Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
En el segundo debate entre los candidatos que contienden por la Presidencia de la República, se confirmó que son dos proyectos los que estarán en juego en los comicios del primer domingo de julio. El de la oligarquía representado por el binomio PRI-PAN, y el democrático y progresista que lidera Andrés Manuel López Obrador. El sentido común y un elemental patriotismo indican la conveniencia de que triunfe el que promueve el político tabasqueño. Sin embargo, no toda la población se da cuenta de tal realidad, influenciada como está por los medios electrónicos, principalmente, en favor de la continuidad del régimen caduco que ya no da más.
Si la sociedad mayoritaria tuviera plena conciencia de que urge un cambio de fondo en la estructura gubernamental, el triunfo del Movimiento Progresista estaría seguro y con amplio margen. Desgraciadamente no es así, tanto por la escasa politización de importantes sectores, como por el miedo al cambio, no sólo de quienes se benefician del inmovilismo y la demagogia de los voceros del sistema político actual, sino de la población enajenada por la televisión. Esta ha sido operada eficazmente, conforme a los intereses de los grupos dominantes, como lo demostraba sin ambages Emilio Azcárraga Milmo, alias “El Tigre”, quien se decía “soldado del PRI”. Y vaya que lo fue, por lo que obtuvo extraordinarios beneficios.
En la actualidad, su vástago actúa con igual cinismo aunque con más voracidad, como lo patentizan los hechos. La oligarquía tiene más privilegios que defender que hace dos décadas, por eso mismo es más peligrosa. De ahí el imperativo de que la sociedad actúe con más organización y con objetivos claros, pues sólo así será posible llevar a cabo los cambios democráticos que urge poner en marcha para salvar al país de la catástrofe a la que lo está llevando una minoría apátrida y sólo comprometida con sus intereses. Es incuestionable que el primer objetivo que debe alcanzarse es el rescate de la iniciativa política por parte de las fuerzas progresistas, a fin de impulsar la lucha de las clases mayoritarias por cauces viables y exitosos.
En este sentido, ha sido invaluable el movimiento estudiantil #YoSoy132, pues en poco tiempo demostró capacidad e inteligencia para tomar esa indispensable iniciativa, sin la cual no habría posibilidades de avanzar hacia la consecución de una elemental gobernabilidad democrática. A partir de entonces cambió la correlación de fuerzas, ahora favorablemente para las corrientes progresistas, motivo por el que López Obrador pudo ocuparse, en el debate, sólo de sus propuestas, demostrando una madurez que debió ser bien valorada por los círculos pensantes de la oligarquía y de la Casa Blanca en Washington.
Ahora no deben tener dudas de que la verdadera opción de un cambio conveniente es la representada por el político tabasqueño, quien no es un aventurero ni un oportunista, sino el estadista que hace falta en esta etapa para rescatar a México de la catástrofe inminente a la que nos lleva la conducción reaccionaria y corrupta de una clase política que sólo está preocupada por su patrimonio. Deben saber que apuntalar el Estado de Derecho, en las actuales circunstancias, es un imperativo ineludible para evitar males mayores que afectarían a todos los sectores.
No es fortuito que todos los candidatos coincidan en la necesidad de cambios en la estructura del poder y del Estado, sino el reflejo de la terrible descomposición social luego de tres décadas de neoliberalismo depredador, que se complicaron en todos sentidos en los dos sexenios del partido blanquiazul en Los Pinos. Pero el único que puede realizarlos es el líder del Movimiento Progresista, porque no tiene compromisos con grupos oligárquicos, mucho menos con los tecnócratas que han marcado la pauta gubernamental en los últimos treinta años. Los cambios que promete Enrique Peña Nieto son meras palabras huecas, porque los intereses a los que sirve no le permitirían ni siquiera dar un paso en favor de la democratización del régimen.
Pero tampoco podría hacerlos López Obrador por sí solo. Necesita el respaldo de la sociedad en su conjunto, la cual debe contar con la iniciativa política necesaria para invalidar las presiones de la oligarquía dirigidas a frenar, obstaculizar, impedir esos cambios democráticos que urge impulsar en el país. Para Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, los cambios no son otra cosa que profundizar las políticas públicas antidemocráticas, englobadas en las famosas reformas estructurales, sobre todo la laboral, la energética y la política, todas con una orientación abiertamente neoliberal, o sea con la finalidad de apuntalar mayores beneficios económicos a la oligarquía.
Los cambios verdaderos que reclama la población mayoritaria, empiezan por el fortalecimiento del Estado de Derecho, sin el cual nada podrá avanzarse en la dirección correcta. Y lograrlo sólo será posible con la participación de todos los sectores, bajo la dirección de las clases mayoritarias, pues son muchos y muy fuertes los intereses que se oponen a ese objetivo inaplazable. La historia nos demuestra cómo la movilización de las masas rompe todas las barreras, por grandes que sean, como sucedió en 1938, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas rescató para el país su principal riqueza. Ese es el camino a seguir, y hacerlo con firmeza y patriotismo.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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