El tribunal de la ignominia
John M. Ackerman
El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para
garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para
asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como
respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de
Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente
directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época
de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados
electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a
la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la
espalda a la sociedad.
El desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión
de las fuerzas de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces
secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la
Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin mayor
conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006, cuando tanto el
IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades cometidas por Felipe
Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a la demanda ciudadana de
esclarecer los resultados por medio de un recuento total de la votación.
En 2012, este ciclo de oprobio se cierra y se corona. La
semana pasada, los magistrados del TEPJF no solamente avalaron una elección a
todas luces anticonstitucional e irregular, sino que lo hicieron poniéndose de
pie para aplaudir con abyección un ejercicio supuestamente ejemplar donde se
respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en
toda elección de carácter democrática. Todo pudor quedó en el pasado.
La irresponsabilidad de 2006 fue remplazada en 2012 por
un cinismo deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un
desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial sobre las
rodillas y recurrió a argumentos francamente risibles con respecto a la posible determinancia,
o relevancia, de las irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento
los magistrados también tomaron algunas medidas para por lo menos simular que
estaban haciendo su trabajo.
Por ejemplo, se atrevieron a tomar en serio la
posibilidad de anular la elección presidencial, aun cuando no existía
ordenamiento jurídico que expresamente considerara esta posibilidad. Asimismo,
aprovecharon el dictamen de validez de la elección presidencial para señalar
con todas sus letras que se habían cometido violaciones graves a la
Constitución. Aceptaron, entre otras irregularidades, que el excesivo
protagonismo del presidente Fox durante la campaña había puesto en riesgo
la validez de la elección presidencial. Los magistrados también reprocharon
fuertemente al Consejo Coordinador Empresarial haber violentado el marco
jurídico al adquirir propaganda en radio y televisión.
Hoy, sin embargo, la desvergüenza es total. Ahora que por
primera vez en la historia existe un recurso formal para impugnar la totalidad
de la elección presidencial ante el TEPJF, los magistrados fueron aún más
indolentes que en 2006. Desde lo que creen que es su olimpo en la
avenida Carlota Armero, y sin tomarse la molestia de levantarse de sus
escritorios, los magistrados rechazaron uno a uno todos los argumentos del
Movimiento Progresista y no se atrevieron a señalar a absolutamente nadie por
haber incurrido en alguna irregularidad. Tampoco utilizaron ninguna de sus
amplias facultades legales para allegarse de pruebas adicionales.
En contraste, avalaron sin cuestionamiento alguno los
puntos de vista del PRI y de Enrique Peña Nieto. No se probó la existencia
de un esquema ilegal de financiamiento paralelo destinado a la compra y
coacción del voto, ya que las operaciones mediante tarjetas de prepago tuvieron
como destinatarios a delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional,
y por finalidad, retribuirles por los servicios prestados al señalado instituto
político, señalan en el dictamen de validez aprobado el viernes.
Seis meses antes de que la Unidad de Fiscalización del
IFE emita su dictamen, los magistrados ya han llegado a conclusiones
anticipadas sobre el origen y destino de los gastos de campaña de Peña Nieto.
¿No teníamos que esperar hasta febrero de 2012 para tener información fidedigna
sobre la fiscalización de las campañas?
Con ésta y una infinidad de afirmaciones similares en la
sentencia y el dictamen aprobados la semana pasada, queda claro que el TEPJF no
se limitó a desechar las pruebas de López Obrador, sino se adjudicó la tarea de
defender al PRI. El doble estándar es evidente. Mientras una de las partes debe
presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las afirmaciones de la
otra parte son tomadas automáticamente como la verdad incuestionable.
El destacado jurista Netzaí Sandoval, en su libro más
reciente, ya había anticipado el escenario actual: El ganador será, muy
probablemente, el partido que con mayor cinismo elabore su estrategia para
defraudar la voluntad popular. Y el Tribunal Electoral le levantará el brazo.
Ricardo Monreal tiene razón: si seguimos por el mismo camino, tendría más sentido
que en 2018 la Lotería Nacional anuncie una subasta que el IFE y el TEPJF
organicen un proceso electoral para decidir quién sería el próximo presidente
de la República.
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Twitter: @JohnMAckerman
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