Atropello consumado
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/09/edito
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo
particular y en lo general el dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo
que había sido previamente devuelto a San Lázaro tras su modificación en el
Senado, y que tuvo origen en la iniciativa de carácter preferente presentada
por el Ejecutivo a principios de septiembre. Durante dicha votación el Partido
Acción Nacional mostró un viraje en sus posturas de apoyo –manifestadas en el
Senado– a los contenidos de la reforma relacionados con la democracia, la
transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos, y votó, junto con el
Revolucionario Institucional, modificaciones que dejaron fuera de la reforma el
voto libre, directo y secreto como mecanismo para la elección de las
dirigencias gremiales (artículo 371), así como la obligación de éstas de rendir
cuentas sobre el manejo de las cuotas y patrimonio de los trabajadores
(artículo 373).
Por lo que hace a las estipulaciones que concedían a los
asalariados el derecho de conocer el contenido de sus contratos colectivos
antes de firmarlos (artículos 388 bis y 390), propuestas por los partidos de
izquierda, fueron rechazadas por la mayoría legislativa integrada por el PRI,
el PAN y el PVEM y Nueva Alianza, y quedaron eliminadas de la minuta que
regresará al Senado para su ratificación final.
Con la luz verde legislativa de ayer se consumó, en suma,
un nuevo golpe a los derechos y conquistas de la sociedad en general, y de los
trabajadores en particular, así como al avance democrático del país. Por
añadidura se exhibió en toda su crudeza la fractura creciente entre la clase
política y los ciudadanos a los que dice representar: la mayoría legislativa
integrada por tricolores y blanquiazules en ambas cámaras
ratificó disposiciones gravemente lesivas para los asalariados y favorables a
los patrones: el pago por hora, la proliferación de los contratos a prueba, el
abaratamiento del despido, entre otros aspectos de la llamada flexibilidad
laboral; y rechazó, en cambio, los únicos puntos positivos de la reforma: los
que habrían otorgado a los trabajadores mejores condiciones para pugnar por la
democratización de sus organizaciones sindicales.
La decisión de dejar intactas la antidemocracia y la
opacidad que prevalecen en la mayoría de los gremios y de consumar al mismo
tiempo el atropello a los derechos laborales confirma la persistencia de una
coalición partidista de facto que ha gobernado al país, formada desde
1988 por PRI y PAN y a la que se han sumado posteriormente, como socios
menores, el Verde y Nueva Alianza. Aunque los socios de ese frente muestren
fisuras coyunturales por disputas de posiciones de poder, se encuentran de
acuerdo en lo fundamental: la continuidad del proyecto económico neoliberal
aplicado en el país desde hace más de cinco lustros.
Dicha coincidencia, que se ha expresado previamente en
episodios como la aprobación del fraude del Fobaproa/IPAB, la privatización de
los sistemas de pensiones, el traslado paulatino de la industrias eléctrica y
petrolera a manos de particulares y los recurrentes aluviones impositivos,
volvió a ponerse de manifiesto ayer, con la aprobación de una reforma que
beneficia a unos cuantos –empresarios y burocracias sindicales,
fundamentalmente– y perjudica a los sectores mayoritarios del país.
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