Argentina: linchamiento político y mediático
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Ayer, un día después de que anunció la
expropiación de la petrolera argentina YPF –filial de la trasnacional de origen
español Repsol–, el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner fue
objeto de una campaña de linchamiento político y mediático que incluyó
presiones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, condenas de
gobiernos nacionales como los de Estados Unidos, Guatemala y México, e incluso
críticas tan erráticas como improcedentes de los aspirantes presidenciales
Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.
En España, mientras las
autoridades nacionales afirmaban que tomarán medidas claras y contundentes
contra Argentina, los principales medios de comunicación de ese país emprendían
una virulenta campaña de descalificaciones –expolio,populismo intimidatorio, acción
hostil, arbitrariedad, entre otras– en contra de la decisión soberana
adoptada la víspera por la Casa Rosada. En tanto, el presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, dijo, durante su intervención en la Región
Latinoamérica del Foro Económico Mundial –que tiene lugar en Puerto Vallarta,
Jalisco–, que trabajará para revertir la nacionalización de YPF y que golpear
a una empresa sin justificación rompe el buen entendimiento que ha precedido a
la relaciónentre su país y la nación sudamericana.
En conjunto, las
críticas formuladas desde el país ibérico desacreditan los dichos del propio
Rajoy de que su gobierno defiende un modelo de relaciones internacionales
basadas en el respeto mutuo de las naciones, así como en el bienestar de la
gente y las personas. Por el contrario, su actitud confirma que tanto La
Moncloa como el poder mediático-empresarial de España actúan en el presente
episodio como defensores y agentes de relaciones públicas de una compañía
trasnacional. Tal circunstancia es particularmente lamentable en el contexto de
una sociedad española postrada por la debacle económica, afectada por la falta
de empleo y de recursos fiscales para cubrir necesidades apremiantes en los
rubros de salud y educación, y sometida a la aplicación de las desastrosas
políticas de ajuste neoliberal: la circunstancia ameritaría mayor atención y
sensibilidad social de un gobierno que, en cambio, se concentra en un
intervencionismo belicoso contra la autoridad soberana de otro país.
Por lo que hace al
nuestro, los señalamientos del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón,
de que la medida anunciada por el gobierno de Buenos Aires el pasado lunes afecta
al patrimonio de los mexicanos, en alusión al porcentaje accionario de Repsol
en poder de Petróleos Mexicanos (9.8 por ciento), son doblemente
desafortunados: por un lado, porque omite señalar que esa afectación fue
promovida y agudizada por la propia administración de la paraestatal, en su
desatinado empeño por incrementar su participación accionaria en Repsol, y
porque, en todo caso, las fallidas aventuras empresariales de Juan José Suárez
Coppel no autorizan al gobierno mexicano a entrometerse en un asunto que
concierne única y exclusivamente a los argentinos. Si por principio resulta
sumamente grave que nuestro país practique una política injerencista en la
nación sudamericana o en cualquier otra, es aún más impresentable que tal
actitud esté subordinada a los designios de una nación extranjera y, en última
instancia, de una trasnacional.
En suma, la reacción
desproporcionada y hostil de una parte de la comunidad internacional –empezando
por los gobiernos de España y México– frente a la resolución adoptada por
Argentina en defensa de sus recursos naturales y su soberania energética
ilustra claramente el poderío que los grandes consorcios privados del orbe han
llegado a tener sobre las autoridades políticas en el mundo contemporáneo; un
poder que, en este caso, se traduce en una suerte de expropiación de los
gobiernos nacionales por intereses corporativos depredadores.
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