CFC: despropósito y provocación
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
www.jornada.unam.mx
Cientos de integrantes del movimiento
#YoSoy132 se manifestaron ayer afuera de la Comisión Federal de Competencia
(CFC) en contra de la fusión entre Televisa y Iusacell –propiedades de Emilio
Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, respectivamente–, la cual fue discutida
nuevamente por el pleno de ese organismo, y constituye una amenaza a la
política de competencia del Estado mexicano.
En tanto, luego de varias horas de
deliberaciones, los comisionados encargados de regular la competencia económica
en el país informaron que habían llegado a un acuerdo en torno al asunto, pero
que no lo darían a conocer hasta que la resolución del pleno se notifique
a los agentes económicos involucrados. Se repite, así, la actitud opaca e
injustificable que caracterizó a la CFC en enero pasado, cuando el pleno del
organismo decidió finalmente no aprobar la fusión entre ambas empresas de
telecomunicaciones pero abrió, con su decisión de postergar el anuncio por
varios días, un amplio margen para la suspicacia en torno a posibles presiones
y arreglos inconfesables entre las empresas involucradas en la operación y los
comisionados de la entidad reguladora.
Es importante insistir, como señaló el
movimiento #YoSoy132, que lo que está en juego con la fusión de Televisa y
Iusacell no es la posibilidad de generar mayor competencia en el ámbito de la
telefonía móvil, sino la perspectiva de una unificación encubierta entre dos de
las principales empresas de telecomunicaciones en el país: Televisa y Tv
Azteca.
Tales compañías, que formalmente compiten
entre sí, comparten, en los hechos, un control duopólico casi total sobre las
telecomunicaciones en sus distintas configuraciones tecnológicas y obstaculizan
sistemáticamente la entrada de nuevos competidores a ese sector. Por añadidura,
la apabullante concentración del mercado de las telecomunicaciones entre las
televisoras del Ajusco y de Chapultepec –que en conjunto detentan 94 por ciento
de las concesiones del ramo en el país y casi 60 por ciento de la inversión
publicitaria– no sólo constituye un obstáculo fundamental para el desarrollo
económico; obstruye, también, el desenvolvimiento democrático, en la medida en
que dificulta el acceso de la sociedad a los medios de comunicación; limita en
éstos la pluralidad de voces y de opiniones, y da al duopolio televisivo una
proyección política y una capacidad de chantaje y de presión a todas luces
anómalas. No es gratuito que los integrantes de #YoSoy132 hayan adoptado, como
una de sus principales banderas para lograr la plena democratización del país, la
denuncia y la oposición al poder fáctico e indebido que detentan las
televisoras.
Así pues, si el aval de la CFC a la unión
corporativa entre Televisa y Grupo Salinas habría constituido hace unos meses
un despropósito en materia de competencia económica, su aprobación en el
momento presente –escenario que ha sido anticipado por diversos especialistas
en el tema– equivaldría, además, a una abierta provocación en contra de los
sectores de la sociedad que se han movilizado para lograr una apertura y democratización
reales en los medios; generaría un factor adicional de desasosiego para la
población, y atizaría el sentir generalizado de que los gobiernos y autoridades
reguladoras están sometidos a los intereses comerciales de las compañías
televisoras –no a la voluntad general–, aunque ello implique actuar en
perjuicio de la nación y abonar al descrédito de sus instituciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario