Julio Pimentel Ramírez : Hechos, no palabras

Hechos, no palabras

Por Julio Pimentel Ramírez

En las declaraciones y posiciones adoptadas por altos personajes del gobierno ilegítimo de México, entre ellos el titular de Gobernación Fernando Gómez Mont y el propio Felipe Calderón, queda de manifiesto el abismo entre la realidad y la ficción, la contradicción entre la verdad objetiva y la falsedad, así como la incompatibilidad de la congruencia ética con la mentira y el cinismo.
Fernando Gómez Mont, quien despacha desde Bucareli, lugar que es convertido en un bunker vigilado por cientos de policías federales parapetados tras altas vallas cuando la protesta social se expresa en las calles de la Ciudad de México, dice “valerosamente” que no le teme al narcotráfico y llama a la desprotegida ciudadanía a que adopte esa misma actitud.
Gómez Mont, quien viaja en vehículos blindados acompañado de numerosos escoltas –no se trata de solicitar que los funcionarios se muevan como cualquier “hijo de vecino” sino solamente se anota un dato incontrovertible- niega u oculta en su discurso que el estado de incertidumbre y temor que se extiende por vastas zonas de la República se sustenta en el número creciente de víctimas inocentes caídas en medio de balaceras entre narcotraficantes y de éstos con el Ejército y policías.

Quien formalmente se desempeña como responsable de la seguridad interna, algo que se erosiona rápidamente para la mayoría de los mexicanos, también rechazó “enérgicamente” las declaraciones y sugerencias del ex presidente estadounidense Bill Clinton sobre instrumentar a cabalidad en nuestro país una estrategia similar a la aplicada en Colombia en contra del narcotráfico y la insurgencia, es decir un Plan México bien alimentado.
Mientras esto sucede en el ámbito de las palabras, en los hechos avanza la injerencia estadounidense no solamente en el diseño y dirección de la estrategia de “guerra” contra el narcotráfico, abastecimiento de tecnología y equipo militar, entrenamiento y asesoría a soldados y policías, sino en la participación de personal de la DEA y el FBI, entre otros órganos de seguridad e inteligencia de Washington, en operaciones en territorio mexicano.
En otra esfera de la realidad, nos encontramos con la reacción de “indignación” de Felipe Calderón ante la promulgación de una severa ley antiinmigrante en Arizona, misma que criminaliza a los indocumentados y que amenaza con agudizar las penurias y sufrimientos de quienes, ante la falta de condiciones de una vida digna en sus países, huyen al Norte en busca ya no del “sueño americano” sino de una opción de sobrevivencia y de un probable futuro mejor.
Los altos funcionarios mexicanos que aplican políticas económicas neoliberales, modelo vigente desde hace más de 25 años, que han golpeado severamente a la industria nacional y han desmantelado al sector productivo del campo, dejando sin empleo o en el subempleo a millones de personas y en la pobreza a más de dos terceras partes de la población, muchas de las cuales desesperadas optan por emigrar hacia el Norte, se enojan ahora con la gobernadora de Arizona pero son incapaces de cualquier autocrítica, menos de modificar un proyecto supeditado al gran capital, que ha enriquecido a esa élite a costa del sufrimiento de muchos.
Por otra parte, existe una justificada indignación con la iniciativa racista de Arizona, pero se trata de ocultar el trato que en México reciben los indocumentados centroamericanos, quienes se ven obligados a cruzar nuestro país en su peregrinar hacia los Estados Unidos.
Amnistía Internacional (AI) señala en un informe que de las decenas de miles que hacen el viaje cada año, la gran mayoría proceden de Centroamérica. Su viaje es uno de los más peligrosos del mundo. Los migrantes sufren extorsiones, discriminación, palizas, violencia sexual, secuestro y homicidio a manos de bandas criminales.
Muchos de los casos expuestos por AI destacan la implicación en cierto grado de funcionarios públicos en varios abusos contra los migrantes. La falta de acceso a la protección y de recurso a la justicia convierte a los migrantes, y especialmente a las mujeres y menores, en blanco fácil de bandas delictivas y de funcionarios corruptos. Además, la falta de acción decisiva de parte de las autoridades federales y estatales ha creado un clima de impunidad donde los abusos parecen estar permitidos.
No se puede ignorar que desempleo, pérdida del poder adquisitivo, pobreza y desigualdad, entre otros factores, se vinculan tanto con la migración como, aunque no inevitable ni necesariamente, con la proliferación de diversas expresiones delictivas y en la violencia descontrolada que padece el país. Algún día los funcionarios de este y otros gobiernos tendrán que responder ante los ciudadanos, no por sus palabras sino por sus hechos.