Distender el proceso electoral
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
En días recientes han tenido lugar diversas
agresiones y hostigamientos con el telón de fondo de la contienda electoral en
curso. Salvo dos casos gravísimos –el homicidio del perredista guerrerense
Margarito Genchi, candidato al Congreso de su entidad, y el del simpatizante
panista Edgardo Hernández Corzo, presuntamente asesinado por quien era hasta el
momento el postulado priísta a la alcaldía de Villaflores, Chiapas–, se ha
tratado de episodios menores de violencia en los que bases priístas han
golpeado a detractores y manifestantes –como ha ocurrido en Saltillo, Coahuila;
Córdoba, Veracruz, o el Estadio Azteca, en la capital del país–, con saldos de
unos cuantos heridos leves, o de manotazos sobre los vehículos de la caravana
del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, como ocurrió en
Querétaro, la semana antepasada, y en Tepeaca, Puebla, ayer.
Sin embargo, el hecho mismo de que tales
agresiones sean toleradas o propiciadas alienta las pasiones políticas y los
enconos partidistas y retroalimentan, así, una espiral de violencia electoral
que, si bien incipiente, debe ser atajada de raíz por los propios actores del
proceso comicial: partidos y candidatos, no sólo porque la agresión física es
inviable y condenable por sí misma, sino también porque podría convertir el
proceso electoral, que debe ser una fuente de soluciones a los conflictos, en
un conflicto más.
La frontera que no debe cruzarse es por demás
clara: así como no hay margen ni razón para impedir la crítica a las figuras
políticas, ni posibilidad alguna de evitar el denuesto social y ciudadano
contra ellas, es claro que la animadversión y la hostilidad no deben sobrepasar
el ámbito verbal.
Por lo demás, debe tenerse presente que la
ofensa y la agresión son consecuencia, no causa, del enrarecimiento del
ambiente político, y que éste no ha sido generado en las bases sociales, sino
en las cúpulas de la clase política, ya sea por los agravios contra grupos
poblacionales por parte de actores de la escena política, o bien por efecto de
la guerra sucia propagandística en curso, en la cual se recurre a la
calumnia y la descalificación sin fundamento de adversarios electorales. Es
necesario que los aspirantes, sus organizaciones políticas y sus estrategas,
renuncien de inmediato a esas formas de propaganda que generan fracturas
sociales muy difíciles de restañar, como pudo apreciarse tras el proceso
electoral de 2006.
Por último, un factor que alimenta la
crispación es la persistente intromisión del titular del Ejecutivo federal en
el proceso. No le bastó al mandatario con polemizar, vía Twitter o con
declaraciones de miembros de su gabinete, con la propuesta de austeridad del
candidato Andrés Manuel López Obrador; por añadidura, Felipe Calderón salió
ayer a formular consideraciones sobre el proceso comicial en curso que resultan
necesariamente desafortunadas, no sólo por su contenido, claramente orientado a
beneficiar a la candidata oficialista, Josefina Vázquez Mota, sino porque
constituyen una intromisión indebida y ajena al espíritu republicano. Bien
haría el equipo de Los Pinos en recordar que, a raíz de la sistemática
injerencia de Vicente Fox en las campañas de 2006, su sucesor se ha visto
privado, a lo largo de toda su gestión, de una legitimidad sin la cual no es
posible gobernar en forma adecuada.
Finalmente, cabe exhortar a políticos,
partidos, funcionarios y ciudadanos, a disminuir la estridencia que ya
caracteriza al proceso electoral en curso, a practicar la contención y la
moderación, a buscar el diálogo y el contraste de propuestas, así como evitar
cualquier gesto de violencia física, que ya demasiada hay, por otras causas, en
el país.
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