Guillermo Fabela Quiñones : Más pruebas de la voracidad

Más pruebas de la voracidad

2009-11-12

Guillermo Fabela Quiñones

Apuntes

A un mes del decreto fascista contra Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, el país comienza a mostrar indicios de resistir las embestidas de una oligarquía que pretende usufructuar en su exclusivo beneficio todo lo que es rentable, pero que sigue siendo propiedad de la nación. La gran movilización del día de ayer demuestra que la sociedad capitalina es receptiva a la justa lucha de los trabajadores sindicalizados del SME,


pues colaboró al éxito de la misma con una actitud cívica solidaria, como se pudo observar durante todo el día. A muy pocos engaña Felipe Calderón con sus discursos demagógicos, pues los hechos lo desmienten de inmediato. No tiene otro proyecto que la liquidación definitiva del aparato económico estatal y de las instituciones democráticas que aún se mantienen en la nación.
Dígase si no es lo que busca con iniciativas como la presentada anteayer en la Cámara de Senadores, dirigida a crear la ley de asociaciones público-privadas, con la cual pretende abrir a la iniciativa privada servicios públicos “de la más amplia naturaleza”. Tal como puntualizó el senador Ricardo Monreal, “se trata de una ley en extremo peligrosa que lleva dedicatoria a los sectores eléctrico y petrolero, busca profundizar en su privatización y entregar todo el país al capital extranjero”. Así de claro el propósito que subyace en tal iniciativa, de ahí que de ser aprobada por el PAN y el PRI, con sus aliados de siempre, se estaría cerrando el círculo vicioso del neoliberalismo que comenzó hace casi tres décadas.
Tal despropósito demuestra, por otro lado, que Calderón está envalentonado por el firme apoyo que recibió de la oligarquía por el golpe dado al SME, y está dispuesto a seguir adelante sin parar mientes en los riesgos que conlleva su extremismo derechista. Esto revela una de dos cosas, que está muy mal informado de la realidad nacional, o que no le importan las consecuencias de sus actos irresponsables, decidido como está a cumplir sus promesas a los poderes fácticos. Por eso es oportuno insistir en el imperativo de que el PRI recapacitara y no siguiera apoyando las aventuras fascistas del “gobierno” blanquiazul, pues lo que está logrando es quedar como un cómplice que también cargará con las culpas que generan actos y hechos contrarios al país y al Estado de Derecho.
Vale tal señalamiento porque la ciudadanía se está dando cuenta, a pesar de la costosa propaganda televisiva orientada a ocultar y deformar la realidad nacional, de que los objetivos de Calderón nada tienen que ver con el bien del país, sino que obedecen única y exclusivamente a la voracidad y ambiciones de una oligarquía que no se conforma con la parte del pastel que le tocó desde que se fundó el Estado mexicano moderno, y ahora quiere aprovechar la oportunidad que le ofrece contar con un “gobierno” dócil a servir a sus intereses, ya que finalmente son una misma organización. De ahí la inconsistencia de los señalamientos de Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, cuando afirma que “no existe de parte del gobierno ninguna vocación ni necesidad para exacerbar los movimientos sociales, no veo porqué hacerlo ahora”.
Sin embargo, eso es precisamente lo que ha estado haciendo Calderón desde que llegó a Los Pinos, pues lo hizo no como jefe del Ejecutivo federal sino como simple empleado de una plutocracia que puede darse el lujo de tener a un “general manager” disfrazado de jefe de Estado. ¿Acaso no exacerbó al movimiento obrero nacional el “decretazo” del 11 de octubre? ¿No tendría ese mismo fin la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas, con la que se pretende legalizar de una vez por todas la presencia avasallante de empresarios privados en las empresas del Estado? ¿Qué otra cosa puede acontecer ante la negativa del “gobierno” de Calderón de dialogar con los trabajadores del SME?
La famosa frase de Gómez Mont, “liquídense primero, luego hablamos”, es demostrativa de la actitud fascista de un “gobierno” que quiere imponerse por la fuerza ante su incapacidad de dialogar por falta de argumentos. Con todo, lo anterior es nada ante la exacerbación que se habrá de producir cuando el ya próximo año 2010 comience a demostrar los verdaderos alcances de una política económica criminal, que lo es a partir del hecho incontrovertible de que sólo habrá de propiciar más pobreza, más desempleo, más inflación, más inseguridad pública y más descomposición social generalizada. Y todo por permitir que la oligarquía siga disfrutando de privilegios injustos, inconcebibles en otras naciones.
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