Indignación magisterial : Julio Pimentel Ramírez

Indignación magisterial
Julio Pimentel Ramírez

Calles de la Ciudad de México y de otras urbes del país fueron escenario en días pasados de una intensa movilización de indignados maestros, respaldados por sindicalistas y organizaciones sociales, quienes repudian y exigen la expulsión de Elba Esther Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al tiempo que rechazan la política educativa de Felipe Calderón y reiteran la defensa de la educación pública, gratuita y laica.
El eje de las demandas gremiales gira en torno al rechazo de la llamada Alianza por la Calidad Educativa (acuerdo cupular lanzado el 15 de mayo de 2008) y su engendro la Evaluación Universal, así como la petición de que se abran más plazas educativas. Esto conjugado con una exigencia central: la democratización sindical, lo que pasa por la expulsión de la “maestra” Elba Esther previa rendición de cuentas de los cuantiosos recursos, alrededor de 130 mil millones de pesos según diversas fuentes, que ha manejado discrecionalmente durante las más de dos décadas de ejercer el caciquismo magisterial. Sin contar las posiciones de poder obtenidas en retribución a los servicios prestados al ilegítimo de Los Pinos.

Por el número de agremiados, el SNTE es el más grande sindicato de América Latina. Con nula democracia interna y alta discrecionalidad del manejo de las cuotas de los agremiados, la organización se volvió un apetitoso manjar para sus dirigentes; en 1974 surge un poderoso líder, Carlos Jonguitud Barrios, que a punta de metralleta toma la dirigencia de ese sindicato teniendo como alguien de todas sus confianzas, a la profesora Elba Esther Gordillo, que actualmente ostenta el liderazgo del gremio, gracias a la complacencia del presidente Carlos Salinas que la impuso y a la complicidad, con altibajos de bajo tono, de las administraciones federales siguientes.
Actualmente, según la Secretaría de Educación Pública (SEP) existen en México un millón 207 mil 834 maestros. Que equivale a 2 millones 079 mil 096 plazas. De ahí que sea comprensible que la cúpula sindical maneje una importante masa de recursos solamente por concepto de cuotas sindicales. Informe oficial sitúa esa cifra en más de mil millones de pesos en los últimos diez años, aunque ciertas fuentes dicen que la cantidad es mucho mayor, dinero del que los trabajadores ignoran su destino.
Pero esto es solamente la “punta del iceberg” de la corrupción y la opacidad. Dentro de las condiciones laborales del SNTE con la SEP, existe la figura del Comisionado Sindical (más de 12 mil en la actualidad), profesores que dejan de dar clases y son habilitados únicamente a labores sindicales y sólo le reportan a la dirigencia gremial, sin ninguna supervisión por parte de la Secretaría.
Un ejemplo, para las elecciones para gobernador del 2010 de Puebla, con el PAN y PRD, siendo el candidato un ex priista y miembro del SNTE: Rafael Moreno Valle. El SNTE colaboró con 537 profesores comisionados, los cuales cobraron en un año, 116 millones de pesos.
Elba Esther Gordillo Morales, en los 23 años que lleva al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha jugado un papel determinante en el ejercicio de cantidades millonarias, no sólo de recursos provenientes de las cuotas del personal del magisterio, sino también de cuantiosos recursos extraordinarios del erario, sin que exista a la fecha algún informe o se rindan cuentas respecto a los alrededor de 130 mil millones de pesos que han pasado por el sindicato en este tiempo. Cifra proyectada de acuerdo a la investigación “Esquemas financieros del SNTE, rubros y montos” que integró la Asociación Ciudadana del Magisterio hace cuatro años.
Muchos de esos recursos se destinan formalmente para el fondo de vivienda, quebrantado y posteriormente salvado vía bursatilización; para el fondo Nuevas Tecnologías, diversos bienes recibidos en comodato, millonarios recursos obtenidos en las negociaciones de cada 15 de mayo. Todo ello bajo la opacidad que pretende ocultar la corrupción.
La profesora Gordillo, además de la presidencia del SNTE, controla organismos tales como IEESA (Instituto de Estudios Educativos y Sociales de América), Fundación para la Cultura del Maestro, Fedessp (Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos), que son financiados con los recursos del SNTE. Asimismo, tiene una gran estructura de personal pagado con esos mismos recursos.
Aunado a esto, la indignación de los maestros democráticos proviene de su convicción de que la obligación de someterse a evaluaciones de certificación implica la renuncia a derechos laborales adquiridos en materia de estabilidad, permanencia, preferencia y escalafón. Sostienen que es el camino para justificar su despido.
El Acuerdo para la Evaluación Universal fue signado el 31 de mayo de 2011 entre Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio. Retoma una serie de recomendaciones que la OCDE hizo a México en materia educativa. En una de ellas se sugiere que los profesores de enseñanza básica que tengan bajo desempeño de manera permanente sean excluidos del sistema educativo.
Los maestros democráticos afirman que no se oponen a la evaluación, pero que ésta debe ser formativa, integral y no punitiva. Objetan la medición del trabajo docente por medio de una prueba estandarizada que ignora las distintas realidades socioeconómicas del país y la experiencia de los maestros. Señalan, además, que la evaluación tiene que hacerse extensiva a Alonso Lujambio, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón.