Sociedad y poder
Histéricos radiodifusores
Raúl Trejo Delabre
Delirante y excesivo, el documento que la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión publicó el 7 de diciembre debe haber ocasionado sonrojos entre no pocos miembros de ese organismo empresarial. En un desplegado a plana entera en varios periódicos, la CIRT se opuso al proyecto de reformas a la Ley de Radio y Televisión que estaba a punto de ser ventilado en la Comisión que se ocupa de esos temas en la Cámara de Senadores. Pero lo hizo de una manera tan extraviada, que llamó la atención no solamente por lo que dijo allí, sino porque se trataba de una declaración oficial de los empresarios de la radio y la televisión.
Inquietos porque la propuesta que discutiría el Senado incluía mecanismos para reconocer legalmente a las radiodifusoras comunitarias, esos empresarios aseguraron que tales emisoras son parte del proyecto del presidente venezolano Hugo Chávez para influir en el Continente. Los autores del documento son demasiado ignorantes, o suponen que sus lectores lo son. En toda América Latina, desde los años 60 las radios comunitarias expresan las inquietudes comunicacionales de grupos sociales y o colonias, entre otros agrupamientos. En Brasil, Bolivia o Colombia, las radiodifusoras comunitarias se cuentan por miles y, sin competir frontalmente con las estaciones comerciales, constituyen una presencia singular y sólida.
En México las radios comunitarias proliferaron al comenzar el nuevo siglo, pero las más antiguas funcionan desde los años 60. Ya conformadas como movimiento con respaldo social en las localidades para las cuales difunden una comunicación distinta, las radiodifusoras comunitarias más significativas han peleado por su reconocimiento legal. Algunas surgieron sin que sus promotores advirtieran que, al utilizar frecuencias radioeléctricas, incurrían en asuntos regulados por la legislación federal. Varias más, han intentado su normalización jurídica enfrentando tortuosos requisitos burocráticos y el antagonismo de los más intolerantes empresarios de la radiodifusión.
Algunos de esos concesionarios consideran que el espectro radioeléctrico es propiedad suya y se desviven por excluir a cualquier otro actor que busque estar presente en el panorama de la televisión o la radio. La influencia que ejercen en la CIRT ha llevado a ese organismo a exigirle al gobierno que mantenga en la marginalidad a las radios comunitarias e inclusive, a promover sanciones penales para quienes manejan esas estaciones.
A pesar de esa ojeriza, las radios comunitarias han ganado su derecho a ser reconocidas como una opción legítima. Durante el gobierno anterior una docena de ellas logró su registro legal, no sin dificultades administrativas y políticas. Organizadas en la delegación mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, esas emisoras funcionan con notoria modestia, la mayor parte de ellas difunde con escasa potencia y no compiten con las radiodifusoras privadas porque sus propósitos y las audiencias que buscan son distintos. Actualmente se mantiene la exigencia de algunas comunitarias que, a pesar de las reticencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se empeñan en lograr el reconocimiento legal.
A esas estaciones, la CIRT en su desplegado las consideró arietes del “modelo de comunicación chavista en México”. En realidad, la participación social que hace posibles a las radios comunitarias resulta diametralmente contradictoria con el autoritarismo que pretende imponer Chávez sobre los medios en Venezuela.
Encarrerados en esa extraña espiral de intolerancia, los redactores del documento de la CIRT le atribuyeron la promoción de las radios comunitarias al senador Carlos Sotelo, del PRD. Con esas y otras extravagantes acusaciones, la CIRT quería entorpecer la discusión pública de las propuestas que promovían el propio Sotelo y el PRI. En esa iniciativa se establecía que, cuando se venciera el plazo para el que ha sido otorgada una concesión de televisión o radio, el gobierno podría refrendarla sin abrir una licitación como indica la ley. De esa manera los radiodifusores serían dueños perennes de las concesiones que les han sido asignadas de manera temporal.
La maniobra de la CIRT no funcionó. Las previsiones de la iniciativa PRI – PRD que favorecían a los empresarios de la radiodifusión, fueron consideradas inaceptables por ciudadanos y organizaciones que han exigido una reforma auténtica, completa, para los medios de comunicación. Tales temas, seguirán siendo discutidos. En este episodio, el desplante de intolerancia de la CIRT hizo evidente por qué hacen falta nuevos protagonistas en el panorama de la radiodifusión en México.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario