CCE: defensa del dispendio
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, se pronunció ayer en contra de
la propuesta formulada por el aspirante presidencial del Movimiento
Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de reducir los salarios de los altos
funcionarios públicos, pues dijo que éstos tienen mayor responsabilidad, y
en consecuencia deben sergente muy preparada y bien pagada. A renglón seguido,
el líder empresarial dijo que los recortes propuestos por el candidato de las
izquierdas podrían ocasionar queprecisamente por esos bajos salarios (los
funcionarios) caigan en otros temas que son los que deberíamos atacar, como la
corrupción.
La defensa por el organismo cúpula del sector
privado de las elevadísimas percepciones que se dan a sí mismos los más
encumbrados integrantes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial no sólo
resulta contraria al espíritu republicano, sino también incomprensible desde la
lógica de los propios intereses empresariales: los grandes consorcios privados
tendrían que ser, por principio, los principales interesados en reducir o
establecer un tope razonable a los emolumentos y a las prestaciones de los
altos cuadros del Estado, así sea como forma de optimizar el gasto de los
recursos que aportan por la vía fiscal.
No obstante, la declaración del presidente
del CCE pone en perspectiva la situación de privilegio que viven en el país las
propias élites empresariales, beneficiarias de regímenes especiales en
materia fiscal, de todo tipo de facilidades para el pago diferido de gravámenes
y hasta de omisiones en la recaudación por el gobierno federal. La falta de
voluntad o de capacidad gubernamental para cobrar impuestos a empresarios
privilegiados es un hecho reconocido incluso por el titular del Ejecutivo
federal, Felipe Calderón, quien en octubre de 2009 admitió que las
empresas que más ganan rara, rara vez pagan impuestos en el país.
Así pues, en un entorno institucional que
privilegia a las grandes fortunas y que se ensaña con los contribuyentes
cautivos, y en el que el gasto público se financia fundamentalmente con las
aportaciones de éstos y con los recursos de la renta petrolera, puede
entenderse que los consorcios empresariales muestren indolencia ante el nivel
de vida lujoso y aun faraónico de los altos funcionarios, y defiendan su
preservación y el consiguiente derroche.
Por otra parte, la pretensión de establecer
una relación directa entre los ingresos de los servidores públicos y la
responsabilidad que tienen resulta falaz al comparar los sueldos de
funcionarios mexicanos con los de sus pares de otros países: si la afirmación
formulada por Gutiérrez Candiani fuera verdad, habría que concluir que la
responsabilidad del propio Calderón Hinojosa, del gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, y del titular de Seguridad Pública, Genaro García
Luna –cuyas percepciones mensuales son de 247 mil, 208 mil y 244 mil pesos,
respectivamente– son superiores a las de la presidenta de Brasil, Dilma
Roussef, o a la de los titulares de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben
Bernanke, o a la del secretario de Defensa de ese país, Robert Gates, quienes
perciben salarios inferiores a los de los servidores públicos mexicanos
mencionados.
La realidad es que los ingresos desmesurados
de los altos funcionarios no han contribuido en nada a tener un gobierno eficaz
ni a erradicar la corrupción en las oficinas públicas, y que los salarios
exorbitantes, lejos de apagar el apetito de los funcionarios por las grandes
sumas de dinero, lo han acrecentado, como demuestra la proliferación, en los
ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en el de los organismos
autónomos, de nombramientos de toda suerte de empleados de primer nivel con
percepciones ofensivas para un entorno social depauperado por las políticas
económicas puestas en práctica precisamente por quienes se remuneran con
excesiva largueza. Ante tal panorama, es necesario que el gobierno entrante,
con independencia de quién lo encabece, adopte una política de austeridad
efectiva que debe empezar, justamente, por una moderación en los sueldos de sus
principales colaboradores.
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