal de Salud y un fondo sectorial contra gastos catastróficos;
definir prioridades entre las intervenciones de salud, e impulsar la
participación público-privada en la inversión en salud.
La iniciativa retoma la idea de constituir un
sistema único de salud en México, pero en términos de la competencia
administrada que no debe confundirse con un Servicio Nacional y Público de
Salud. No define claramente en que consistiría el sistema único ni resuelve
cómo se llegaría al aseguramiento universal, ya que el Seguro Popular es
voluntario, mientras los seguros de salud o médicos del seguro social son
obligatorios.
Los cambios propuestos en la legislación
demuestran cual es la agenda oculta. El Fondo Universal para el Financiamiento
de los Servicios de Salud sería la Administración Financiera del Sistema Único
de Salud (LGS, artículo 6 VI Ter) lo que significaría la desaparición de los
fondos de salud de los institutos de seguro social.
Además señala que la Secretaría de Salud
(SSa) determinaría el catálogo de intervenciones y servicios del sector salud
(LGS, artículo 29 Bis) y el Consejo de Salubridad elaboraría el catálogo de
costos (LGS, artículo 17 V Bis). O sea, se hace explícito que se restringirían
los servicios prestados a un paquete de servicios en detrimento de los
derechohabientes del seguro social.
La facturación cruzada, la subrogación de
servicios y la inclusión del sector privado entre los prestadores de servicios
aparecen reiteradamente en la iniciativa y los institutos de seguro social
firmarían convenios para atender a todos o mandar a sus derechohabientes a las
otras instituciones a partir de su integración en el Sistema Único de Salud.
Otra muestra de esta tendencia privatizadora
es el Acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del SEguro Social
(IMSS) (dof.gob.mx/index.php?year=2012&month=05&day=09),
que determina un nuevo tabulador de costos unitarios de la atención médica.
Esto sólo adquiere sentido para la compra-venta de servicios y facturación
cruzada con otras instituciones, privadas y públicas. Tiene la particularidad
de que el costo de casi todos los servicios baja en comparación con el
tabulador anterior con excepción del tratamiento de cáncer, atención de
urgencias neonatales y de adultos, y pruebas de gabinete sofisticadas.
El derecho a la salud y el acceso a los
servicios requeridos son una gran deuda social en México. Es una vergüenza
nacional que las personas mueran o vean disminuidas sus potencialidades vitales
por falta de atención. No se corrigen con la implantación de una protección
social que restringe beneficios, incrementa impuestos y confía en el mercado y
la competencia para lograr el acceso.
La constitución de un Servicio Único y
Público de Salud sólo puede ser exitosa cuando resuelva los múltiples problemas
de las instituciones públicas. Urge dar la máxima prioridad a la salud y
desplegar un esfuerzo, planeado, sostenido, organizativo, financiero y de
combate a la corrupción para lograrlo.
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