Michoacán, “casi el paraíso”
En pleno siglo XXI Michoacán me recuerda la clásica novela de Luis Spota Casi el paraíso, que da cuenta de la corrupción, los prejuicios y las percepciones de la clase política de México en los años 50 del siglo pasado. Veamos por qué afirmo lo anterior.
Primero. Con un apretado triunfo electoral, Fausto Vallejo llegó a la gubernatura de Michoacán urgido de recomponer la polarización que ha vivido el estado. Las diferencias de percepción y de criterio entre Leonel Godoy y Felipe Calderón dejaron un saldo negativo para los michoacanos en los más distintos rubros. Acaso el más importante fue el económico, donde la opinión pública acusó a Godoy de uso inadecuado del erario. Lo que habría que preguntarse es por qué no se iniciaron las demandas y denuncias para que, con pruebas en la mano, Godoy fuera desaforado como senador de la República y procesado con el fin de que él y muchos de sus funcionarios estuvieran tras las rejas.
En ese contexto, el nuevo gobernador, Fausto Vallejo, tuvo la idea de invitar a Luis Miranda como secretario de Finanzas y Administración del gobierno del Estado. La apuesta de Vallejo era que Luis Miranda, a quien suponía cercanísimo a Enrique Peña Nieto –personaje al que Vallejo ya advertía como favorito para ganar las elecciones presidenciales–, utilizara sus buenos oficios con el fin de mejorar el presupuesto federal para Michoacán aprovechando sus relaciones y experiencia.
Segundo. El problema fue que, al contratar a Luis Miranda Contreras, Vallejo cometió una equivocación, pues no se trataba del cercano colaborador de Peña Nieto, Luis Miranda Nava, alto funcionario con Montiel y después con Peña Nieto en el Estado de México. El hecho es que Luis Miranda Contreras, además de ser desconocido en el medio financiero del país, fue confundido con el político mexiquense. Lo peor del caso es que Miranda Contreras tiene un abultado expediente que lo pinta de cuerpo entero como todo un experto en el ejercicio de la corrupción.
De acuerdo con un manipulado currículum de Miranda Contreras, su carrera incluye la Dirección de Ingresos del Gobierno de Michoacán, donde “generó una mejor recepción y captación de recursos al abrir más cajas y ventanillas de cobro a los contribuyentes en bancos y tiendas departamentales”.(http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10699&Itemid=965). Asimismo, Miranda Contreras, quien se presentaba como “contador público” y no cuenta con cédula profesional de ningún tipo en la base de datos oficial de la Secretaría de Educación Pública (ver mi texto de Proceso 1868 titulado En Michoacán, gobierno de impostores), trabajó en la Dirección de Ingresos, pero como “administrador de Rentas de Ciudad Hidalgo”, Michoacán, del 2002 al 2006, según consta en el oficio 000/2007, firmado por el director administrativo de la Tesorería General del Estado, Francisco Javier Rodríguez Medina.
En ese modesto municipio de 55 mil habitantes, Miranda Contreras y su equipo fueron acusados de ejercicio indebido de funciones y concusión, según consta en el expediente CEDLDH/MICH/01/0096/20/04/06 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Además de la salida de Miranda Contreras y su equipo, las mejoras en las oficinas administradoras de rentas fueron precisamente derivadas de la recomendación 0114/2006 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para alertar a los ciudadanos y evitar que fueran engañados como lo habían sido en el periodo de Miranda Contreras. Al aceptar la recomendación de la CEDLDH, el director de Ingresos, Alberto Angulo Latapí, solicitó esas medidas de transparencia en el oficio 2030/2006, de fecha 14 de julio de 2006, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.
Tercero. Igualmente, como resultado de un desconocimiento de la ley, el gobernador Fausto Vallejo nombró procurador general de Justicia a Plácido Torres Medina, quien cuenta con cédula profesional local y recibió la ratificación del Congreso. No obstante, Vallejo olvidó que la reforma del artículo 77 de la Constitución michoacana, publicada en el Periódico Oficial el 23 de mayo de 2006, establece que: “(a los magistrados) el Congreso del Estado podrá privarlos de su encargo en cualquier tiempo (…) cuando acepten desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, Estados, Municipios o particulares, salvo las actividades no remuneradas de la academia, docencia, investigación o de beneficencia…”. Y es que el licenciado Torres Medina es magistrado con licencia y no renunció al cargo. Su nombramiento como procurador, en suma, es inconstitucional.
Por otro lado, el gobernador designó a Esther García Garibay directora general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), olvidando asimismo que este organismo no existe jurídicamente. Y es que el 8 de febrero de este año entró en vigor la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (publicada en el Periódico Oficial el 7 de febrero de 2012, Tomo CLIII, número 61, décima sección), la cual crea el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI). En el décimo artículo transitorio de dicha ley se abroga la Ley de Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán que había dado vida jurídica al Coecyt. De esta suerte, dicho nombramiento tiene nulidad absoluta.
Para rematar, la ley vigente pondera la membresía al Sistema Nacional de Investigadores (CNI) de Conacyt, y García Garibay no es integrante del mismo http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Documents/SNI-investigadores-vigentes-2012.pdf). Tampoco tiene obra alguna registrada en el Depósito Legal, lo que es obligatorio cuando dicha obra existe, de conformidad con el artículo tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1991, Tomo CDLIV, número 17, página 12.
Con esas fallas y los peores perfiles, ¿Vallejo sacará a Michoacán del subdesarrollo?
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