La ley antilavado, una vacilada, dice Buscaglia
Víctor Cardoso
Lucha contra el crimen organizado
Se escogió el camino más costoso, engorroso y complejo,
advierte
En la nueva Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se escogió el
camino más costoso, engorroso y complejo. Esta ley es incompleta, porque
incumple diversas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), y
llama la atención que se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo
de una expansión exponencial de los grupos criminales.
Lo anterior lo afirma el especialista Edgardo Buscaglia,
presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de
Columbia y profesor invitado de la UNAM.
Sintetiza: Es una simulación, una vacilada. Afirma
que el mecanismo de perseguir el lavado de dinero deja fuera de la penalización
a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito. Eso
sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil
detectar el producto, pero en la mayoría no es así; tendrían que aplicar
figuras más ágiles.
En entrevista, Buscaglia reconoce que la ley antilavado
cumple sólo en parte algunas de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero
propuestas por el Gafi, mecanismo internacional enfocado a combatir las
acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el
lavado de recursos ilícitos.
–¿Qué recomendaciones no se cumplen?
–El problema es que el lavado de dinero en México es de
tipo penal, que exige que alguien, a sabiendas, lave dinero. Esto hace que la
figura penal sea muy difícil de aplicar; es costosísima, porque el material
probatorio que exige al Estado tiene un costo muy elevado y en la mayoría de
los casos se cae.
“En algunos países de la Unión Europea, en Estados
Unidos, no se tipifica el requisito de ‘a sabiendas’. O sea, así como existe el
homicidio culposo o el doloso, hay un nivel culposo del comportamiento que se
clasifica. Las recomendaciones del Gafi sugieren la necesidad de establecer una
coordinación entre las autoridades –la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda–,
las tributarias o los auditores fiscales, así como las fiscalías estatales y
federales, cosa que en México no se le presta atención.
“Si yo pregunto si los auditores fiscales están
realizando auditorías en áreas empresariales de alto riesgo, como casinos,
deuda y obra pública, si se está haciendo ese tipo de auditorías, coordinadas
con Hacienda, se ríen en mi cara. No se hace absolutamente nada. Esa
coordinación interinstitucional no se está implementando y no se está exigiendo
a través de la ley de lavado de dinero.
O sea, es una ley que no está ni tácita ni implícitamente
exigiendo coordinación interinstitucional entre autoridades fiscales, penales y
la UIF, con unidades de investigación patrimonial en las 32 entidades
federativas.
Según el especialista, sin los mecanismos de coordinación estamos
haciendo una vacilada y haciéndonos que hacemos, pero realmente no hacemos
nada. Critica que a pesar de la experiencia internacional, donde se ha
observado que la investigación fiscal de los recursos sospechosos es lo más
ágil para combatir ese tipo de delitos, no se aplica en la nueva ley. Tampoco
la extinción de dominio, que se ubicaría en un segundo plano en términos de
dificultad para combatir el lavado de dinero.
La extinción de dominio en México tiene causales muy
limitadas y a nivel federal la ley exige la vinculación a la causa penal, con
lo cual se echa por tierra el propósito mismo de la ley de extinción. La ley
tiene que permitir al Estado extinguir el dominio patrimonial de un bien sin
necesidad de asociarlo a un delito; en eso consiste la ventaja comparativa,
precisa.
–¿Por qué no se incluyeron estas figuras?
–Porque hay un pacto de impunidad. Llegarle a todos estos
patrimonios es llegarle a las campañas de los políticos más importantes de
todos los partidos. Los financiamientos de campaña excesivos, que violan los
topes determinados por ley, vienen de empresas legales, no del Chapo Guzmán;
vienen de empresas a veces fachadas que le están dando cash a PRI,
PAN, PRD... a todos.
No hay nadie que se salve. Cuando se empieza a auditar a
esas empresas fachada, a través de mecanismos ágiles como el fiscal, le llegas
a las campañas políticas tarde o temprano. Entonces hay un gran temor de la
clase política, porque aún no han llegado a acuerdos puntuales, consensuados,
de cómo combatir la corrupción. Ese temor de los partidos políticos de uno
contra otro, hace que se paren estos mecanismos y no se quieran aplicar.
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