Lucha antinarco: un mar de enredos
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Luego de que la Secretaría de Marina (Semar)
confirmó la muerte del presunto líder de Los Zetas, Heriberto
Lazcano, El Lazca, supuestamente abatido por elementos de la Armada
el pasado domingo en Progreso, Coahuila, el procurador general de Justicia de
esa entidad, Homero Ramos, informó que el cuerpo del presunto narcotraficante
había sido sustraído de una funeraria en la ciudad de Sabinas por un grupo
armado. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón
Hinojosa, exaltó la labor de la Semar durante el referido operativo, y
se congratuló por el hecho de que, durante su gobierno, el Estado mexicano
ha neutralizado a 25 de los 37 criminales más buscados.
El beneplácito del mandatario ante algo que
en estricto sentido es un homicidio –independientemente de que la víctima sea
un presunto delincuente presentado por las autoridades como sumamente peligroso
y violento– resulta deplorable no sólo desde el punto de vista ético y
político: tal actitud muestra el talante de una estrategia de combate a la
delincuencia que parece preferir la eliminación física de los presuntos
delincuentes que su presentación ante los tribunales correspondientes; que
desacredita, en consecuencia, los mecanismos legales de procuración e
impartición de justicia, y que exhibe el envilecimiento experimentado por la
institucionalidad en el contexto de la actual estrategia de seguridad pública y
combate a la delincuencia.
Más allá del deterioro referido y de los
despropósitos discursivos, resultan alarmantes la opacidad y el desaseo con que
se ha manejado la información oficial en torno al supuesto abatimiento del
presunto narcotraficante. Resulta poco comprensible, por decir lo menos, que el operativo para
capturar a Lazcano –uno de los dos capos más importantes del país, según las
propias autoridades– haya concluido con la entrega inmediata de su cadáver al
gobierno de Coahuila –para colmo, sin haber realizado análisis periciales y
forenses exhaustivos– y con el posterior hurto del cuerpo por un comando
armado. A lo anterior deben añadirse las contradicciones existentes entre las
informaciones manejadas por la DEA y la Semar sobre datos tan elementales como
la estatura de El Lazca y su fecha de nacimiento, así como la
incertidumbre que privó ayer, durante varias horas, en torno a las causas de la desaparición del
cadáver del presunto narcotraficante.
Tales inconsistencias resultan preocupantes
por partida doble: porque al restar verosimilitud a la versión oficial,
provocan que cualquier otra resulte creíble a ojos de la opinión pública, lo
cual es sumamente peligroso, y porque alimenta las suspicacias de que en el operativo efectuado
por la Marina el pasado domingo pudieron haberse cometido irregularidades
graves a la legalidad y a la observancia de los derechos humanos.
Lo evanescente de los datos presentados por
la autoridad en el caso, obliga a recordar el atropello cometido en junio
pasado por el gobierno federal contra dos jóvenes residentes en Zapopan,
Jalisco, uno de los cuales fue falsamente señalado como hijo del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y cuya captura fue
ruidosamente celebrada, en los primeros momentos, por la administración de
Felipe Calderón. La ligereza con que se actuó en ambos episodios lleva a
preguntarse si el gobierno no está partiendo de la apreciación de que la
credulidad social carece de límites y si con ello no está estrechando, en forma
acaso irreparable, los márgenes de su propia credibilidad.
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