viernes, junio 15, 2012

¿Dónde quedó el “Peña no cumple”?


¿Dónde quedó el “Peña no cumple”?

Casa de citas

Por: Redacción de
http://www.sinembargo.mx/

¿Dónde quedó aquél frente de batalla del Partido Acción Nacional contra Enrique Peña Nieto por los supuestos compromisos incumplidos en el Estado de México? ¿Dónde están las acusaciones de los blanquiazules que acusaron al de Atlacomulco de “regalar” Notarías Públicas a sus amigos, apenas dos días antes de dejar el gobierno del Estado de México?


A sólo 15 días de que se realicen los comicios presidenciales, el tema está sellado en la casa de campaña de la candidata panista Josefina Vázquez Mota y lo mismo en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que preside Gustavo Madero Muñoz.

Ayer, una investigación de Álvaro Delgado, publicada en Proceso, dio luces del por qué de ese silencio sepulcral.

Resulta que uno de los favorecidos por EPN con una Notaría Pública es José Manuel Gómez del Campo Gurza, militante panista, hermano de Mariana Gómez del Campo Gurza, candidata plurinominal al Senado de la República y coordinadora de campaña de Vázquez Mota, y además primos hermanos de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Además, plantea Delgado, el notario blanquiazul es primo de Virginia Gómez del Campo, ni más ni menos que esposa de Luis Videgaray Caso, a su vez coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Ahí está el meollo, expone Proceso, del por qué la “encendida” campaña “Peña no cumple” (auspiciada directamente por el presidente del PAN, Gustavo Madero, y promovida por los conocidos josefinistas Laura Rojas Hernández, aspirante a senadora, y el queretano Ricardo Anaya Cortés, candidato a diputado federal) se apagó tras el fracaso de la ida y traída “mesa de la verdad”, que el pasado 17 de abril pretendió mostrar el incumplimiento del ex gobernador mexiquense de uno de sus compromisos en el municipio de Tlalnepantla.

José Manuel Gómez del Campo Gurza, primo hermano de la primera dama, fue uno de los abogados a los que Peña Nieto les entregó una notaría el 13 de septiembre de 2011. Gracias a ello, ahora es el Notario No. 149, con domicilio en Metepec, municipio conurbado a Toluca.

La investigación de Proceso también da cuenta de que el padre del primo político de Calderón Hinojosa es José Manuel Gómez del Campo López, quien es el Notario Público No. 136, de la colonia Cuauhtémoc en el Distrito Federal, y quien ha prestado sus servicios “numerosas ocasiones” en Petróleos Mexicanos (Pemex) desde que el abogado general de la paraestatal era César Nava Vázquez, amigo íntimo de Mariana Gómez del Campo y actualmente candidato a senador por la vía plurinominal en Tabasco.

Muchos nombres y apellidos ligan al PAN y al PRI en este caso. Todos ellos tienen un gran peso en el organigrama político, tanto que la campaña “Peña no cumple” desapareció de tajo y seguro está ya archivada en un cajón, con doble llave.

* * *

Con el asesinato de Víctor Manuel Báez Chinos suman cinco los periodistas asesinados en Veracruz en sólo dos meses, una cifra inaudita incluso en zonas de conflicto bélico con duración de años.

El 28 de abril, también en Xalapa, fue hallada muerta en su casa la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez. Mientras que los restos de tres fotógrafos – Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez– fueron encontrados el 3 de mayo en un canal de Boca del Río, municipio conurbado del puerto de Veracruz.

La muerte del colaborador del Grupo Milenio Xalapa, como ha sucedido con los antes mencionados, y con los ocho casos de periodistas asesinados en esa entidad en los últimos 18 meses, fue atribuida, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, al crimen organizado.


Ninguno de éstos, por cierto, se ha esclarecido; no hay culpables presentados ante un juez. Por eso, las condolencias expresadas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa a la familia, amigos y a Milenio suenan más huecas que nunca.

En Veracruz, la violencia y, en particular, la impunidad tienen carta de naturalización, ante un gobierno incapaz de aplicar la justicia. Esa entidad, de acuerdo con cifras de organizaciones civiles, ha expulsado de su lugar de origen a 13 periodistas debido a amenazas y, encima, uno más sigue reportado como desaparecido.

Penosamente, otra vez, desde este espacio nos solidarizamos con los familiares de Báez Chinos y, ahora, también con pesar e indignación, con los colegas periodistas del Grupo Milenio.

Como planteó el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, una vez más, el Estado, en sus tres niveles de gobierno, “fracasó una vez más en su responsabilidad primaria de proteger la vida de los comunicadores”.



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