Inconformidad juvenil y cerrazón
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Como parte de las secuelas de la
accidentada visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana (Uia)
el viernes de la semana pasada, decenas de jóvenes pertenecientes a diversas
instituciones de educación superior se manifestaron ayer a las afueras de las
instalaciones de Televisa en el sur y el poniente de esta capital; demandaron
equidad informativa y respeto a la libertad de expresión; rechazaron los
empeños por descalificar, desde los medios, esas y otras muestras de descontento
estudiantil, y convocaron a una nueva movilización de universitarios de todo el
país, tanto de instituciones públicas como privadas, para el próximo 23 de
mayo.
Un día antes, en la
Universidad Nacional Autónoma de México, más de 20 mil estudiantes participaron
en un simulacro de elección presidencial en el que quedó de manifiesto el
rechazo generalizado de esa comunidad a los partidos que han detentado el poder
formal en nuestro país y han dado continuidad al proyecto político económico
vigente. De su lado, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo han venido manteniendo, en semanas recientes, un conflicto con
autoridades de la institución y con el gobierno de la entidad, que tuvo sus
orígenes en el reclamo por mayores apoyos para los albergues estudiantiles y
que se saldó con escenarios de represión y criminalización de los inconformes.
En su conjunto, las
expresiones de inconformidad juvenil que convergen en el momento presente, pese
su diversidad en cuanto a formas e intensidades, tienen como elementos en común
el estar integradas por un sector particularmente informado y preparado de ese
grupo poblacional –aquel que tiene acceso a la educación superior– y el
responder en forma crítica hacia diversos elementos de la realidad social,
política y económica de la nación, como la persistente crisis económica que
vive la población, la corrupción de los gobiernos priístas y panistas, la
crisis de violencia e inseguridad en el contexto de la guerra contra el
narcotráfico, el saqueo regular de las arcas públicas y de los recursos
naturales, la impunidad por actos represivos cometidos por el poder público, el
agotamiento en la matrícula de las instituciones universitarias públicas, la
consecuente reducción de las perspectivas de futuro personal y colectivo y,
desde luego, la hegemonía informativa que practican los consorcios mediáticos
afines al régimen, generalmente en perjuicio del derecho de la sociedad a la
información.
A la luz de este
conjunto de elementos, la respuesta de los jóvenes universitarios y los
barruntos de articulación que comienzan a manifestarse entre tales expresiones
constituyen no sólo una reacción lógica a la coyuntura actual; son también,
como dijo el rector de la UNAM, José Narro, una perspectiva preferible a la desesperanza
generalizada a la que parece haber sido condenado ese sector de la población.
En contraste, la
cerrazón mostrada en días recientes por dirigentes partidistas, por gobiernos y
por empleados de los consorcios mediáticos hacia manifestaciones como las
referidas no sólo refleja la falta de comprensión por parte de elites políticas
y económicas respecto de la realidad social del país, sino que prefigura
amenazas de criminalización y violencia represiva que podrían enrarecer todavía
más el panorama electoral en curso.
Cabe insistir, en suma,
en que los políticos, los comunicadores y los empresarios de medios actúen con
la mesura, la inteligencia y la altura de miras necesarias para comprender que
esa proliferación organizativa y de inconformidades entre los jóvenes no puede
ser vista como una señal de alerta, de intolerancia ni mucho menos de
desestabilización, sino de fortaleza democrática.
Detenciones bajo sospecha
De acuerdo con el primer visitador general
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis García
López-Guerrero, las pesquisas para determinar si hubo o no violaciones al
debido proceso del general Tomás Ángeles Dauahare –bajo arraigo de 40 días a
solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR)– podrían tomar un
par de meses, como mínimo. El señalamiento resulta improcedente y preocupante
frente a la necesidad de esclarecer, cuanto antes, el cúmulo de denuncias por
presuntas irregularidades cometidas en contra del ex subsecretario de la
Defensa Nacional y del general brigadier Roberto Dawe González, también
arraigado desde el jueves: ayer, significativamente, el abogado del primero,
Alejandro Ortega Sánchez, denunció que la dependencia federal oculta a la CNDH
información sobre violaciones a las garantías individuales de los detenidos, y
recordó que “desde el martes que fueron asegurados se les ha
negado todo contacto con su defensa y se les impuso un defensor de oficio”.
Estos elementos
contribuyen a enrarecer todavía más el episodio de detenciones de militares
presuntamente ligados al narco, en el cual, además de Ángeles
Dauahare y de Dawe González está involucrado el general en retiro Ricardo
Escorcia, detenido el pasado jueves.
Ciertamente, y con
independencia de la culpabilidad o inocencia de los detenidos, el proceso
judicial luce viciado de origen por la opacidad y la discrecionalidad con que
se ha desempeñado la PGR. Hasta el momento, los elementos de información en
poder de la opinión pública sobre las razones que pudieron haber llevado a la
detención de los efectivos castrenses –declaraciones de testigos protegidos que
los vincularían con el narcotráfico– han provenido de la defensa de los
arraigados, no de la procuraduría. Por añadidura, si los elementos de sospecha
en contra de Ángeles Dauahare se derivan de una averiguación previa que data de
2010, como ha señalado su abogado, es cuando menos sospechoso que las
detenciones se hayan efectuado hasta ahora.
El que un gobierno
decida actuar en contra de militares presuntamente coludidos con el
narcotráfico sería de suyo una buena noticia, siempre que las pesquisas
correspondientes se realicen con apego a derecho y transparencia. En el México
contemporáneo, sin embargo, ante el historial de casos de uso faccioso del
Ministerio Público contra opositores, en la coyuntura político electoral en
curso y frente al conjunto de irregularidades denunciadas, es imposible no
contemplar, cuando menos, la posibilidad de que el episodio obedezca a
consideraciones de índole política, no legal, y si eso se confirma el país
podría asistir a la demolición definitiva de la credibilidad de su aparato de
procuración de justicia
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