EU: amagos de intromisión electoral
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
En su edición de ayer, The New York
Times (NYT) reporta la preocupación que cunde en los círculos
gubernamentales de Washington ante las promesas de todos los candidatos
presidenciales mexicanos de buscar una reducción de la violencia en que se
encuentra sumido el país. A decir del rotativo neoyorquino, aunque los
funcionarios estadunidenses se abstienen en su mayoría de formular
declaraciones sobre tal inquietud, a fin de eludir acusaciones de intromisión,
algunos, como el representante republicano por Arizona, Ben Quayle, se
preguntan públicamente si “el próximo presidente (de México) se hará de la
vista gorda ante loscárteles y cederá el país al narcotráfico, o si será
un socio dispuesto a colaborar con Estados Unidos en el combate antidrogas”. El
propio NYT reprocha al aspirante presidencial priísta, Enrique Peña
Nieto, que no haga hincapié en detener cargamentos de droga y en la
captura de capos, y lamenta que sus rivales, Andrés Manuel López Obrador y
Josefina Vázquez Mota, coincidan con el mexiquense en priorizar la disminución
de los muertos por la violencia generada a raíz de la estrategia de combate a
la delincuencia organizada que aplica la administración de Felipe Calderón
Hinojosa.
Tanto las preocupaciones recabadas por el
periódico como su postura sobre los planteamientos de los aspirantes presidenciales
mexicanos en materia de combate al narcotráfico tienen un claro tono de
injerencia, particularmente indeseable en tiempos electorales. Existe el
precedente de la intervención de la embajada de Estados Unidos en el proceso
sucesorio de 2006 (documentada por un cable de Wikileaks publicado en
estas páginas el 21 de febrero del año pasado) y sería del todo inaceptable que
Washington pretendiera repetir esa experiencia seis años después.
Por lo demás, las preocupaciones exhibidas
por el rotativo son muestra de la hipocresía y la doble moral de la clase
política estadunidense en el tema del combate a las drogas. Por ejemplo, altos
funcionarios del gobierno de Barack Obama están vinculados al abastecimiento de
armas a un cártel mexicano por la agencia gubernamental encargada de
controlar el tabaco, el alcohol y las armas de fuego (ATF), y el propio
procurador Eric Holder está inmiscuido en ese episodio. Recientemente se dio a
conocer que la oficina estadunidense de combate al narcotráfico (DEA) participó
en operaciones de lavado de dinero para los narcotraficantes del sur del río
Bravo; los comerciantes de armamento de la franja sur de Estados Unidos ganan
dinero vendiendo armas sin ningún control oficial, a sabiendas de que buena
parte son enviadas a la delincuencia organizada en México, y no se tiene
noticia de que el gobierno de Washington realice un esfuerzo policial
significativo contra la introducción de drogas ilícitas por la frontera común
ni que se empeñe en desmantelar las redes de distribución de enervantes en su
propio territorio. Por lo demás, el propio presidente Obama anunció en abril
pasado un giro radical en la estrategia estadunidense antidrogas,
consistente en priorizar la prevención y el tratamiento de adictos sobre la
persecución penal de los estupefacientes.
En tales circunstancias, resulta grotesco que
políticos y medios de la nación vecina se desvelen ante la posibilidad de que
en México se lleve a cabo un viraje similar o que, al menos llegue al poder un
gobernante con la sensatez requerida para dar prioridad a desactivar el baño de
sangre en que se debate el país y que es, en buena medida, resultado de la
aplicación acrítica y obsecuente de estrategias estadunidenses que hasta en la
Casa Blanca son vistas como caducas.
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