Corrupción y barbarie institucionalizadas : Julio Pimentel Ramírez

Corrupción y barbarie institucionalizadas
Por Julio Pimentel Ramírez

Felipe Calderón sigue con intensa presencia en medios de comunicación, como parte de la intercampaña de su partido, representando como mal actor el papel de un político con sensibilidad humana, falseando la realidad y tratando de convencer vanamente que su gobierno entrega buenas cuentas a los mexicanos y que su estrategia de “guerra” contra algunos carteles del narcotráfico ha reducido el nivel de violencia.
De inmediato la terca realidad desmiente al ilegitimo: el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2010, desnuda la opacidad, ineficacia y descomunal corrupción que caracteriza a la administración calderonista, que solamente ese año manejó discrecionalmente, es decir que desvió cuantiosas sumas de dinero a fideicomisos que no son auditados, una bolsa de 300 mil millones de pesos de recursos públicos.
En algunos países del mundo capitalista con regímenes más o menos democráticos, un reporte similar al de la ASF que muestra como en prácticamente todas las esferas de la administración pública (destacan los casos de la “estela de luz”, las pérdidas en las licitaciones de fibra óptica de la CFE, el manejo de la enorme cantidad de divisas provenientes del petróleo, los fondos entregados al SNTE de la maestra Gordillo, entre otros) imperó el desorden que encubre al robo de recursos públicos, ya habría provocado la renuncia en masa del gobierno federal, empezando por el propio Calderón.
En este orden de acontecimientos, probablemente no pasen grandes cosas y todo quedará en barullo público, en las páginas y espacios de algunos medios de comunicación -la mayoría minimiza o encubre estos graves hechos- y la oposición político-electoral hablará del tema pero no atreverá ni tendrá la capacidad para ir más allá y convertir las palabras en hechos de justicia. Ojalá nos equivoquemos, pero consideramos que esto será posible cuando se inicie una verdadera transformación democrática, con la participación consciente y organizada de la mayoría de los mexicanos.

En otra vertiente de la realidad, somos testigos de la barbarie institucionalizada que el fin de semana emerge de forma descarnada y brutal: la masacre de 44 presos, integrantes del cartel del Golfo, para cubrir la fuga de 30 reos, miembros de los Zetas, de un “Centro de Rehabilitación” estatal de Nuevo León; acción posible solamente con la complicidad de funcionarios del penal. No es un hecho aislado, forma parte del continuo y perverso proceso de deshumanización de los centros penitenciarios.
Los penales son los sitios en los que el Estado confina a quienes infringen la ley -aunque con recurrente frecuencia también aloje ahí a quienes considera peligrosos activistas sociales y enemigos políticos, aunque no les reconoce esa calidad sino que los califica de simples “transgresores del orden”- y es de esperarse que en esos sitios en los que los internos se encuentran en condiciones de sometimiento, el control de las autoridades sea sino absoluto al menos lo suficiente para asegurar que los presos cumplan sus condenas en condiciones de respeto a sus derechos humanos.
En las últimas décadas el capitalismo globalizado y depredador, en su fase neoliberal, ha tenido efectos nocivos entre la mayoría de la población con el crecimiento desmesurado del desempleo y la pobreza, caldo de cultivo para el surgimiento de delitos de supervivencia.
Esta situación confluye con el fenómeno del narcotráfico -negocio transnacional que mueve miles de millones de dólares anuales, que de diversas maneras y con la participación de empresarios y políticos, son incorporados al circuito de los negocios legales, muchos de ellos de dudosa moralidad- y otras actividades delincuenciales, que al ser enfrentados con una estrategia esencialmente punitiva deriva en muerte y desolación, sin que disminuya su intensidad y salvajismo.
En América Latina y en otras latitudes las cárceles se encuentran superpobladas, en ellas conviven en hacinamiento presos sin enjuiciar por delitos menores, incluidos inocentes, con reos de alta peligrosidad vinculados con poderosos grupos criminales con capacidad para cooptar autoridades de todos los niveles. En este tipo de centros de reclusión es recurrente que se presenten tragedias como la de Honduras, en la que murieron en un incendio 357 prisioneros y una mujer que se encontraba en visita conyugal; en los de México, cientos de muertos en ajustes de cuentas y fugas masivas como la de Apodaca, aunque ésta sangrienta.
Siempre subyace, en este fracasado esquema, la violación a los derechos humanos, la complicidad, la corrupción, la impunidad. En todo caso no olvidemos que de una cárcel de alta seguridad, sin hacinamiento y con altas medidas de control, se escapó por la puerta grande, hace poco más de una década, el Chapo Guzmán, hasta ahora el capo favorito del sexenio y del que pueden prescindir cuando lo consideren conveniente.