Telecomunicaciones: ¿rescate o
claudicación?
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El titular de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, anunció ayer la decisión de la
dependencia de rescatar la banda de frecuencias radioeléctricas de
2.5 gigahercios (GHz) –reconocida en el ámbito internacional como propicia para
las aplicaciones móviles de banda ancha, lo que se conoce como Internet de
cuarta generación–, argumentando que se encuentra subutilizada por sus
concesionarios actuales, entre los que se encuentra el grupo MVS
Telecomunicaciones. La medida implica retirar los títulos de concesión en manos
de esa y otras compañías del ramo, algunos de los cuales vencían en 2018, y
someter dicha franja del espectro radioeléctrico a una nueva licitación.
Debe recordarse que MVS –concesionaria de 90
por ciento de las frecuentas de la referida banda, que originalmente se destinó
para ofrecer televisión restringida por señal de microondas– había manifestado
desde hace años la intención de renovar los títulos correspondientes, con la
finalidad de ofrecer, a través de ese espacio y en alianza con otras empresas
de telecomunicaciones (Clear Wire, Alestra e Intel) el servicio de banda ancha
móvil a bajo costo. No obstante, y pese a un pronunciamiento de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en agosto de 2007 en favor de la
prórroga de los títulos de concesión referidos, la SCT se negó a avalar la
petición y, según puede apreciarse a partir del anuncio de ayer, decidió
incluso ir más allá y privar a la compañía de los títulos aún vigentes.
Tan incuestionable como la rectoría del
Estado sobre el espectro de frecuencias radioeléctricas –un bien público y
extensión del territorio nacional– es el precepto de que el manejo de las
telecomunicaciones por las autoridades, para ser efectivo y favorable al bien
común, debe realizarse de manera imparcial y apelar a criterios técnicos más
que políticos.
Sin embargo, la decisión anunciada ayer por
Pérez Jácome reviste aspectos cuestionables, tanto en la manera en que ha sido
adoptada y presentada como en sus implicaciones. En primer lugar, llama la
atención el contraste tan marcado entre la determinación referida y el perfil
ideológico abiertamente proempresarial del grupo gobernante, que ha sido
tradicionalmente crítico de las expropiaciones realizadas por otros gobiernos y
que ahora, sin embargo, se involucra en una medida similar, por más que la
disfrace con eufemismos como rescate. Es igualmente inexplicable que la
recuperación de la banda 2.5 GHz se anuncie ahora, cuando quedan menos de
cuatro meses para que termine la presente administración federal, habida cuenta
de que las autoridades del sector poseían información sobre la evolución
tecnológica de dicha banda desde hace un lustro. Por lo que hace al choque de
criterios entre el referido pronunciamiento de la Cofetel en agosto de 2007 y
la determinación que ahora adopta la SCT, éste difícilmente puede explicarse
sin la abierta presión ejercida durante todo este tiempo por Televisa y sus
personeros, a fin de evitar la extensión de títulos de concesión solicitada por
MVS.
Más allá de los eventuales daños generados a
dicha entidad privada y de las implicaciones del anuncio de la SCT para la tan
cacareada certidumbre jurídica de los inversionistas, la decisión derivará en
una afectación social importante, en tanto que cancela el ingreso de nuevos
competidores al mercado –aún incipiente en nuestro país– de la Internet de
última generación, y refuerza, de esa manera, las posiciones de los
concesionarios actuales. Es significativo que el rescate de la banda
2.5 GHz se dé a unos meses de que las autoridades reguladoras de la competencia
económica avalaron la alianza corporativa entre Televisa y Iusacell, la cual,
entre otras cosas, permitirá al duopolio empresarial de Emilio Azcárraga y
Ricardo Salinas prestar el mismo servicio que se le negó a MVS y a sus empresas
asociadas y acceder, de esa manera, al llamado cuadruple play (Internet,
televisión, telefonía fija y telefonía móvil).
Más aun: no es descabellado suponer que el
eventual proceso de licitación de las frecuencias de la banda 2.5 GHz termine
por favorecer a aquellos actores con la capacidad económica y técnica para
operar ese tipo de servicios a gran escala; es decir, a quienes actualmente
detentan una posición de dominancia en las telecomunicaciones de nuestro país.
Es claro, por último, que semejante escenario
no sólo transitaría en sentido contrario de la apertura y el incremento de la
competencia de ese estratégico sector y, en consecuencia, del interés de los
usuarios: afectaría también, el desarrollo democrático de la nación, en la
medida en que incrementaría el vasto poder fáctico e indebido de los grandes
conglomerados de las telecomunicaciones, su capacidad de presión sobre
autoridades y representantes populares, y su tendencia a limitar la libre
expresión y el derecho a la información de la sociedad.
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