Subsidio al FMI, inmoral e injusto
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Con notorias irregularidades de procedimiento
y con los votos de las bancadas de PAN y PVEM, más los de parte de las
fracciones de PRI y PRD, se aprobó ayer en San Lázaro un dictamen de la
Comisión de Hacienda que establece el aumento de la cuota de México al Fondo
Monetario Internacional (FMI), la cual ascenderá a 14 mil millones de dólares.
En la circunstancia
presente, la decisión implica que se incrementará el flujo de dinero mexicano
destinado a aliviar la crisis económica y financiera que sacude a varias
naciones del sur de la Unión Europea (UE), todos los cuales poseen, aun en
medio de la crisis, índices de bienestar social y niveles de vida superiores a
los de nuestro país, y no tienen los gravísimos indicadores de pobreza extrema
que padece México.
La cuota nacional al FMI
no es la única vía –ni la principal– por la que se conforma un subsidio neto de
países pobres a naciones ricas y desarrolladas. Ha de recordarse que ya durante
la recesión de 2008-2009 se dio a conocer que consorcios trasnacionales,
particularmente los bancarios, compensaron las pérdidas sufridas por sus
matrices en sus países de origen mediante las cuantiosas utilidades generadas
por sus filiales en naciones como la nuestra.
En el curso de la actual
administración, México ha experimentado la pérdida de 42 por ciento del poder
adquisitivo de los salarios, el crecimiento de la pobreza hasta sumar 60
millones de personas y la situación de desempleo de 8.7 millones (de acuerdo
con el documento elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la
Universidad Nacional Autónoma de México, dado a conocer ayer en estas páginas).
Resulta exasperante que, en tales circunstancias, el país deba destinar una
parte sustancial de sus recursos no a aliviar o a remontar ese desastre
socioeconómico, sino a subsidiar a un organismo financiero internacional que es
en gran medida responsable de formular e imponer las recetas económicas que han
causado, en México y en otras naciones, escenarios sociales de pesadilla.
Desde hace tres décadas,
en efecto, el FMI, junto con el Banco Mundial han dictado la apertura comercial
indiscriminada e inequitativa, el achicamiento del Estado, la supresión de
programas de bienestar, el congelamiento salarial, la flexibilizaciónlaboral
–es decir, la reducción de derechos y de conquistas laborales–, la eliminación
de subsidios al campo y a la industria, así como la abolición de legislaciones
regulatorias que pudieran interferir en el saqueo de recursos naturales, en la
desbocada especulación financiera y en el allanamiento de los mercados
nacionales por parte de empresas trasnacionales.
Ciertamente, en el
contexto de la globalización económica no sería viable desvincularse de esos
organismos financieros, pero sí es necesario, por mero sentido de Estado,
acotar su actual injerencia en el diseño de la política económica y, desde
luego, restringir al mínimo posible las aportaciones monetarias: es llanamente
inaceptable que se argumente que no hay dinero para hacer frente a las urgentes
carencias propias y que se entregue una cuota de 14 mil millones de dólares a
una entidad que ha contribuido en forma sustancial a la devastación económica y
social de nuestro país.
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